PNV y Bildu solicitan en el Congreso que el Gobierno proceda a la desclasificación completa de los documentos vinculados a la detención y fallecimiento de Mikel Zabalza en 1985.
Mikel Zabalza fue arrestado tras un atentado perpetrado por ETA, incomunicado en el cuartel de Intxaurrondo, y su cuerpo apareció esposado en el río Bidasoa veinte días después.
El expediente fue cerrado en 1988 por la falta de pruebas suficientes y, a pesar de haberse reabierto en 1995 tras nuevas revelaciones, aún no se han identificado responsables penales.
El ministro Félix Bolaños ha expresado su disposición a liberar documentos siempre que lo solicite un juez y en el contexto de la futura Ley de Información Clasificada, que todavía está pendiente en el Congreso.
Cuatro décadas después de la detención y muerte de Mikel Zabalza, ocurridas tras una operación de la Guardia Civil en 1985, PNV y Bildu exigieron este miércoles en el Congreso que el Ejecutivo levante el secreto sobre toda la documentación relacionada con el caso.
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, preguntó a Pedro Sánchez en qué momento planea permitir el acceso a dichos informes. Por su parte, los grupos de Arnaldo Otegi, a través de Jon Iñarritu, reclamaron a Félix Bolaños que especifique las medidas que adoptará el Gobierno para esclarecer los hechos.
Mikel Zabalza fue detenido la noche del 26 de noviembre de 1985 en San Sebastián, durante una operación de los servicios de información de la Guardia Civil tras un atentado reciente de ETA.
Las autoridades indicaron entonces que podría proporcionar información sobre las actividades de la banda terrorista, aunque ni ETA ni el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, llegaron a reconocer que formara parte del grupo.
El joven navarro, de 32 años, fue llevado al cuartel de Intxaurrondo, sede de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, donde quedó incomunicado.
Afiliado al sindicato nacionalista ELA, trabajaba como conductor de autobús. Además, en la redada fueron arrestados su pareja, Idoia Aierbe, su primo Manuel Vizcay y el estudiante Ion Arretxe.
Simultáneamente, también detuvieron a dos de sus hermanos, Patxi y Aitor, quienes fueron liberados a las pocas horas. El resto de los arrestados denunció haber sufrido torturas durante los días de incomunicación en el cuartel de Intxaurrondo, aunque esas denuncias jamás avanzaron.
«Objetos perdidos»
Con el transcurso de los días, la familia se percató de que sólo Mikel permanecía desaparecido. Su madre acudió al cuartel para preguntar por él, y el guardia en la entrada le respondió simplemente que «preguntase en objetos perdidos».
Según la versión oficial, la misma noche de su captura, Zabalza fue trasladado a Endarlaza, a orillas del Bidasoa, para buscar un supuesto zulo de ETA que nunca apareció.
Según los informes policiales, se habría escapado saltando al río mientras estaba bajo custodia.
El 15 de diciembre, veinte días tras la detención, su cuerpo fue encontrado en el Bidasoa, esposado, en el tramo donde se mencionaba que había desaparecido.
Era la misma área que la Cruz Roja y voluntarios habían peinado casi a diario, hasta que suspendieron la búsqueda la víspera.
La familia señala que el cadáver estaba «intacto» y que los forenses se sorprendieron por la ausencia de erosiones o marcas de mordeduras de peces, pese a las tres semanas que Interior afirmó que había permanecido en el río.
Con el tiempo, se consolidó una versión alternativa: la de la muerte a consecuencia de torturas sufridas en Intxaurrondo.
Testigos como su primo Manuel Vizcay relataron los «sonidos guturales» que oían desde otra habitación, y Ion Arretxe describió la aplicación del «método de la bañera» en un río.
El diario El Mundo reportó que Zabalza habría muerto justamente por dicho método, que consiste en sumergir repetidamente al detenido hasta casi sofocarlo.
Una conversación filtrada entre el coronel del CESID —el antiguo CNI— Juan Alberto Perote y el capitán Pedro Gómez Nieto también señaló la asfixia como causa del fallecimiento.
En la primera fase de la investigación, fueron procesados los tenientes Gonzalo Pérez García y Arturo Espejo, además del guardia Fernando Castañeda, quienes tenían la responsabilidad de su custodia.
La Audiencia de Guipúzcoa archivó el caso en 1988 debido a la carencia de pruebas concluyentes.
En 1995, el periodista José Macca publicó la confesión del exguardia civil Vicente Soria, quien aseguraba haber visto el cuerpo de Zabalza en un ascensor de Intxaurrondo.
Ese mismo año se reabrió el expediente, ya con la transcripción de la conversación entre Perote y Gómez Nieto aportada por periodistas de El Mundo.
No obstante, el tribunal rechazó esta prueba alegando que «no presentaba una mínima calidad convictiva».
Gómez Nieto negó la existencia de la conversación y el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, afirmó por escrito que no había documentación en el CESID que contribuyese a esclarecer los hechos.
Décadas más tarde, los gobiernos vasco y navarro reconocieron a Mikel Zabalza como víctima de abusos policiales.
Sin embargo, el caso continúa sin responsables penales identificados.
En el ámbito político, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha rechazado en varias ocasiones la desclasificación de la documentación.
En marzo de 2024, en el Congreso, argumentó que podría afectar a la seguridad nacional.
«Aplicamos criterios generales en toda Europa, facilitando el trabajo cuando un juzgado lo solicita y garantizando que no afecte a la seguridad nacional según el órgano competente», declaró el ministro.
En una línea similar se expresó Pedro Sánchez.
El presidente ha manifestado que colaborará «sin duda» si un juez lo requiere, pero evitó comprometerse a levantar el secreto de manera voluntaria.
Nueva ley
Asimismo, remitió a la futura Ley de Información Clasificada como vía principal para la reforma.
Esta nueva ley, destinada a sustituir la normativa franquista sobre secretos oficiales, aún permanece pendiente en el Congreso.
El Gobierno presentó el borrador en agosto pasado, y todavía no se ha celebrado el debate de totalidad en el que la Cámara decide si se admite a trámite.
Por ahora, Junts ya ha presentado una enmienda para que el proyecto sea devuelto al Ejecutivo, y si suma sus votos a los de PP y Vox, el trámite legislativo quedaría paralizado.