La UCO identifica al ex presidente autonómico como el responsable de gestionar los pagos de mascarillas del Gobierno de Canarias a una empresa de Aldama, motivado por el entonces asesor de Ábalos.
En la conformación de su último Ejecutivo, en noviembre de 2023, Pedro Sánchez volvió a ofrecer una cartera ministerial a Guillermo Fernández Vara. Al igual que en 2018, el ex dirigente extremeño rechazó el cargo nuevamente, esta vez debido a su frágil estado de salud provocado por el cáncer que padecía, y por el que murió el pasado 5 de octubre.
Este puesto vacante fue, según fuentes del PSOE, ocupado finalmente por Ángel Víctor Torres, a quien el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa como responsable directo de reclamar pagos pendientes del Gobierno de Canarias, cuando presidía la comunidad, a una empresa de Víctor de Aldama relacionada con la compra de material sanitario durante la pandemia. En su entorno defienden que la investigación del Instituto Armado «certifica» que «actuó de forma correcta».
Al igual que Vara, Torres fue uno de los seis barones socialistas desalojados de sus ejecutivos autonómicos tras la debacle electoral de mayo de 2023. Se buscó una reubicación para todos ellos en diferentes cargos públicos, si bien Torres fue el único líder canario que ingresó en el círculo cercano de Pedro Sánchez en La Moncloa.
«Es un político ejemplar y uno de mis mejores ministros», señaló públicamente el presidente del Gobierno en enero pasado. Lo declaró tras la revelación de EL MUNDO sobre un mensaje que en 2020 le envió a Koldo García —asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos— tras gestionar el pago de mascarillas por 12 millones de euros que el Gobierno de Canarias hizo a Aldama. «Intentan difamarlo injustamente con falsedades e bulos», agregó durante un acto del PSOE en Tenerife.
Este lunes, el Tribunal Supremo envió a juicio a García, Ábalos y Aldama por presuntas comisiones ilegales en la venta de material sanitario durante la pandemia. Desde el equipo del ministro de Política Territorial destacan que el cierre de la instrucción «sin alusión alguna a Canarias ni al ministro Torres» constituye una prueba clara de «la falsedad de las graves imputaciones» contra él, por lo que exigen «disculpas públicas».
La difusión del auto judicial de Leopoldo Puente coincidió con la publicación del informe de la UCO, que señala que Torres intervino directamente para agilizar el pago de facturas del Gobierno de Canarias a Soluciones de Gestión, empresa de Aldama, considerado el ideólogo de la presunta red de corrupción que afecta al PSOE. «Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire», llegó a escribir el entonces presidente canario a Koldo García tras recibir su requerimiento sobre el pago.
Interlocución con las CCAA
El tono de este mensaje contrasta con la educación con la que el ministro se comporta tanto en público como en privado. No en vano, es uno de los miembros del Ejecutivo central que ha logrado mantener un diálogo constructivo con la mayoría de las comunidades autónomas durante una legislatura caracterizada por la polarización política.
En el entorno de Torres subrayan que la UCO «certifica» que «no existen mordidas, ni solicitudes de comisiones, ni explotación sexual femenina, ni reuniones en chalets o pisos». Asimismo, que «no hay negocios relacionados con una supuesta red de hidrocarburos, ni con Delcy Rodríguez [vicepresidenta de Venezuela], ni teléfonos encriptados, ni otras calumnias».
«Tras más de un año de análisis por parte de la Guardia Civil de diferentes conversaciones del ministro desde 2020, la conclusión es que no hay indicios delictivos en ellas. Y no los habrá», enfatizan. «¿Se puede permitir, en un Estado de derecho, que se trate de destruir sin la mínima prueba y con total vileza la imagen de una persona y su familia?», concluyen.