El periodista José Antonio Zarzalejos examina en su más reciente libro, ‘La huella de Sánchez’, el periodo de gobierno del PSOE que comenzó hace siete años con la moción de censura. Publicada por La Esfera de los Libros y disponible desde este miércoles, aquí se comparte un fragmento del capítulo dedicado al Rey Felipe VI, sobre quien comenta que «se ha convertido en un referente de todos los valores que no se le atribuyen a otros cargos institucionales»
El Rey ha incursionado en una zona de alto riesgo durante la XV legislatura de la democracia, que es la actual. La amnistía concedida a los autores y promotores de la autodenominada declaración de independencia de Cataluña en 2017 representó un punto de inflexión que materialmente deroga principios constitucionales clave —como la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la separación de poderes— lo cual afecta profundamente al jefe del Estado. Este, el 3 de octubre de ese año, empleando de forma firme su derecho a emitir un mensaje y a reservar poderes en situaciones excepcionales, invirtió todo su capital simbólico en defender la unidad de España y la vigencia del principio de legalidad. Una amnistía otorgada a cambio de votos parlamentarios para investir a un presidente con una base insuficiente de escaños dentro de su propio partido plantea un desafío a la jefatura del Estado en un ámbito que constitucionalmente le corresponde. La impunidad legislada por quienes se benefician de ella es un desatino jurídico, pero también desde perspectivas éticas y morales, tal como el Rey subrayó tanto en octubre de 2017 como, de manera elíptica pero clara, en su mensaje navideño de 2023, donde exigió una defensa de la «dignidad» de España golpeada por las narrativas y previsiones de los acuerdos pactados en noviembre de ese año para la investidura del actual presidente del Gobierno.
Se están conformando todos los elementos para que el diagnóstico desemboque en una evolución constitucional que modifique la naturaleza de la monarquía española. Hasta ahora, aunque de forma precaria, esta ha sido comparable a otras europeas, pero podría transformarse rápidamente hacia un modelo meramente decorativo y ceremonial, similar al sueco, si el bloqueo al Rey persiste en el desempeño de sus funciones, las cuales están delimitadas tanto por la Constitución como por ciertos usos deseables aún no consolidados en España después de 46 años de vigencia de la Carta Magna.
Excluir al jefe del Estado de roles destacados en política exterior, interrumpir la frecuencia de las reuniones presenciales ignorando su derecho constitucional a estar informado sobre asuntos estatales —Sánchez no las mantiene semanalmente y muchas veces no son presenciales en la Zarzuela—, emplearlo en maniobras políticas personales —como cierre previo a su retirada en abril de 2024—, tolerar que ministros del partido minoritario dentro del Gobierno de coalición lo desacrediten, o aceptar que sus socios parlamentarios lo hagan de forma reiterada —sin reproches públicos hacia portavoces de Junts, ERC o Bildu cuando usan términos inaceptables contra el Rey—, reducirle apariciones formales —no se planifican suficientes visitas de Estado ni viajes— y limitarlo a una agenda institucionalmente irrelevante con frecuencia, además de evidenciar deslealtad, representa un desperdicio de esfuerzos indispensables para servir a los intereses del Estado y de la nación.
En septiembre de 2022 falleció Isabel II de Inglaterra, probablemente un ejemplo para todos los monarcas parlamentarios europeos. En 2014, Juan Carlos I abdicó tras haber inspirado confianza en la sociedad española al impulsar la democracia inédita de 1978 que catapultó la reputación internacional del país. No existe ninguna monarquía parlamentaria que no haya experimentado episodios turbulentos familiares poco ejemplares. Se han dado otras abdicaciones que indican una tendencia hacia reinos que ya no son vitalicios. La siguiente generación real en los países europeos presenta perfiles distintos dentro de un proceso de adaptación mesocrática, visible igualmente en España tras el matrimonio del Rey en 2004. Esta representa una apuesta decidida por garantizar la sostenibilidad de la monarquía a estas alturas de la tercera década del siglo XXI.
