EL ESPAÑOL difundió en 2015 un documento que evidenciaba que Jordi Pujol falseó información respecto a la herencia recibida de su padre y la administración de fondos ocultos en Andorra.
La pieza manuscrita revelada por el periódico mostraba que Pujol tenía acceso y control sobre esos recursos, contradiciendo su relato oficial.
Marta Ferrusola, esposa de Pujol, retiraba dinero en efectivo de Andorra y participaba en una fundación panameña usada para transferir fondos.
La Fiscalía acusa a la familia Pujol de formar una organización criminal y de blanqueo, destacando que aprovecharon su posición política para esconder grandes sumas en Andorra.
Hace nueve años, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva el documento que prueba que Jordi Pujol mintió acerca de la herencia de su padre, concretamente en lo que respecta a que no podía disponer de ese dinero.
La difusión del documento supuso un punto de inflexión crucial en la investigación judicial sobre su patrimonio.
El diario accedió a un manuscrito donde Pujol se reconocía dueño de los fondos ocultos en Andorra, incluyendo el número de cuenta escrito de su puño y letra.
En la nota, fechada en marzo de 2016, se presentó la evidencia fundamental que demostraba que Pujol tenía acceso y capacidad para manejar esos fondos.
Jordi Pujol adujo que la herencia de su padre, Florenci Pujol, justificaba el dinero escondido, pero el documento filtrado desmentía su afirmación de que esos recursos solo podían ser manejados por terceros.
En realidad, Marta Ferrusola, esposa de Pujol, retiraba efectivo periódicamente de Andorra durante la presidencia de Pujol en la Generalitat. El dinero permanecía en la entidad Andbank.
La esposa del ex presidente formaba parte de la fundación panameña Kopeland, que la familia usaba para transferir dinero de Andorra.
Durante la Audiencia Nacional, el gestor financiero de los Pujol confirmó que este es uno de los métodos más seguros que emplean los titulares de cuentas que desean mantener su anonimato.
Este lunes, la Audiencia Nacional comienza la vista oral contra Pujol, con la incógnita de si la Sala de lo Penal decidirá si se le juzga, dada su avanzada edad de 95 años y su grave deterioro de salud.
El escándalo estalló el 25 de julio de 2014, cuando Pujol emitió un comunicado admitiendo tener una fortuna oculta en paraísos fiscales.
«Mi padre Florenci Pujol i Brugat dejó como última voluntad específica un dinero ubicado en el extranjero, distinto al incluido en su testamento, proveniente de una actividad económica ya comentada y no regularizada al momento de su fallecimiento en septiembre de 1980. Estos recursos estaban destinados a mis siete hijos y a mi esposa, pues él consideraba equivocada y de incierto futuro mi elección por la política en lugar de continuar en el ámbito económico. Además, por haber vivido de cerca los años complicados de los 30 y 40, temía lo que podría ocurrir, especialmente a un político comprometido», sostiene el documento.
Pujol afirmaba que nunca hallaron el momento para regularizar esos fondos, aunque lo hicieron pocos días antes de emitir la declaración pública.
Tras esta confesión, el ex presidente fue imputado junto a su esposa por el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona. Tanto la Policía como la Fiscalía Anticorrupción consideraron ilícito el origen de los recursos.
«Gran volumen de dinero»
Actualmente, el Ministerio Fiscal acusa al ex político y a sus hijos de presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.
El primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, enfrenta la petición más estricta por parte de Anticorrupción: 29 años de prisión.
Según Anticorrupción, el expresidente de la Generalitat «aprovechó su posición política para crear una red de clientelismo» con la intención de repartirse «beneficios cuantiosos originados en concursos públicos cuya resolución estaba bajo el control de las distintas Administraciones catalanas gobernadas por Convergència, partido dirigido por Pujol».
El escrito de acusación de Anticorrupción, que supera las 200 páginas, indica que la familia Pujol, «actuando de forma conjunta», ocultó una «gran cantidad de dinero» en Andorra, al menos desde 1991.