Uruguay: Latinoamérica

09-02-2001

Seis funcionarios públicos de alto rango fueron declarados «omisos» por la Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado al incumplir con la ley que obliga a presentar las declaraciones juradas de sus patrimonios.

Carlos Balsa, integrante de la Junta, informó que en estos casos se ha configurado una «falta grave» y que los funcionarios comprendidos podrían ser objeto de duras sanciones en sus respectivos ministerios.

El jerarca agregó que en los próximos días la Junta dará a conocer públicamente los nombres de estos funcionarios, y de otros seis que presentaron la declaración en forma tardía.

Balsa señaló que ningún implicado ocupa un «cargo político, sino administrativo», y que el sistema político «ha respondido correctamente» a los requerimientos.

Los seis funcionarios omisos pertenecen a los Ministerios de Economía (uno), a Salud Pública (uno) y a Interior (cuatro; dos de los cuales son ex funcionarios). Los otros funcionarios con declaraciones patrimoniales tardías se desempeñan en los Ministerios de Ganadería (uno), Salud Pública (uno), Economía (tres) y en el Ministerio del Interior (uno). El organismo a su vez determinó que 680 funcionarios municipales incurrieron «presuntamente» en dicha omisión. La Junta estudiará caso a caso para establecer si se configura o no la omisión definitiva.

La Junta asesora es un órgano del Estado encargado de asesorar a los órganos penales con competencia en temas que se puedan considerar delitos contra la economía y la hacienda pública, conocidos como delitos de corrupción. Actúa en la materia económico financiera del Estado como un «perito» del juez, únicamente cuando el magistrado lo dispone. Hasta que no exista un «caso judicial» penal y un juez que ordene o disponga el asesoramiento pericial en esa materia la Junta no tiene competencia, indicó Balsa (ver nota aparte). El organismo goza de independencia técnica y su actuación está inscripta en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.

El jerarca recordó que, desde su creación, a fines de 1999, «existieron dos casos judiciales» en los que la Junta puso a disposición de un juez el testimonio de una declaración jurada. En un caso, el funcionario estaba procesado y no había presentado declaración jurada; en otro caso, estaba relacionado a un procedimiento aduanero.

El 14 de agosto pasado vencieron los plazos legales para la entrega de los formularios en dicha repartición, creada por el gobierno en el marco de la lucha contra la corrupción. Un total de 8.221 funcionarios pertenecientes a los entes estatales y paraestatales estaban comprendidos en la norma, según se publicitó oportunamente. Al 13 de octubre, la Junta detectó 1.161 casos de «presuntas omisiones» de funcionarios que no se habían presentado a declarar. A partir de ahí, el organismo notificó personalmente a cada funcionario de la situación e informó que si en los quince días corridos siguientes no presentaba la declaración jurada iba a ser declarado «omiso».

Este hecho motivó que en los días posteriores se recepcionaran otros 1.109 formularios. En los 52 restantes, la Junta anticorrupción abrió una investigación, caso a caso, antes de tomar una determinación. Del estudio, el organismo concluyó definitivamente que 12 funcionarios habían incumplido con la norma, de los cuales 6 hicieron llegar la declaración jurada en forma tardía. Para estos últimos, la Junta «dejará sin efecto la declaración de omisos, pero va a declarar que hubo un cumplimiento tardío y va a informar al organismo correspondiente por si corresponde aplicar una sanción», explicó el jerarca.

Balsa señaló que por cada uno de los 12 funcionarios se configuró un expediente que será remitido a la repartición correspondiente, con toda la documentación que acredita que se cumplió con el debido proceso, que el funcionario está en «falta grave» por haber incumplido la ley, y que el Ministerio que corresponda inicie los procedimientos disciplinarios pertinentes.

«Una vez que en esos doce casos, el Ministerio o los organismos competentes notifiquen al funcionario, sin perjuicio del procedimiento administrativo para analizar la falta grave, que es competencia del propio jerarca del organismo, la Junta va a aguardar diez días y después vamos a publicar en nuestra página Web y en la prensa los nombres de los declarados omisos», agregó Balsa.

Fuente: La Republica