El supuesto éxito que el Gobierno de Sánchez vende perjudica la campaña socialista frente a María Guardiola
La abstención de Junts posibilita que el Gobierno frene la extensión de la vida útil de las nucleares
El Gobierno, en busca de resultados favorables, celebró ayer con un aplauso entusiasta la derrota de una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que eliminaba la fecha señalada para el cierre de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes, abriendo así una opción para que pudieran prolongar su operatividad.
La satisfacción del Ejecutivo fue aún mayor debido a que fue Junts, el partido que ha anunciado su ruptura con el Gobierno poniendo en riesgo la legislatura, quien, con la abstención de sus siete diputados, inclinó finalmente la balanza a favor del Gobierno. La enmienda que autorizaba la extensión de la vida de las nucleares fue rechazada por 172 votos —PSOE, Sumar y socios de investidura— frente a 171 —PP, Vox y UPN— y siete abstenciones.
No obstante, aunque el Ejecutivo celebró con entusiasmo el resultado de la votación, la imagen del triunfo oculta un revés que afecta negativamente la campaña de los socialistas en las elecciones de Extremadura previstas para el próximo 21 de diciembre.
La enmienda ya había sido respaldada en el Senado por la mayoría absoluta del PP y, cuando se esperaba que fuera ratificada en el Congreso con el apoyo de los neoconvergentes, se produjo la sorpresa.
Esta no es la primera vez que se evidencia la oposición del PSOE a la continuidad de las centrales nucleares, pero en esta ocasión, su posición choca de frente y en plena precampaña electoral con el amplio respaldo que muestran los extremeños —incluidos sus líderes socialistas— para que la central de Almaraz, la principal industria de Extremadura, extienda su vida útil, manteniendo así los 4.000 puestos de trabajo que genera en la comarca cacereña de Campo Arañuelo.
El resultado de la votación en el Congreso se convirtió de inmediato en una herramienta electoral para el PP de Extremadura destinada a afectar al PSOE. Por ello, la presidenta en funciones y candidata popular, María Guardiola, tardó pocos minutos en calificar el voto socialista contrario a la extensión de la vida de las nucleares como una «traición a Extremadura», un mensaje contundente frente a la afirmación de su rival, el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, quien asegura que Almaraz no será cerrado.
La central de Almaraz-Trillo tiene programada su clausura para el 1 de noviembre de 2027 la unidad I y el 31 de octubre de 2028 la unidad II. La enmienda del PP, rechazada ayer, permitía a los propietarios de la planta —Iberdrola, Endesa y Naturgy— solicitar, con al menos 18 meses de antelación a esas fechas, una nueva autorización al Ministerio de Transición Ecológica. La vía establecida por la enmienda estaría por tanto respaldada por ley.
En la actualidad, la única opción para que Almaraz extienda su vida útil es que el Consejo de Seguridad Nuclear apruebe —ya sin el respaldo legal antes propuesto— la solicitud oficial de prórroga hasta el 30 de junio de 2030 presentada hace dos semanas por las empresas propietarias.
La abstención de Junts fue decisiva para impedir la aprobación de la enmienda, y su posición podría resultarles costosa, dado que casi el 60 % de la energía que consume Cataluña proviene de las plantas de Ascó en Tarragona, y las asociaciones empresariales y la industria catalana respaldan firmemente la ampliación de la vida de estas nucleares.
Para mitigar las repercusiones de su abstención, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió tanto al Gobierno como al PSOE de no caer en la tentación de considerar la no aprobación de la enmienda del PP como una «victoria». De hacerlo, afirmó, «el fracaso será aún mayor». Las declaraciones de la diputada independentista reflejan la convicción de Junts de que la enmienda de los populares «no resuelve el problema» de Cataluña, cuestión que corresponde «a los Gobiernos de Pedro Sánchez y de Salvador Illa».
Junts sostiene que ambos —principalmente el Ejecutivo del PSC— serán responsables del cierre de las nucleares que suministran energía a Cataluña y del aumento en el precio de la electricidad que ello implicará para los consumidores. La planta de Ascó I tiene prevista su clausura el 1 de octubre de 2030 y Ascó II, el 1 de octubre de 2031.
La votación del Congreso que rechazó la enmienda para eliminar las fechas de cierre de las nucleares provocó también una reacción inmediata de la Generalitat Valenciana, ya que afecta a la central de Cofrentes, cuyo desmantelamiento está programado para 2030.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, calificó el voto en contra del PSOE y los diputados de Compromís como una «traición» y un «golpe a la soberanía energética» de la Comunidad Valenciana. Esta decisión tendrá impacto en miles de empleos directos e indirectos.
Por su parte, el portavoz de Industria del PP, Salvador Aguilella, lamentó que España sea «el único país del mundo que, teniendo nucleares a mitad de su vida útil, decida cerrarlas sin contar con una alternativa viable».