Isabel Díaz Ayuso ha respondido ante la condena emitida por el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar datos fiscales de su pareja, resaltando la repercusión internacional que ha tenido el fallo.
Para Ayuso, la resolución judicial representa un triunfo para la democracia y reprocha el uso de recursos estatales para realizar política en detrimento de un particular.
Desde Más Madrid y otros grupos en la Asamblea, la sentencia ha recibido críticas por considerarla una amenaza a la presunción de inocencia y a los principios del Estado de derecho.
El exsecretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha pedido que se respete la sentencia y ha relatado su rol como testigo en este proceso judicial.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se manifestó este jueves respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que impone dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la revelación de datos fiscales de su pareja, Alberto González Amador.
A través de un comunicado en sus redes sociales, Ayuso lamentó el perjuicio que esta situación genera a la imagen pública de España ante medios internacionales y sugirió que la condena a García Ortiz involucra, de manera indirecta, a Pedro Sánchez.
Como enfatizó la líder madrileña, fue el propio Pedro Sánchez quien indicó que «en ese banquillo se sentaba él mismo».
Según fuentes cercanas, la presidenta se muestra «muy satisfecha» con la resolución del Tribunal Supremo.
«Este es un precedente sin igual para la democracia: un ciudadano ha triunfado frente a la maquinaria estatal que actuó contra él únicamente por su vínculo personal con ella», señalaron a EL ESPAÑOL.
En un mensaje publicado en X, Ayuso afirmó que «todos los medios internacionales están cubriendo el fallo» porque —sostiene— «resulta inconcebible en una democracia plural que se empleen los recursos del Estado para hacer política a través del delito, todo ello a costa de un particular».
«Hoy el mundo está al tanto de lo que ocurre en España«, agregó con pesar.
Desde la Puerta del Sol, se asegura que la «justicia ha prevalecido en España» frente a la «divulgación indebida de la intimidad de un ciudadano».
Para analizar este caso, la presidenta dará una rueda de prensa el viernes a las 12:30 horas en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno regional.
Más Madrid
En el ámbito político madrileño, Ayuso no ha sido la única en emitir opiniones sobre la sentencia del Tribunal Supremo, que salió a la luz en medio de la sesión ordinaria del pleno de la Asamblea de Madrid.
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, manifestó que la condena «traiciona a toda la ciudadanía» y constituye un «golpe duro» contra la presunción de inocencia.
«La condena del FGE perjudica a toda la ciudadanía en favor del Estado de derecho, la exigencia de pruebas incriminatorias y la presunción de inocencia, a las cuales se acaba de asestar un impacto grave. Cincuenta años de democracia merecían algo distinto a dejar todo atado y bien atado», expuso la ministra.
Manuela Bergerot, portavoz de la formación regionalista en la Asamblea de Madrid, también expresó su rechazo y afirmó que Ayuso y su pareja celebrarán la condena «descorchando champán en el ático» pues, tras «2 millones de comisiones y dos pisos, el primer condenado es el fiscal general del Estado». «Es necesario acabar con la impunidad de esta casta de sinvergüenzas», enfatizó.
Juan Lobato
Por su parte, el exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato también hizo comentarios sobre la sentencia en los pasillos de la Cámara de Vallecas.
Cabe recordar que Lobato fue testigo clave en el proceso, ya que fue a él a quien desde Moncloa enviaron un correo con datos fiscales de Ayuso, indicando que la información ya se había «publicado en medios», aunque solo se había difundido parte del documento y no el archivo completo, como le envió la mano derecha de Óscar López, Pilar López Acera.
«Lo que disponga la sentencia del Tribunal Supremo es lo que debemos respetar y espero que así lo hagan todos los actores e instituciones políticas, porque eso garantiza el buen funcionamiento de la democracia y el Estado de derecho», señaló Juan Lobato.
Registrar las conversaciones de WhatsApp con Sánchez Acera en una notaría fue la acción que le obligó a renunciar como secretario general y permitió la llegada del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
Consultado sobre si este fallo avala su registro notarial, afirmó que no le afecta «personalmente» y que esa decisión fue tomada «por precaución, para tener garantizado y confirmado» que no había hecho uso de esa información, «independientemente de su origen».
«Considero que la sentencia del Supremo aborda un camino diferente a ese, y en cualquier caso, ellos están para evaluar los indicios o pruebas que consideren«, concluyó.