Pedro Sánchez se mostró molesto este miércoles en el Congreso cuando la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, le exigió «valentía» en el ámbito de la vivienda. “Este juego de aparentar no estar en el gobierno”, expresó irritado. Sin embargo, la realidad es que queda un largo camino por recorrer. Hagamos un repaso
Cada miércoles, los representantes políticos se reúnen en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno. La finalidad de este encuentro debería ser el debate sobre los problemas de los ciudadanos, con cada partido aportando sus soluciones. Sin embargo, la dinámica habitual consiste en desviarse del tema y acabar defendiendo sus propios argumentos. Por poner un ejemplo, ayer la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, consideró pertinente resaltar que la España de Cristóbal Colón merecía reconocimiento por “derrocar una tiranía que practicaba el canibalismo” en Latinoamérica. Un asunto algo distante de las prioridades reales de quienes enfrentan un aumento constante en el precio del alquiler, que consume gran parte de sus ingresos.
Se esperaba que esta fuera la legislatura dedicada a la vivienda, transformándose en “el quinto pilar del Estado del bienestar”. No obstante, los hechos demuestran lo contrario. Sumar, socio del Gobierno, se lo reclamó al PSOE en la sesión de control de este miércoles. “No basta con resistir. Es necesario avanzar con propuestas concretas y tangibles”, sostuvo la portavoz de la formación liderada por Yolanda Díaz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Son varias las promesas del Gobierno de Pedro Sánchez que aún no se han materializado.
Hagamos un balance. Una de las críticas más señaladas por la oposición fue la promesa realizada durante la campaña electoral de 2023, cuando se comprometió a construir 184.000 viviendas de alquiler asequible en todo el país. Dos años después, se han edificado 80.000 residencias dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible y, según la ministra Isabel Rodríguez, se han adjudicado 100.000. Sin embargo, parte de estas construcciones —algunas ni siquiera iniciadas— provienen de iniciativas locales anteriores.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas puestas a la venta por fondos de inversión, a precios inferiores al mercado, con la intención de incrementar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)
Precisamente, la dependencia de las comunidades autónomas representa uno de los obstáculos que dificultan cualquier avance. Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Gobierno intenta impulsar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que, si se aprueba a finales de 2025, establecerá la agenda habitacional para los próximos cinco años. No obstante, para ello es imprescindible alcanzar un acuerdo entre el Ejecutivo central y las regiones gobernadas por el PP. Por el momento, no se ha logrado ningún consenso.
Es cierto que el Gobierno ha implementado algunas medidas, como el Bono Joven de Vivienda o los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la compra de una primera vivienda. Sin embargo, estas iniciativas presentan limitaciones. Por ejemplo, los principales beneficiarios de las ayudas son los propietarios, ya que se trata de fondos del Estado que llegan directamente a sus bolsillos. En cuanto a los avales ICO, solo dos de cada diez jóvenes pueden acceder a ellos para cubrir la entrada de un inmueble, siempre y cuando firmen una hipoteca en pareja. Estas acciones no han logrado reducir los precios, ni de alquiler ni de compra. Mientras tanto, sigue pendiente una de las medidas más destacadas del Gobierno: prohibir la venta de vivienda pública a fondos buitre.
La promesa principal: dificultar la acción de los fondos buitre
Esta fue una de las promesas iniciales anunciadas, que data de 2018. Se trata de una medida que aún no se ha implementado completamente. La Ley de Vivienda de 2023 complica la venta de vivienda pública al sector privado, como los fondos buitre, pero no la impide por completo. Según la legislación, una comunidad autónoma puede vender viviendas públicas a capital privado si justifica la desfederalización del suelo y han pasado 30 años desde su asignación, o cuando las viviendas no se encuentran en una reserva de suelo ni cuentan con subvenciones públicas.
Este tema fue abordado este miércoles por Sumar en el Congreso. Durante su intervención, la portavoz de Sumar advirtió a Sánchez que “no puede haber ni una sola duda ni tentación de no enfadar a los fondos buitre”, remarcando que los ciudadanos solicitan “un Gobierno audaz y renovador” en las políticas de vivienda. Barbero aprovechó para destacar este punto y presionar al Gobierno de Pedro Sánchez, que actualmente está limitado tras la pérdida del apoyo de Junts. Reclamó “valentía” e “intervenir el mercado inmobiliario” con el fin de “poner fin a la lógica especulativa”.
Pedro Sánchez, disgustado con Sumar
Sin embargo, estas palabras no fueron bien recibidas por Sánchez. La razón es simple: Sumar integra el Gobierno y cuando conviene distanciarse por razones electorales, lo hace. “Este juego de parecer que no se está en el gobierno, pero estarlo, no funciona bien”, declaró Sánchez en respuesta a la portavoz parlamentaria de Sumar. Se dirigió a su socio asegurando que puede “criticar al gobierno y a todos sus departamentos”, pero preguntó qué ocurriría si el PSOE hiciera lo mismo contra los ministros de Sumar. “Tenemos claro el interés general y el objetivo de este gobierno de coalición progresista”, concluyó.
La intención está clara y es positiva. Nadie se opone a resolver el problema de la vivienda, pero la estrategia y la percepción ciudadana sobre soluciones reales aún no convencen. Aunque en los últimos meses se anunciaron propuestas como la transformación de pisos turísticos irregulares en alquiler permanente y una ayuda directa de hasta 30.000 euros destinada a jóvenes para facilitar el acceso al alquiler con opción a compra, ninguna de estas medidas ha entrado en vigor todavía.
En abril, Sánchez presentó el Perte de Vivienda Industrializada, con un presupuesto de 1.300 millones de euros y el objetivo de construir 15.000 viviendas anuales mediante técnicas de construcción modular. No obstante, este programa—en su fase inicial aún— no ha mostrado resultados claros. Paralelamente, la idea de crear una empresa pública nacional de vivienda permanece pendiente. Por otra parte, la propuesta de que la vivienda protegida conserve su estatus sin límite temporal continúa en fase de estudio, sin avances concretos para 2025.