Pedro J. Ramírez acusa a Ángel Víctor Torres de afectar negativamente a los canarios para beneficiar la red vinculada a Koldo García y José Luis Ábalos durante la adquisición de mascarillas en la crisis sanitaria.
Un informe de la Guardia Civil señala que Torres ejerció presión directa para realizar pagos a la empresa Soluciones de Gestión SL, eludiendo los controles establecidos y amenazando con cesar a la directora del Servicio Canario de Salud.
Pedro J. reprocha los bajos valores éticos del Gobierno tras las declaraciones de Torres, quien negó pagos ilícitos pero reconoció haber favorecido la operación en detrimento de la población.
El director de EL ESPAÑOL destaca que varios medios han solicitado la renuncia de Torres y remarca la existencia de responsabilidad política más allá de posibles infracciones penales.
Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha criticado a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, por «presumir de haber perjudicado a los canarios» durante su etapa como presidente autonómico.
Así se expresó tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que reveló que Torres participó personalmente en los pagos relacionados con la trama Koldo, y las justificaciones ofrecidas por el ministro, quien defendió el martes en una rueda de prensa que las investigaciones de los agentes demuestran que «no existen mordidas, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente…».
Durante su intervención en El programa de AR de Telecinco, Pedro J. Ramírez enfatizó que «todos los indicios sugieren que Torres infringió la ley». En uno de los audios difundidos por la UCO, el ministro presionó para que se realizaran los pagos de urgencia del Gobierno canario a Soluciones de Gestión SL, la compañía de Víctor de Aldama, siguiendo instrucciones de Koldo García y con motivo de la compra y venta de mascarillas en la pandemia.
«Torres afirma que presionaba a la directora del Servicio Canario de Salud porque ella insistía en hacer verificaciones. Indica que debe comprender que se trata de una situación excepcional. Y utiliza expresiones muy poco educadas, evidenciando que la estaba amenazando con despedirla«, contó el director de EL ESPAÑOL, recordando que la Ley de Contratos Públicos establece que la actuación de emergencia no exime a la Administración de someterse a los controles correspondientes.
«Los estándares éticos del Gobierno están tan bajos que un ministro sale a jactarse de que no lo hayan captado recibiendo mordidas o que no haya evidencia de cobros en efectivo para la red corrupta de su jefe José Luis Ábalos [por entonces secretario de Organización del PSOE]», opinó Pedro J. Según él, Torres «cobró en especie»: «Estaba comprando protección política, amparo político del todopoderoso del PSOE. Y lo hacía en detrimento de los habitantes de Canarias».
«Que un ministro pueda presumir de haber perjudicado a los ciudadanos a los que estaba obligado proteger para beneficiar a una red de corruptos, aunque afirme desconocer sus maniobras, revela cómo la política se ha transformado en un teatro y lo bajos que son los estándares éticos», reafirmó.
Pedro J. Ramírez añadió que «no es casualidad» que haya «al menos seis medios» que este miércoles hayan exigido la dimisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en sus editoriales. «Existe una responsabilidad política, independientemente de la calificación penal que pueda tener su conducta».
No obstante, destacó que «el asunto más grave y urgente» es el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se celebra en estos días en el Tribunal Supremo. «Veremos si finalmente resulta condenado, pero tiene la responsabilidad de que desde su entorno se filtraron [los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso] con una intención política destinada a perjudicar».
«Puede parecer algo dramático que González Amador dijera ‘o me voy de España o me suicido’, pero estaba reflejando el daño irreparable causado desde la Fiscalía y desde que en el Gobierno empezaron a llamarle delincuente. El Estado no puede actuar así con un ciudadano, incluso si es un presunto defraudador».
Memorias del Emérito
Durante su participación en la tertulia conducida por Ana Rosa Quintana, Pedro J. Ramírez también comentó la publicación de las memorias de Juan Carlos I. Estableció un paralelismo entre la evolución de la aceptación pública que despertaron las figuras del Emérito y de Adolfo Suárez, primer presidente de la historia democrática reciente en España.
«Con el paso del tiempo, la figura de Suárez crece. Lo considero la personalidad política más relevante de la segunda mitad del siglo XX, el único que desde nuestra memoria devolvió el poder del Estado a la sociedad», valoró el presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL.
Por el contrario, la imagen de Juan Carlos I «se reduce cada vez más»: «Su actitud, especialmente en los años finales de su reinado, constituyó una traición a la confianza que los españoles depositaron en él. Su comportamiento debilitó aquella gran operación política que fue la Transición (…) un proceso único en nuestra historia tras tantos episodios de enfrentamiento interno».
Pedro J. concluyó afirmando que «ningún libro que suavice el recuerdo de los hechos podrá alterar este balance».