La directora de Comunicación del fiscal general reconoció durante el juicio que el comunicado fue inicialmente difundido por el diario ‘El País’
En el desarrollo del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tomó relevancia una nota de prensa generada por quien ahora ha sido condenado por revelación de secretos. A medida que avanzaba la vista, esta nota fue adquiriendo mayor protagonismo en los informes finales de las acusaciones. Durante la audiencia pública en el Tribunal Supremo se reveló que dicha nota, que contenía detalles sobre la negociación de la víctima, Alberto González Amador, con el fiscal de Delitos Económicos de Madrid, también sufrió filtraciones. Este hecho constituye una de las cuatro cuestiones principales que evaluaron los siete magistrados. Las otras tres giraron en torno al contundente testimonio del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, al perjuicio ocasionado al novio de Isabel García Ayuso y a la querella presentada contra la Fiscalía por el Colegio de la Abogacía de Madrid.
1. La nota de prensa también filtrada
La audiencia pública sacó a luz un hecho que había pasado desapercibido durante la instrucción y que fue incorporado por las acusaciones en sus calificaciones finales. La nota emitida por la Fiscalía General del Estado, que detallaba las conversaciones entre el fiscal de Delitos Económicos de Madrid y el abogado de González Amador, fue filtrada antes de ser entregada por la vía oficial —el gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid— a los medios a las 10:22 horas del 14 de marzo de 2024.
En su declaración, la directora de Comunicación de Álvaro García Ortiz, Mar Hedo, admitió esto al ser interrogada por el abogado que representaba a González Amador. El comunicado fue divulgado inicialmente por el diario El País, específicamente a las 07:14 horas del 14 de marzo. Esto implica que fue publicado varias horas antes de que se compartiera con otros medios de comunicación.
El juez instructor Ángel Hurtado consideró que la filtración del correo que contenía la confesión de González Amador —donde se reconocía que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”— y la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía General constituyeron una “unidad de acto”. Por tanto, determinó que García Ortiz debía ser procesado por ambos sucesos, pese a que las defensas, apoyándose en el auto de admisión de la exposición razonada contra el fiscal general, intentaron excluir el comunicado del núcleo decisivo de la sentencia.
2. El teniente coronel de la UCO
Los testimonios más comprometedores para García Ortiz provinieron de los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), responsables de los informes que le atribuyen la filtración. Estos no son sospechosos ni partes involucradas en el asunto, como lo son González Amador o la fiscal supuestamente hostil, Almudena Lastra. Son funcionarios públicos designados por el juez, sin interés directo previo a la investigación. En audiencia, se expuso la razón por la cual apuntaron a García Ortiz: como fiscal general del Estado, era quien tenía “el control” sobre toda la información que circulaba esa noche en relación con las negociaciones para un acuerdo.
“¿Quién posee esa información? La Fiscalía General. Toda la información filtrada textualmente estaba en manos de la Fiscalía General del Estado”, aseguró el teniente coronel Antonio Balas. Si alguien de su equipo realizó alguna acción, la responsabilidad recaía sobre él: “Lo que haga la Fiscalía General no lo realiza sin el conocimiento y el control del fiscal general”.
Los agentes responsabilizaron a García Ortiz tanto de la filtración del correo clave como de la redacción de la nota de prensa, motivo por el que se le imputa. “Es el fiscal general quien decide, mueve esa nota de prensa y quien siente la urgencia de publicarla”, explicó el oficial superior de la UCO. “Quienes conocen la fecha de emisión de la nota son la Fiscalía General del Estado y el periodista de la Ser, quien apuntó que saldría ‘en las próximas horas’. Queda claro que existe comunicación con quien controla la información”, añadió.
Los investigadores rechazaron las críticas de la defensa por no haber explorado a otras posibles fuentes de la filtración del correo. “Nosotros no realizamos investigaciones prospectivas”, respondió el teniente coronel. “Las pesquisas se centran en personas con indicios, sospechas sobre intención y oportunidad… Le he comentado que hubo un grupo de personas [investigadas, refiriéndose a otros tres fiscales imputados] y que se fue decantando un nombre […] Lo que propone sería una investigación prospectiva inviable. Yo investigo desde 1999…”.
3. El daño a González Amador
La víctima más directa de esta filtración —aunque la legislación también considera víctima al Administración de Justicia— ofreció en su testimonio del día 4 una declaración intensa que evidenció el perjuicio sufrido por la difusión del mensaje de su abogado a Fiscalía, en el que se admitían dos delitos fiscales. “Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Mi situación era insostenible. El señor García Ortiz, fiscal general del Estado, me había destruido públicamente, me había destrozado completamente”, declaró Alberto González Amador frente al tribunal compuesto por siete magistrados, dirigiéndose hacia el asiento del acusado.
El empresario acusado de fraude fiscal, quien hasta ese momento no se había pronunciado públicamente, lamentó haber perdido el anonimato que intentó preservar, incluso siendo pareja de la presidenta madrileña. “Esto es algo personal. Ella continuará en Madrid ganando elecciones. Sánchez mantiene su cargo, el fiscal general del Estado sigue en su puesto. Yo, en cambio, soy quien ha visto su vida destrozada. […] El punto de inflexión fue la nota de prensa emitida por el fiscal general. Es el origen, la raíz de mi indefensión, la ausencia de presunción de inocencia y de facto mi muerte jurídica, social y económica”. Finalizó su intervención expresando de forma sucinta su situación: “O abandono España o me quito la vida”.
4. La Abogacía estalla contra la Fiscalía
Desde una perspectiva institucional, y como muestra de la actuación sin precedentes de la Fiscalía, el testimonio del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, durante el juicio fue especialmente revelador. El ICAM fue la entidad que presentó inicialmente la querella contra algunos integrantes del Ministerio Fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido a estos hechos.
En su intervención, Ribón enfatizó que las conversaciones entre abogado y Fiscalía encaminadas a alcanzar un acuerdo de conformidad deben ser “absolutamente confidenciales”. “Sin confidencialidad no existe defensa libre (…) Sin abogados libres, no hay justicia”, añadió el decano del ICAM. “Jamás habíamos vivido una situación que fracturara de tal manera el derecho a la defensa”, aseveró también Eugenio Ribón.
Nuevamente, otorgó un papel central a la nota de prensa, que durante todo el juicio fue un elemento clave. “Uno de los aspectos esenciales” que motivó la oposición del Colegio de la Abogacía de Madrid “fue la transcripción literal del contenido de los correos y la indicación precisa de hora, minuto y demás detalles”, expresó. “No era necesario revelar el contenido literal de esos correos”, concluyó el decano.