El Gobierno de Pedro Sánchez adopta una táctica de victimismo frente a los recientes golpes judiciales, posicionándose como blanco de una persecución política por parte de la cúpula judicial, especialmente tras la condena al fiscal general del Estado.
La administración emplea la narrativa del ‘lawfare’ o guerra jurídica para movilizar a su base electoral y fortalecer a sus aliados parlamentarios, recurriendo a la idea de un ataque externo como mecanismo de defensa política.
Las pesquisas por corrupción que afectan a figuras próximas a Sánchez, como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, complican la táctica gubernamental, dado que los informes policiales resultan devastadores según el propio PSOE.
El Ejecutivo lamenta que el pacto judicial con el PP para renovar el CGPJ no haya alterado las mayorías en el Tribunal Supremo, dificultando su propósito de influir en resoluciones judiciales determinantes.
En junio pasado, el diario británico The Times calificó a Pedro Sánchez como “Mister Teflón”, en alusión al material que, por ejemplo, recubre las sartenes gracias a sus propiedades específicas, que le permiten evitar que los alimentos se peguen y soportar temperaturas elevadas.
El medio usó este apodo para destacar la capacidad de Sánchez para esquivar escándalos judiciales.
No es que al presidente del Gobierno le resbalen todas las críticas, sino que sabe ofrecer resistencia al impacto y, sobre todo, demostrar flexibilidad para responder con rapidez a situaciones adversas y hallar la manera de revertirlas.
Su fortaleza radica en soportar grandes presiones y circunstancias extremas. En rehacer constantemente su plan de acción y aguantar con la misma eficacia que el teflón. Lo que él mismo condensó en la frase “hacer de la necesidad virtud”, para justificar su cambio radical respecto a la ley de amnistía.
Reacciona y se adapta con gran rapidez para aprovechar la corriente que más le favorece, y así ha permanecido firme durante años. Semana tras semana, acumulando 2.732 días en la Moncloa.
Esta semana enfrentó tres graves derrotas judiciales, cada una capaz de derribar a cualquier otro líder. Sin embargo, “Míster Teflón” resistió.
Primero, el informe de la UCO aportó evidencias contra Santos Cerdán y lo señala como el nexo que conecta al Gobierno con constructoras en un presunto cobro de comisiones.
Ese mismo día, el fiscal anticorrupción solicitó 24 años de prisión para José Luis Ábalos, por supuestos delitos de organización criminal, soborno, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos.
Además, afirmó que todo comenzó durante un viaje por España en la campaña de las primarias del PSOE en 2017, en el que se reunieron Ábalos, Cerdán, Koldo García y, sobre todo, Sánchez, a bordo de un Peugeot.
Posteriormente, el jueves, el Tribunal Supremo anunció la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar datos procesales del entorno de Isabel Díaz Ayuso.
Este revés es especialmente duro para Sánchez, ya que fue él quien convenció a Álvaro García para rectificar y no dimitir tras ser procesado, respaldándolo públicamente y calificándolo de «inocente».
Tras conocer la sentencia, Sánchez habló con su círculo más cercano y comenzó a activar su táctica. No solo para resistir, sino también para aprovechar la situación adversa.
Las cualidades antiadherentes del teflón volvieron a manifestarse, con la filosofía del judoka que emplea la fuerza del oponente para su beneficio.
El objetivo es mantener la confrontación con la Justicia, fomentar la idea de una cacería política desde la cúpula judicial, y encarar el ciclo electoral como un Ecce Homo que exhibe sus heridas, la corona de espinas y las flagelaciones provocadas por la “derecha judicial”.
“Después de nueve años, los adversarios de Pedro Sánchez aún no lo conocen. Ignoran que no es sencillo derrotarlo y que nunca se retirará cuando se sienta atacado. Peleará hasta el final”, coinciden varios ministros cercanos al presidente.
La intención es movilizar a los votantes de izquierda, que pueden estar decepcionados por algunas decisiones del Gobierno o molestos por la corrupción, pero que han reaccionado contra el fallo del Tribunal Supremo.
“Los que intentaron acabar con él en aquel Comité Federal del PSOE del 1 de octubre de 2016 no lograron sosegar la indignación militante en ocho meses. Por eso triunfó en las primarias”, afirma uno de sus ministros al explicar lo que Sánchez intentará repetir en las próximas elecciones.
Víctima del ‘lawfare’
Ese es el mensaje del lawfare o guerra judicial, concepto que el PSOE casi no ha utilizado en años previos y que ahora figura, de manera más o menos explícita, en la estrategia socialista para los meses venideros.
Los votantes apoyan al perseguido, aunque ello desencadene una crisis institucional que impacta a la Fiscalía General del Estado, vista como un ministerio más bajo órdenes del presidente; al Tribunal Supremo, que para parte de la opinión pública actúa con prevaricación y da “golpes de Estado”, y al poder político que usa estas resoluciones contra el Estado.
En una entrevista en TVE, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, calificó este viernes como «injusta» la condena al fiscal general y sostuvo que el Supremo ha «sentenciado a un inocente sin pruebas».
Horas antes, en declaraciones a la Cadena Ser, López afirmó con contundencia: «El fiscal es inocente, a pesar de lo que diga el Supremo«.
De manera similar, la vicepresidenta Yolanda Díaz indicó desde Eslovenia que se trata de una sentencia «política» y una «anomalía», que condena «sin evidencias» a un «jurista brillante» como Álvaro García Ortiz.
