El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó este miércoles ante el Congreso de los Diputados una vehemente defensa de la Educación y de la Sanidad públicas, atacando a quienes «se enriquecen» con los centros privados.
Lo hizo criticando la administración que realizan en ambas áreas los gobiernos autonómicos del PP.
Afirmó que la derecha dispone de «un plan deliberado para lucrarse con los derechos de la ciudadanía y para desmontar el Estado del Bienestar», y que la meta última es «deteriorar los servicios públicos hasta que no quede otra opción que optar por lo privado».
Sánchez es el presidente del Gobierno que ha realizado en el Congreso la crítica más dura recordada hacia la Educación y la Sanidad privadas.
No obstante, la realidad muestra que él mismo, junto con gran parte de su Ejecutivo, ha tenido o tiene acceso, a nivel personal, a formación académica en instituciones privadas y a servicios sanitarios del sector privado.
En lo relativo a Educación, Sánchez ya comenzó la batalla contra las universidades privadas el pasado mes de marzo, anunciando su limitación a través de un decreto urgente aprobado en el Consejo de Ministros.
Se refirió a ellas como «academias» y «chiringuitos educativos«, y arremetió duramente contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de respaldar este modelo educativo… del que, paradójicamente, el propio Sánchez y varios de sus ministros han sido tanto alumnos como profesores.
La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, también criticó la calidad de dichas formaciones.
Montero declaró que el Ejecutivo no permitirá «que proliferen universidades low cost, donde se reducen costes a costa de una menor cualificación del profesorado«.
Pedro Sánchez, cuyo hija menor inició este año estudios en una universidad católica y privada (ESIC University), obtuvo su licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en un centro privado.
Alberto Núñez Feijóo le recordó en el Congreso el miércoles: «Yo estudié en la universidad pública de Santiago y no oculto ello. Y usted, ¿dónde se formó?»
Sánchez no respondió. Obtuvo su licenciatura en Económicas en el Real Colegio Universitario María Cristina, en El Escorial (Madrid). En aquella época, era un centro privado de pago que luego se adscribió a la Universidad Complutense de Madrid.
Posteriormente, trabajó como profesor asociado en una universidad privada, labor que desempeñó hasta poco antes de convertirse por primera vez en secretario general del PSOE, el 26 de julio de 2014.
En 2012, Sánchez se doctoró en Economía en la Universidad Camilo José Cela, de carácter privado, donde también ejerció como profesor impartiendo materias como Estructura Económica, Economía Española y Mundial, e Historia del Pensamiento Económico.
María Jesús Montero fue una de las ministras más críticas contra las universidades privadas, especialmente en sus intervenciones desde Andalucía. Las calificó como «la principal amenaza para la clase trabajadora«.
«No se debe permitir que alguien compre un título y la formación, compitiendo contra el hijo del trabajador que no puede costear un título y necesita beca para estudiar», afirmó en un acto del PSOE.
No obstante, aunque Montero estudió Medicina en la Universidad de Sevilla, realizó un posgrado en gestión sanitaria en la Escuela de Negocios EADA de Barcelona, que es privada.
De Esade al Liceo Francés
Junto a Pedro Sánchez, los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Elma Saiz y Jordi Hereu cursaron estudios en universidades privadas.
Los dos primeros obtuvieron la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Deusto. Mientras tanto, la ministra de Inclusión Social, Elma Saiz, se licenció en Derecho en la Universidad de Navarra, donde además completó un máster en Asesoría Fiscal.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se licenció en Administración y Dirección de Empresas en Esade, una escuela de negocios privada fundada en 1958 y actualmente adscrita a la Ramon Llull, también privada. Además, cuenta con un Master of Business Administration (MBA) por Esade.
Algunos otros miembros del Ejecutivo de Sánchez, pese a finalizar estudios universitarios en instituciones públicas, completaron su formación con posgrados o másters en centros privados, como María Jesús Montero.
Es el caso del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien, aunque licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, impartió clases universitarias en el Instituto de Empresa (IE Law School), también privado.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, obtuvo su licenciatura en Derecho y doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid, complementando su formación con un máster privado en Derecho Internacional en el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África.
Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, también estudió Derecho en la Universidad de Valladolid. Posee además un curso en Dirección Política otorgado por la Fundación Jaime Vera, institución privada vinculada al PSOE.
