La instrucción del caso continúa tras el auto emitido por el Juzgado de Elche, que señala la implicación del presidente de AFE en el pago a un funcionario de Hacienda a cambio de información confidencial.
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Elche ha denegado la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa de David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), y otros tres acusados, entre ellos Diego Rivas, considerado su mano derecha dentro del sindicato.
La magistrada encargada de la instrucción, Marta Alba Tenza, estima que existen «indicios racionales suficientes» para mantener activa la causa que investiga un presunto delito de cohecho y revelación de secretos relacionado con la obtención ilegal de información fiscal del sindicato rival, Futbolistas ON.
El auto, fechado el 12 de noviembre de 2025 y al que ha accedido EL ESPAÑOL, abre un nuevo capítulo en un proceso que comenzó en 2019 tras la detención de un funcionario de la Agencia Tributaria de Elche, Francisco García Antón, por acceder sin autorización a datos confidenciales de la organización competidora.
De acuerdo con la resolución, el funcionario habría recibido 3.000 euros a cambio de entregar a dirigentes de AFE una copia del modelo 347 correspondiente al ejercicio 2018 de Futbolistas ON, documento que detalla operaciones con terceros.
Futbolistas ON resultó ser el principal perjudicado por estas presuntas acciones ilícitas realizadas por Aganzo, Rivas y otros implicados.
Mediante la obtención de dicho documento, la AFE logró en las elecciones de 2019 excluir a Futbolistas ON del Convenio Colectivo con LaLiga, al quedar con una representación del 4,06%, insuficiente para alcanzar el 5% necesario (faltaron seis votos de futbolistas profesionales).
Indicios fundamentados
La defensa de Aganzo, junto a la de los también investigados Gonzalo de Medinilla, Antonio Cañadas y Diego Rivas, solicitó el sobreseimiento libre del caso, argumentando irregularidades procesales y negando cualquier implicación en los hechos.
No obstante, el juzgado rechazó estas alegaciones y apoyó la postura del Ministerio Fiscal, que se opuso al archivo de la causa y pidió la iniciación de un procedimiento abreviado.
David Aganzo, en la sede de AFE
Según la juez, «ninguna de las causas previstas en el artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se aplica en este caso», pues las diligencias realizadas evidencian indicios que justifican la continuación del procedimiento.
En particular, el auto indica que los acusados facilitaron dinero para compensar al funcionario con la finalidad de obtener el documento confidencial.
Cohecho y revelación de secretos
La magistrada especifica en su resolución que los hechos podrían corresponder a dos delitos penales:
– Un delito de cohecho, tanto en su forma activa (por parte de quienes ofrecieron el soborno) como pasiva (por parte del funcionario que lo aceptó).
– Un delito de revelación de secretos recogido en el artículo 200 del Código Penal.
En relación al cohecho, se expone que García Antón, como funcionario público, «realizó una acción para la cual no tenía autorización en el ejercicio de sus funciones», que fue la obtención del modelo 347, y lo hizo «a cambio de recibir dinero».
Por su parte, los investigados estarían involucrados en la modalidad activa al financiar el pago con el fin de conseguir un documento que no les correspondía.
Respecto a la revelación de secretos, el auto enfatiza que el modelo 347 contenía datos fiscales protegidos de Futbolistas ON, cuya divulgación sin autorización configura un delito.
El contenido de este documento —que incluía, por ejemplo, detalles sobre la financiación otorgada por LaLiga— fue presuntamente aprovechado por AFE para desacreditar de manera pública al sindicato rival durante las elecciones sindicales de mayo de 2019.
Instrucción prácticamente finalizada
Con este auto, el juzgado allana el camino para que el Ministerio Fiscal pueda presentar acusación formal si así lo considera pertinente.
La magistrada señala que la instrucción ha llegado a su fin y que no quedan diligencias pendientes, por lo que la causa puede avanzar hacia la celebración del juicio.
Contra este auto cabe presentar recurso de reforma en un plazo de tres días y recurso de apelación en cinco, aunque hasta ahora el entorno de Aganzo no ha confirmado si utilizará esas vías.
Lo que es seguro es que la causa no se archiva y que el presidente de AFE continuará imputado, al menos hasta que el juez decida si procede la apertura del juicio oral.