El abogado Carlos Perales ha decidido cesar en su representación de Manos Limpias en el caso contra Begoña Gómez, al considerar que el proceso está siendo aprovechado con fines políticos.
Perales sostiene que la manipulación del procedimiento judicial con objetivos políticos resulta incompatible con la función técnica de la abogacía.
Manos Limpias aparece como una de las cinco acusaciones populares en el proceso, posición fundamental dado que la Fiscalía no detecta delito en los hechos investigados.
El abogado denuncia que las decisiones estratégicas del caso responden a motivaciones políticas y mediáticas, lo que pone en riesgo su autonomía profesional.
Carlos Perales informó este lunes al juez Juan Carlos Peinado sobre su renuncia a mantener la representación de Manos Limpias como acusación popular en las diligencias abiertas contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en negocios y otros.
El letrado adjuntó a su aviso un burofax enviado a Manos Limpias el 25 de septiembre, en el que apunta que la «instrumentalización del procedimiento judicial para alcanzar fines políticos» es incompatible con la función técnica que debe ejercer la defensa legal.
«La abogacía no debe confundirse con activismo político», sostiene.
Manos Limpias forma parte del ‘caso Begoña Gómez’ junto a otras cuatro acusaciones populares: Hazte Oir, Vox, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España.
La intervención de las acciones populares en este procedimiento resulta clave, dado que la Fiscalía no aprecia delito en los hechos objeto de investigación por Peinado y ha presentado diversos recursos.
Perales señala en el burofax que «se ve en la obligación» de formalizar su renuncia a la dirección legal y representación procesal de Manos Limpias en el caso contra Gómez. Además de la acusada, están bajo investigación su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez; el empresario Juan Carlos Barrabés; y el exsecretario general de la Presidencia del Gobierno Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid.
El abogado ha comprobado que «existen circunstancias que impiden mantener una defensa técnica efectiva, acorde con estándares de calidad, independencia y rigor jurídico».
«Lo que en un principio fue un encargo jurídico de naturaleza estrictamente técnica», añade, «se ha ido transformando progresivamente en un asunto cuyo desarrollo y tratamiento van más allá del ámbito jurídico para instalarse en el terreno de la disputa política y mediática».
Perales indica que las decisiones estratégicas en este proceso penal «ya no se guían principalmente por la lógica procesal ni por la fortaleza de los argumentos legales», sino que «responden, en gran medida, a consideraciones de conveniencia política, impacto mediático o posicionamientos ideológicos«.
«Este cambio es legítimo desde la perspectiva de la propia asociación, que puede decidir enfocar sus acciones hacia un nivel reivindicativo o mediático», reconoce.
Sin embargo, «desde el punto de vista de este despacho, resulta incompatible con la práctica profesional del derecho, basada en la independencia, el rigor técnico y la estricta observancia de criterios jurídicos objetivos».
«El uso del procedimiento judicial como herramienta para lograr objetivos de índole política, ajenos a la resolución justa del conflicto planteado, coloca al abogado en una situación que pone en peligro esa independencia y, en definitiva, debilita la confianza en la función técnica que debe desempeñar».
«La abogacía no debe confundirse con activismo político ni con estrategias de comunicación pública», enfatiza. «El abogado debe actuar como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático».
Para Carlos Perales, «mantener la dirección letrada en un contexto donde los tiempos y mensajes se diseñan más en función del impacto público que de la eficacia procesal, significaría para este despacho violar el compromiso profesional asumido y difuminar la línea fundamental que separa la defensa técnica del Derecho de la manipulación política del proceso«.
En conclusión, afirma, «esta evolución representa una causa objetiva y suficiente para abandonar la dirección letrada, en defensa tanto de la independencia profesional como de la dignidad de la Abogacía«.