En relación a los ministros de Sumar, salvo la ministra de Juventud, Sira Rego, tanto Yolanda Díaz como Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy han recibido parte de su formación en centros privados.
Urtasun asistió al elitista Liceo Francés, aunque después se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y realizó un postgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Barcelona.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se graduó en Ciencias Políticas y de la Administración en la Complutense de Madrid y posteriormente se licenció en Psicología por la UNED.
Posteriormente, obtuvo el doctorado en Filosofía en la New School for Social Research, entidad privada ubicada en Nueva York, Estados Unidos.
En cuanto a Yolanda Díaz, cursó Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Aunque su currículum oficial en Moncloa indicaba que había hecho tres másteres, más tarde se rectificó a cursos y postgrados ligados al Consejo Gallego de Relaciones Laborales y a la Confederación de Empresarios de Galicia.
De la Quirón a la Ruber
En el ámbito sanitario ocurre algo similar. Debido al derecho a la privacidad y a la confidencialidad con que los centros hospitalarios gestionan la información, resulta complicado precisar. Sin embargo, hay suficientes indicios para confirmar que el uso de la sanidad privada es habitual entre miembros del gobierno de Sánchez.
A pesar de esto, el presidente intensificó su crítica el miércoles en el Congreso contra comunidades como Madrid, Andalucía y Castilla y León, al referirse a la Sanidad pública. Les acusó de llevar a cabo «privatizaciones», cuando en realidad censuraba los conciertos sanitarios.
No mencionó a Cataluña, gobernada por el PSOE y que desde hace años es la comunidad autónoma con mayor cantidad de conciertos sanitarios, según certifica el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.
El último informe del Ministerio de Sanidad también señala que Cataluña destina el 22% de su presupuesto a conciertos, seguida de Madrid (11,7%), Canarias (7%) y Navarra (6,5%). Andalucía y Castilla y León se sitúan por debajo de la media nacional (8,6%), con un 4,4% y 2,9%, respectivamente.
Sánchez criticó a Ayuso, afirmando que su gobierno ha «transformado Madrid en un casino donde Quirón siempre gana y los ciudadanos pierden».
Cinco días antes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, acudió al Hospital Rey Juan Carlos de Madrid, público, aunque gestionado por Quirón, para realizarse una prueba médica. No fue el único.
En 2020, durante la pandemia, el ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán, estuvo ingresado más de una semana en la Clínica de Navarra por Covid-19, debido a una neumonía.
Al recibir el alta, Cerdán agradeció a través de un tuit al personal sanitario de dicho centro, lo que generó numerosas críticas, tanto dentro como fuera del Ejecutivo, en un momento de especial respaldo a la sanidad pública.
Un caso similar es el de la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que en 2020 fue hospitalizada por coronavirus y optó por la Clínica Ruber en Madrid.
Como Cerdán, la ministra de Defensa, Margarita Robles, también acude a la Clínica de Navarra, ya que, siendo funcionaria, está adscrita a Muface.
Considerando que aproximadamente solo el 28% de los funcionarios de carrera elige la sanidad pública, es evidente que varios ministros hacen uso de la privada mediante Muface.
Entre ellos se encuentra Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y profesor de Secundaria en excedencia, por lo que también funcionario.
Sobre su operación oncológica realizada a finales de abril, solo hizo público que fue intervenido en un hospital de Canarias.
Fue operado en uno de los centros del Grupo San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria, de propiedad privada. Según ha sabido EL ESPAÑOL, su diagnóstico previo se realizó entre este hospital, que tiene conciertos para ciertos servicios, y el HPS Perpetuo Socorro, igualmente privado.
Un año antes, en 2023, cuando Torres todavía presidía la comunidad autónoma, otorgó la Medalla de Oro de Canarias a los siete hospitales del Grupo San Roque «como referentes en innovación en la atención sanitaria en Gran Canaria y para quienes la visitan»
Otros funcionarios de carrera en el Gobierno de Sánchez incluyen a Carlos Cuerpo (miembro por oposición del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado), Luis Planas (inspector de trabajo), Fernando Grande-Marlaska (juez en excedencia, al igual que Robles), José Manuel Albares (perteneciente al cuerpo diplomático por oposición) y Ernest Urtasun (también diplomático).