En 2024, el Ministerio del Interior registró 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento de morada, lo que supone un incremento del 7,4% en comparación con el año anterior
Aprovechando su mayoría absoluta en el Senado, el Partido Popular ha presentado una iniciativa para modificar el Código Penal que autorizaría a los propietarios a interrumpir los suministros de agua, electricidad y gas en inmuebles ocupados sin que esta acción se considere delito de coacciones. Esta propuesta, que será sometida a votación este miércoles en la Cámara Alta, pretende ofrecer una vía legal directa para que los afectados recuperen sus viviendas de manera más eficiente.
El PP fundamenta esta medida en el documento presentado en el Senado, destacando el aumento de casos de usurpación y allanamiento de morada en España, con Cataluña como la comunidad autónoma más perjudicada. Según la propuesta, “aunque desde el Gobierno lo desestimen calificándolo de ‘bulo’ o ‘desinformación’, nuestro país enfrenta un problema con los okupas mientras las acciones gubernamentales continúan siendo insuficientes”.
En 2024, el Ministerio del Interior ha contabilizado 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento, lo que representa un crecimiento del 7,4% respecto al año previo y corresponde a la tercera cifra más elevada desde que existen datos oficiales. Cataluña concentra el 42% de los incidentes, con 7.009 denuncias, seguida por Andalucía (2.207), Comunidad Valenciana (1.767) y Madrid (1.451). El Partido Popular sostiene que la ocupación ilegal “constituye una vulneración ilegítima de los derechos del propietario” y afirma que “puede ser enfrentada mediante la expulsión de los okupantes por la fuerza”.
Un precedente judicial que refuerza la iniciativa del Partido Popular
Fuente: @DESOKUPADEMOLITION
Esta propuesta de reforma se basa en un fallo judicial reciente: en marzo de 2025, la Audiencia Provincial de Barcelona ratificó que los dueños de fincas “no están obligados a mantener activos los suministros en dichos inmuebles” y que su corte “en propiedades ocupadas ilegalmente no puede considerarse delito de coacciones bajo ninguna circunstancia”. El PP confía en que este criterio se extienda al resto de jurisdicciones, aunque mientras tanto busca eliminar cualquier incertidumbre mediante una enmienda directa al Código Penal.
La intención de los populares es que los propietarios no tengan que seguir enfrentando los gastos de los suministros en viviendas okupadas, evitando así incurrir en un delito de coacciones. Hasta ahora, cuando la ocupación se consolidaba y el inmueble funcionaba como domicilio de los ocupantes, cortar los servicios esenciales podía interpretarse como una violación de sus derechos fundamentales.
Por su parte, el Ejecutivo resta importancia a la gravedad del fenómeno. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha minimizado la preocupación social en declaraciones a La Sexta Columna: “¿De verdad cree que, si existiera un problema serio de okupación, las aseguradoras nos entregarían el seguro antiokupa junto con el seguro del coche? Existe más riesgo de perder el móvil que de que alguien ocupe tu casa, por eso nunca regalan el seguro del móvil”.
La iniciativa legislativa será discutida y votada en el Senado este miércoles 19, y dada la mayoría absoluta del PP, se espera que sea aprobada. Posteriormente, necesitará el visto bueno del Congreso, donde los votos de Junts o el PNV podrían resultar determinantes ante la fragilidad parlamentaria del Gobierno.