El aburguesamiento monárquico no es una garantía absoluta, pero sí una necesidad. Sin embargo, la monarquía como forma de Estado carece de independencia política y depende de la estructura institucional. Su motor es la lealtad hacia el significado histórico, simbólico y representativo del titular. Sin esta lealtad la monarquía pierde sustento y está condenada a dos resultados: ser una entidad meramente ceremonial y vacía o desaparecer. En un país como España, con la cuestión territorial aún sin resolver y en tiempos de populismos exacerbados, el Rey resulta tan indispensable como cuando, en 1975, su padre, representante legítimo de la dinastía histórica, se conectó con la nación, vínculo que su hijo ha mantenido desde las primeras crisis políticas de 2014.
El apoyo social hacia la figura del Rey, la simpatía y empatía que genera la Princesa de Asturias, así como la creciente valoración de la Reina en su rol simbólico, no constitucional pero sí contribuyente a la imagen de la Corona española, no han sido objeto de análisis demoscópico específico por parte del CIS dirigido por José Félix Tezanos. Tal vez en la Moncloa no deseen evidencias oficiales que confirmen percepciones como esta: que el Rey se ha erigido en un referente de valores que otros cargos institucionales no poseen. Metroscopia ha desarrollado un barómetro permanente para evaluar la afinidad entre «los españoles y la Corona». Los datos acumulados entre 2014 y 2024 —que no se hacen públicos, pero se han consultado para este texto— son elocuentes.
Durante la primera década de su reinado, el Rey cosecha una media de aprobación cercana al 65%, similar entre hombres y mujeres, con un mayor porcentaje entre mayores, 66%, y menor entre jóvenes, 48%. La derecha muestra un respaldo superior, 72%, frente a la izquierda; sin embargo, el apoyo en el PSOE es mayoritario (60%) y está reducido entre votantes de Sumar (28%). Territorialmente, las cifras son más bajas en Cataluña, País Vasco y Navarra, con un 41%, comparadas con el 60% en el resto de España. Respecto al republicanismo arraigado, la respuesta es negativa: el 78% de los encuestados por Metroscopia —insistiendo que los porcentajes corresponden a acumulados— se define como «nada republicano», un 55% es indiferente y un 17% se declara «totalmente republicano». Asimismo, las evaluaciones de Leonor de Borbón, 61%, y de la Reina Letizia, 53%, superan ampliamente las pruebas demoscópicas. En diciembre de 2024, el barómetro del Real Instituto Elcano ubicó al Rey de España como el líder europeo mejor valorado, por delante de Carlos III, el fallecido papa Francisco, Olaf Scholz, Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron, entre otros.
Aunque estas mediciones son significativas, quizá lo sea aún más la credibilidad que los ciudadanos otorgan a la continuidad de la Corona como institución central del Estado constitucional. En este sentido, los porcentajes se nivelan entre quienes ven un futuro despejado para la monarquía parlamentaria y quienes anticipan dificultades e incertidumbres. A diferencia de otras monarquías parlamentarias, la Corona en España carece de una adecuada difusión sobre los beneficios funcionales que aporta al sistema político y social. Es cierto que las Reales Academias han trabajado en esta labor, unas más que otras, en el décimo aniversario de la proclamación de don Felipe en 2024; que se han revitalizado asociaciones como la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas (REMCO); y que han aumentado los artículos de análisis y opinión que siguen la agenda real y familiar, pero aún falta una normalización plena de la institución, en gran parte porque depende de intangibles que el sistema nacional no posee: hay escasa lealtad constitucional y falta suficiente sentido de responsabilidad; no se respeta la significación constituyente asignada a la Corona y abundan crónicas difamatorias amparadas en la indefensión judicial voluntaria característica del Rey y su familia.
El factor Sánchez incide decisivamente en esta situación de la Corona. El presidente del Gobierno adopta sus decisiones sin la menor consideración por cómo afectan o podrían afectar al Rey. La amnistía misma revoca las declaraciones del monarca el 3 de octubre de 2017. No obstante —y de forma inevitable— don Felipe sancionó y promulgó la ley que la aprobaba, pese a la incomprensión de sectores radicales de la derecha, desconocedores del limitado margen de maniobra de un monarca parlamentario. La sanción y promulgación de leyes es un acto obligatorio para el Rey, al igual que los nombramientos que le propone el Gobierno y que constitucionalmente le corresponden, aunque formalmente, así como ciertas presencias o ausencias, la Casa del Rey debe considerar el criterio de la Moncloa. Es parte de las reglas del juego, y don Felipe las cumple. El refrendo se realiza bajo mandato constitucional, según corresponda, por el presidente del Gobierno, las Cortes Generales o los ministros.