La defensa de Juana Cintas, exresponsable de Recursos Humanos de la Diputación, sostiene que los jueces ya poseen «prejuicios» desde la fase de instrucción.
Se inician los movimientos previos al juicio que está previsto para febrero por prevaricación y tráfico de influencias en relación con el caso del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y su posible trato preferente al obtener una plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz. La defensa de una de las acusadas, Juana Cinta Calderón, quien era la responsable de Recursos Humanos y Régimen Interior en 2017, cuando se creó y adjudicó el cargo de Coordinador de Actividades Musicales de los Conservatorios al músico, ha presentado este lunes a la Audiencia de Badajoz un escrito mediante un procedimiento abreviado en el que recusa a los magistrados José Antonio Patrocinio Polo (presidente de la Audiencia), Emilio Francisco Serrano Molera (ponente) y Dolores Fernández Gallardo como miembros de la Sala encargada de juzgar y sentenciar la causa contra los 11 procesados, entre ellos el candidato del PSOE a las elecciones en Extremadura y secretario general de este partido, Miguel Ángel Gallardo, y el propio David ‘Azagra’.
La base de la recusación se remonta al proceso de instrucción, en el cual Juana Cinta intentó, sin éxito, apartarse de la causa, estando confirmadas en todos sus puntos las resoluciones tomadas por la juez de instrucción, Beatriz Biedma. «Desde la perspectiva de esta defensa, los magistrados de la Audiencia expresaron conclusiones que reflejan impresiones o prejuicios derivados del análisis de la instrucción, los cuales afectan gravemente su imparcialidad para afrontar la fase final del juicio».
Por ello, el abogado de Cintas sostiene que los magistrados del caso que será juzgado en la vista oral contra su defendida «ya han adoptado una decisión previa al respecto», como sucede, por ejemplo, en un auto fechado el 23 de septiembre de 2025, y por tanto existe en ellos un «prejuicio claramente asumido por los señores magistrados sobre el fondo del asunto… que necesariamente se empleará para fundamentar una sentencia condenatoria contra mi representada por su supuesta participación en un delito de prevaricación administrativa». En consecuencia, recalca que «los firmantes del mencionado Auto decidieron antes del juicio oral, entrando al fondo del caso, que concurre uno de los elementos del tipo penal de prevaricación administrativa en el procedimiento de modificación de su puesto laboral, es decir: emitir una resolución objetivamente contraria a derecho, en otras palabras, ilegal».
«Retrasar la causa»
Fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO señalan que esta recusación, «esperada», tiene «escasas probabilidades de prosperar», por lo que el objetivo principal sería «dilatar la causa» y que la vista oral no tenga lugar en las fechas establecidas, específicamente del 9 al 14 de febrero en la sede de la Audiencia Provincial de Badajoz. Tras la recusación, los tres magistrados recusados deben emitir un informe y la instancia superior, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, decide si se acepta o rechaza el recurso presentado. «Los magistrados de la Audiencia resuelven todos los recursos que surgen durante la fase de instrucción; con esta lógica, todos deberían ser recusados cuando la causa llega a juicio», afirma dicha fuente, quien se muestra segura de que «no será estimada porque carece de sentido», aunque podría ocasionar que no se respeten los plazos ya fijados.
Asimismo, según ha podido confirmar este medio, las defensa de los 11 procesados están de acuerdo en modificar la fecha señalada para el inicio del juicio debido a que coincide con otro juicio en el que participa un abogado de Manos Limpias, aunque esta cuestión aún no ha sido resuelta por la Audiencia Provincial.