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La exmandataria de Bolivia Jeanine Áñez fue liberada este jueves tras permanecer casi cinco años encarcelada.
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia indicó en su sentencia que en el proceso contra Áñez se «violaron garantías constitucionales», dado que fue juzgada ante una instancia inadecuada para estos casos.
Este fallo abre la posibilidad de que Áñez sea investigada nuevamente en un «juicio de responsabilidades», que es el procedimiento adecuado para mandatarios y funcionarios estatales en Bolivia. El juicio previo, ahora anulado, se realizó en la justicia ordinaria.
Áñez fue procesada y encarcelada por «incumplimiento de deberes» y «resoluciones contrarias a la Constitución» al asumir la presidencia interina en 2019, tras la renuncia forzada de Evo Morales por parte del ejército.
Con la llegada al poder de Luis Arce, aliado de Morales, en 2020, la fiscalía boliviana inició un extenso proceso penal contra Áñez y varios oficiales de su gobierno, señalándolos como partícipes de un «golpe de Estado».
La expresidenta fue detenida preventivamente en marzo de 2021 y en 2022 fue condenada a 10 años de prisión por un juez.
Al salir de la cárcel de mujeres en La Paz, Áñez, de 58 años, fue recibida por familiares y seguidores mientras ondeaba una bandera de Bolivia.
«Nunca me arrepentiré de haber servido a la patria cuando esta me necesitó», afirmó Áñez en su primera declaración luego de abandonar el penal de Miraflores.
Se prevé que Áñez asista a la toma de posesión del presidente electo Rodrigo Paz, programada para el sábado 8 de noviembre, y que el domingo viaje a su ciudad natal, Trinidad, donde su familia, amigos y simpatizantes la esperan con una celebración.
Caso «golpe de Estado»
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La investigación enfocado en Áñez y sus ministros se vinculaba a los eventos que provocaron la renuncia presidencial de Morales en 2019, cuando el comandante de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, recomendó al mandatario dar un paso al costado para aliviar la crisis política generada por protestas violentas y denuncias de fraude.
Los grupos opositores al gobierno del MAS sostenían que las movilizaciones y los disturbios de 2019 fueron consecuencia de un levantamiento social originado por un supuesto fraude electoral que Morales utilizó para buscar una cuarta reelección consecutiva, a pesar de que la Constitución limita a dos mandatos seguidos.
Tras la renuncia de Morales y su posterior exilio, Áñez asumió la presidencia interina durante casi un año.
El gobierno socialista que regresó al mando en noviembre de 2020 con Luis Arce como líder, acusó a la administración de Áñez y a antiguos mandos policiales y militares de haber derrocado a Evo Morales en una supuesta insurrección.
En 2021, el Ministerio Público de Bolivia emitió una orden de captura contra Áñez en relación con el «caso golpe de Estado en nuestro país».
Actualmente, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, informó que la expresidenta fue liberada tras un fallo procesal, quedando en libertad hasta que sea juzgada conforme al procedimiento adecuado.