La constructora defiende la legalidad de sus operaciones, aparta a los investigados de sus funciones y reafirma su compromiso con la ética empresarial
Acciona Construcción ha respondido con rapidez ante el último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionado con el caso Koldo. La empresa ha negado rotundamente haber efectuado pagos de comisiones ilícitas a cualquiera de los implicados en el proceso judicial y ha suspendido provisionalmente sus funciones a dos trabajadores investigados: Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel. No obstante, desde la compañía subrayan que esta medida no implica reconocimiento alguno de culpabilidad respecto a los acusados.
Este movimiento se produce luego de que el magistrado instructor de la causa especial 20775/2020 en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decidiera convocar para el próximo 3 de diciembre al exdirector de Construcción de Acciona en España, Justo Vicente Pelegrini, y a los empleados mencionados. El juez considera que, según las pesquisas y el informe policial incluido en el expediente, habría indicios de la “participación” de los tres en los hechos investigados.
Nuevas revelaciones sobre el papel de Servinabar en la trama
El informe, un documento de 227 páginas, ha aportado nuevas evidencias a la red que apunta a un supuesto esquema de beneficios económicos y contrataciones relacionadas con la empresa Servinabar 2000. Según la UCO, este entramado habría beneficiado al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a su círculo familiar mediante un flujo constante de contratos y ganancias provenientes de la constructora.
El documento vincula directamente a Servinabar con el presunto cobro de comisiones irregulares ligadas a proyectos de Acciona. Servinabar, asociada a Cerdán y a su socio Antxon Alonso, habría actuado como intermediaria en contratos que, de acuerdo con los investigadores, habrían generado beneficios cuya naturaleza está bajo análisis judicial. Tras conocer las primeras conclusiones policiales, Acciona decidió en junio rescindir todos los contratos vigentes con esta empresa. En ese momento también comunicó la salida de Justo Vicente Pelegrini, quien hasta entonces dirigía la división de Construcción en España.
El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actualmente en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo, ha declarado su inocencia, afirmando no reconocerse en las grabaciones de conversaciones supuestamente mantenidas con Koldo o con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Además, criticó el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo señala: «No he hecho nada de lo que dice la UCO», aseveró. (Fuente: Congreso/ PSOE/ Europa Press)
La constructora defiende la legalidad de todos sus contratos
En un comunicado, la compañía sostiene que las relaciones comerciales establecidas con Servinabar entre 2015 y 2025, con un volumen total de 5,7 millones de euros en diversos proyectos de construcción y obra civil, se ajustaron estrictamente a la normativa vigente. Destacan que dichos contratos contienen cláusulas claras de cumplimiento normativo y prohibición de prácticas ilegales o contrarias a la ética empresarial.
De este modo, Acciona asegura que todos los pagos realizados en el marco de estas relaciones se efectuaron de acuerdo con la ley: apoyados en facturas debidamente revisadas, registrados en la contabilidad y liquidados mediante transferencias bancarias. Añade que estas operaciones responden exclusivamente a los servicios contratados y que bajo ninguna circunstancia pueden interpretarse como pagos de facilitación vinculados a la adjudicación de obra pública.
La empresa enfatiza que desconoce y, por ende, no puede asumir responsabilidad sobre el uso que Servinabar pudiera haber dado a las cantidades abonadas. Asimismo, rechaza haber efectuado cualquier tipo de pago a favor de las personas investigadas en la causa.
Protocolos, certificaciones y advertencia de acciones legales
Acciona Construcción destaca que dispone de un modelo de cumplimiento normativo “robusto”, fundamentado en un código de conducta, protocolos internos y certificaciones internacionales como la ISO 37001 (antisoborno) y la UNE 19601 (compliance penal). Este marco, explican, está diseñado para evitar conductas irregulares y asegurar la trazabilidad de los procedimientos.
La firma manifiesta además su confianza en el sistema público de contratación y en la legalidad de los procedimientos de adjudicación sometidos a investigación. Reafirma que no ha obtenido ninguna ventaja indebida en estos procesos y que seguirá colaborando con la Justicia para esclarecer los hechos.
En un tono contundente, la compañía advierte que se reserva el derecho a iniciar acciones legales si de las investigaciones surgiera algún daño para la empresa como consecuencia de actuaciones de empleados o terceros. Esta advertencia llega en un contexto en el cual la causa permanece abierta y las próximas declaraciones ante el Supremo podrían resultar determinantes para definir responsabilidades. Por ahora, Acciona mantiene su posición: ni comisiones irregulares, ni pagos opacos, ni conductas contrarias a su código ético.
*Con información de agencias.