El problema del teflón radica en que, sometido a temperaturas extremadamente elevadas, puede ser tóxico debido a su degradación y liberación de humos nocivos.
A inicios de los años 90, hubo una crisis similar cuando el Tribunal Supremo condenó por secuestro al exministro José Barrionuevo, y el PSOE se lanzó a deslegitimar esa decisión, incluso acompañando al condenado hasta la cárcel con Felipe González y la Ejecutiva del PSOE al completo.
En aquel momento no se hablaba de lawfare, pero en esencia fue una denuncia abierta y dura contra la cúpula judicial.
La principal diferencia que agrava la situación actual es que entonces el PSOE estaba en la oposición y ahora gobierna. Es decir, se trata de una tensión entre poder ejecutivo y poder judicial. Y viceversa.
Fuentes gubernamentales reconocen que existe este pulso entre poderes y sitúan el origen en la aprobación de la ley de amnistía.
«Los jueces, especialmente los del Tribunal Supremo, nunca aceptaron que pudiéramos anular la sentencia del procés, sobre la cual habían puesto gran esfuerzo para ejercer lo que consideraban una defensa legítima del Estado», explica un miembro del Ejecutivo.
Su argumento es que la amnistía desencadenó una reacción corporativa en la cúpula judicial y abrió las hostilidades.
El Gobierno entiende que está ganando la batalla legal, a la espera de una decisión final sobre Carles Puigdemont, pero reconoce que debe pagar costos altos, como la condena a Álvaro García.
Dentro del Gobierno empiezan a surgir críticas hacia aquel pacto judicial firmado por el ministro Félix Bolaños con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la intención de disminuir la mayoría conservadora en tribunales clave como la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El pacto del CGPJ
Un año y medio después de ese acuerdo, se lamentan de que los vocales progresistas en el CGPJ continúan en minoría y acorralados. Además, no han logrado introducir ningún magistrado en la Sala Segunda. Es decir, no han podido modificar las mayorías como hicieron previamente en el Tribunal Constitucional.
“Para ese viaje no hacían falta alforjas”, se queja un miembro del Gobierno.
El cambio en la hoja de ruta tras la sentencia afecta también a las previsiones de Moncloa sobre futuros procesos judiciales.
Especialmente, el juicio que tendrá lugar en febrero contra el hermano de Pedro Sánchez y el procedimiento abierto por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, pareja del presidente.
Prevén más condenas
El mensaje previsto antes de la condena del Fiscal General era mantener la inocencia de estos familiares de Sánchez y prever su absolución con la frase que repiten con frecuencia: “El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.
Ahora, el cambio es afirmar que la condena “injusta” a Álvaro García es en realidad una condena para Sánchez y el Gobierno progresista y, por lo tanto, es probable que en los otros dos casos también haya sentencias condenatorias, dentro de esta guerra judicial.
“Ponerse la venda antes que la herida” o “hacer de la necesidad virtud”, como herramientas argumentales y políticas frente a las adversidades.
Moncloa cree, además, que esa percepción de un “ataque externo” desde los jueces al Ejecutivo progresista sirve para unir a los socios de coalición y a los aliados parlamentarios, justo cuando algunos buscaban distanciarse para evitar verse salpicados por la corrupción.
Otra virtud del teflón es que crea los enlaces químicos más fuertes.
Para Sánchez ha sido muy útil que sus socios miren al hemiciclo contrario y consideren cuál sería la alternativa. Es su garantía de estabilidad y permanencia, porque ninguno quiere ser responsable del acceso al poder de la ultraderecha ni desea ahora “rendirse en esta guerra judicial”.
Las «heridas» de Podemos
De hecho, algunos como ERC, Junts y Podemos exhiben en estos días sus “heridas de guerra” producidas por este supuesto lawfare.
Dentro de esa estrategia, aparece un elemento incómodo y difícil de integrar: los procesos contra Cerdán, Ábalos y Koldo García.
Porque en el Gobierno reconocen abiertamente que con la información disponible es imposible construir una estrategia de denuncia por persecución judicial. Los informes de la UCO son contundentes y han destruido la esperanza de quienes, en el PSOE, confiaban en que todo quedaría en nada.
Algunos todavía lamentaban el primer informe de la UCO sobre Cerdán y estaban en la fase de negación, hasta que la Guardia Civil los llevó esta semana a la pantalla del pánico sobre lo que pueda revelarse.
Ya no descartan ningún escenario, pues han tenido que aceptar muchas cosas y a algunos todavía les duelen las palmas de tanto aplaudir a Cerdán hace menos de un año en el Congreso del PSOE de Sevilla.
“Existe una campaña de acoso y derribo alimentada por una industria del odio. Han creado barro, ruido y bilis sin parar con el fin de desestabilizar al Ejecutivo. Nunca antes, en democracia, se había producido un ataque así contra un presidente legítimo”, afirmó Cerdán aquel día ante el congreso socialista.
Los que le ovacionaron convencidos por la supuesta persecución, ahora prefieren borrarlo de su memoria.
Esta semana también comenzaron a vislumbrarse avances en otro caso que involucra al entorno del presidente: el relacionado con la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez.
Se ha revelado que en alguna reunión para aportar información al PSOE estuvo presente Antonio Hernando, entonces número dos del Gabinete de Sánchez en la Moncloa y una de las personas más cercanas a él.
Cuando The Times denominó “Míster Teflón” a Sánchez, también hacía referencia al famoso mafioso estadounidense John Gotti, apodado así por la prensa anglosajona en los años 90 por su habilidad para escapar siempre de los escándalos judiciales.