La Comunidad de Madrid acaba de rechazar enviar al Gobierno de Pedro Sánchez el registro de médicos objetores a la interrupción voluntaria del embarazo. El equipo de Ayuso sostiene que solo cumplirán una orden judicial.
«Preferimos que sea un tribunal quien nos ordene, antes que un Gobierno sectario que no respeta a nadie ni nada», han comunicado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Esta decisión coincide con el plazo de «un mes» otorgado por la ministra Mónica García para entregar el registro de objetores de conciencia frente al departamento de Sanidad.
Desde el ámbito de la consejería de Sanidad insisten en que en la región defienden que el aborto sea «legal, seguro y poco frecuente», y destacan que «no se puede perseguir ni estigmatizar a nadie por abortar o no hacerlo».
«Tampoco por realizar un aborto o abstenerse de ello», añaden.
Asimismo, el Gobierno madrileño afirma que la demanda desde Sanidad de remitir el listado de profesionales objetores infringe derechos fundamentales.
«Si nos obligan a elaborar un registro de objetores, actuaremos defendiendo la libertad de conciencia y cualquier otro artículo fundamental, con la Constitución en la mano».
Ley estatal
Estas afirmaciones se producen tras más de un mes de conflicto entre el Ejecutivo central y el Gobierno de España debido al aborto y al registro de médicos objetores que establece la ley estatal.
Ayuso cerró el debate el pasado 14 de octubre cuando, en una intervención ante medios, hizo una declaración sobre el aborto que describió como «la última al respecto».
Para entonces, la ministra Mónica García ya había señalado que otorgaba a la región «un mes» para presentar este listado. Hoy, 14 de noviembre, el plazo ha expirado y Madrid ha reiterado su negativa.
Sin embargo, no ha cambiado de postura. Ahora, con mayor calma, Madrid confirma que será la única comunidad de España sin este registro de objetores de conciencia, mientras que el resto de autonomías que tenían pendiente este trámite han mostrado disposición a colaborar con el ministerio de Sanidad de Mónica García.
Cabe recordar que el Ejecutivo central exige esta información a las autonomías para supervisar que la objeción de conciencia no obstaculice el acceso al aborto en el sistema público de salud, tras detectar desigualdades territoriales.
La ministra García ha solicitado a las comunidades que proporcionen estos datos antes de fin de año, asegurando que se trata de una obligación legal derivada de la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023.
Con estas manifestaciones, Madrid cierra la puerta a esa opción y se prepara para un nuevo enfrentamiento jurídico con el Gobierno.