La Fundación Foessa propone que el sector público alcance acuerdos con grandes tenedores para poner en alquiler residencias con rebajas del 20%, siguiendo el modelo de Dublín
España cuenta con 3,8 millones de viviendas vacías, lo que equivale al 14,4% del total del parque inmobiliario nacional, según los datos revelados por la Fundación Foessa en su informe más reciente. Esta cifra adquiere especial relevancia en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha transformado en uno de los retos sociales más urgentes, a pesar de la existencia de numerosas propiedades desocupadas distribuidas por todo el territorio.
La Fundación Foessa ha señalado que estas viviendas vacías están presentes en todo el país, aunque la concentración es más intensa en los grandes núcleos urbanos. En las ciudades con más de 50.000 habitantes, existen 1.118.138 viviendas vacantes, y de ellas, alrededor de 400.000 se encuentran en urbes con poblaciones superiores a 250.000 habitantes. Esta realidad contrasta con las crecientes dificultades para acceder a un alquiler o a la compra de una vivienda, especialmente en las áreas con mayor demanda.
El análisis destaca que es viable aumentar la oferta de vivienda sin necesidad de edificar nuevas construcciones, optimizando la gestión del parque existente. Entre las opciones sugeridas, la Fundación propone que el sector público firme acuerdos con grandes propietarios para ofrecer viviendas en alquiler con descuentos del 20%, siguiendo el ejemplo implementado en Dublín. Asimismo, mencionan el Fondo Social de Viviendas, que administra cerca de 10.000 inmuebles provenientes de bancos y que podría potenciar el parque social destinado al alquiler. Por otro lado, la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) posee más de 33.000 viviendas, aunque su accesibilidad varía.
Causas estructurales y presión del alquiler turístico
Según la Fundación Foessa, el problema fundamental radica en el modelo predominante de vivienda en propiedad en España. El 75,5% de los hogares son propietarios, una proporción que sitúa al país en la cima de Europa en este aspecto. Este modelo, fomentado por políticas públicas y fiscales desde finales de los años noventa, ha favorecido la construcción masiva y la especulación, desplazando al alquiler social a un rol secundario. De hecho, la vivienda de protección oficial ha representado solo el 10% del total construido en las últimas décadas, y casi toda ha sido orientada a la compra, no al alquiler.
El crecimiento del alquiler turístico también ha contribuido a limitar la disponibilidad de alquiler residencial. Aunque a nivel nacional representa únicamente el 10% de la oferta, su influencia es mucho más significativa en provincias como Málaga (36,7%), Alicante (29,1%), Islas Baleares (26,8%), Girona (26,2%) y Cádiz (20,8%), donde la presión sobre el mercado inmobiliario es particularmente fuerte.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que fondos de inversión están vendiendo por debajo del precio de mercado, con la finalidad de ampliar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)
La carencia de viviendas asequibles ha provocado un sobreesfuerzo económico en los hogares con rentas más bajas. Según la Fundación Foessa, en 2022 el esfuerzo mediano para los hogares del quintil más bajo alcanzó el 43,1% de sus ingresos, cifra considerablemente superior al 27,2% de la media nacional y al 31,9% registrado en la Unión Europea para el mismo segmento. Esta situación ha generado una notable vulnerabilidad social: entre 2015 y 2023, aproximadamente el 45% de las personas que residen en viviendas de alquiler en España han estado en riesgo de pobreza y exclusión social, el porcentaje más elevado en la UE.
Para afrontar esta problemática, el informe propone diversas medidas, entre las que destacan la gestión eficiente del parque existente, que implica optimizar el uso de las viviendas vacías mediante acuerdos con grandes tenedores y la movilización de activos de la SAREB; el fortalecimiento del parque público de alquiler mediante el Fondo Social de Viviendas y la reserva de viviendas de protección oficial destinadas al alquiler; y una mayor regulación del mercado que incluya el control de los precios de alquiler y el impulso de un parque público para esta modalidad.
Comparativa europea y evolución del parque inmobiliario
El informe también pone en contexto la evolución histórica del parque inmobiliario español. En las últimas tres décadas, el número total de viviendas ha aumentado un 54,7%, superando ampliamente el crecimiento poblacional. Las viviendas principales se incrementaron un 57,9%, mientras que las viviendas secundarias y vacías crecieron un 45,4% y un 50,7%, respectivamente. España lidera Europa tanto en viviendas desocupadas como en viviendas secundarias, reflejando un claro sesgo especulativo y turístico.
Durante la última burbuja inmobiliaria, entre 2001 y 2007, se iniciaron más de 900.000 viviendas por año, una cifra que supera a Alemania y Francia juntas en términos absolutos y cuadruplica su ritmo per cápita. El posterior desplome y la lenta recuperación en los precios han generado una profunda brecha social entre propietarios y quienes intentan acceder a una vivienda.