El Tribunal Supremo escuchará a 40 testigos antes de proceder a oír las explicaciones del fiscal general del Estado
El proceso judicial contra el fiscal general iniciará, tras resolver algunos aspectos técnicos, con el interrogatorio a los 40 testigos que el Tribunal Supremo ha autorizado. El grupo más numeroso corresponde a periodistas: una docena declarará sobre qué conocían y en qué momento lo supieron. Luego intervendrán 11 guardias civiles que participaron en diferentes etapas de la investigación. El primer grupo de testigos lo componen ocho fiscales vinculados al caso, quienes abrirán la ronda de preguntas.
Declararán asimismo cuatro políticos: Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Isabel Díaz Ayuso; Francesc Vallés, ex secretario de Estado de Comunicación; Pilar Sánchez Acera, en aquel momento directora de gabinete del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno; y Juan Lobato, líder del PSOE de Madrid hasta que este asunto resultó determinante para su cese. La lista se completa con los jefes de prensa de la Fiscalía del TSJ de Madrid y de la Fiscalía General, además de dos abogados: el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, que ejerce la acusación, y el fiscalista que representaba a González Amador. También comparecerá «el querellante», es decir, el propio González Amador, cuya decisión de iniciar acciones penales por la filtración dio origen al juicio que hoy comienza.
PILAR RODRÍGUEZ
La fiscal jefe de Madrid juega un papel fundamental en esta investigación, cuyo curso dio un giro inesperado en el último momento. El juez intentó sentarla en el banquillo por recopilar la documentación que, según las acusaciones, el fiscal general habría filtrado. Fue ella quien apartó al fiscal del caso en un partido de la Champions para que le enviara el correo que luego se filtró. Además, en la cadena de mensajes sobre el asunto señaló que echaba en falta “un poco de cianuro” en la nota de prensa difundida por la Fiscalía al día siguiente de la filtración. Este mensaje dejaba claro que ella apoyaba la divulgación de información de la defensa de González Amador, aunque no bastó para enjuiciarla, según determinó la Sala que revisó las actuaciones del instructor. El tribunal anuló la orden de procesar a Rodríguez al considerar que actuó bajo instrucciones de sus superiores. Sin embargo, estará presente en el juicio como testigo, una circunstancia que puede resultar significativa, ya que está obligada a contestar a todas las preguntas y a decir la verdad, lo que podría aportar claridad sobre un caso que estuvo cerca de excluirla de la carrera fiscal.
ALMUDENA LASTRA
Almudena Lastra, fiscal Superior de Madrid, conocía la urgencia del fiscal general por obtener toda la información y recriminó a la fiscal jefe de Madrid —su subordinada— que entregara los datos a Álvaro García Ortiz: “Lo van a filtrar”, advirtió. Su testimonio ante el TSJ de Madrid fue clave para remitir el asunto al Supremo ante la posible implicación del fiscal general. Los mensajes aportados por Lastra a la causa reflejan el intenso interés de García Ortiz por acelerar la publicación de la nota de prensa y controlar “el relato”. En su declaración, recordó una conversación significativa con el fiscal general a primera hora del 14 de marzo: “Nada más coger el teléfono, le dije: ‘Álvaro, ¿has filtrado la nota?’ y él respondió: ‘Eso ahora no importa’”.
DIEGO VILLAFAÑE
El número dos de la Secretaría Técnica y mano derecha del fiscal general fue imputado por un breve período, lo que evidencia su cercanía a los hechos investigados. En el expediente constan sus gestiones para preparar la nota de prensa que incluía datos sobre el caso. Uno de los mensajes enviados a Pilar Rodríguez decía: “El jueves Diego me pidió las diligencias y le envié todo. Por eso supongo que después de analizarlas, se difundió por FGE”. Ante el juez, Villafañe calificó ese mensaje de su colega como “poco meditado”. Durante su declaración, limitó su papel en el caso de la pareja de Ayuso a solicitar a la fiscal jefe de Madrid datos del expediente tributario unos días antes —el 7 y 8 de marzo— de la filtración. Argumentó que esta petición obedeció a consultas del servicio de prensa. También ese expediente fue filtrado, aunque la investigación se ha centrado principalmente en lo ocurrido días después con el correo de la defensa.
JUAN LOBATO
Una línea de investigación alcanzó el Palacio de La Moncloa. Aunque no será parte directa del juicio, se abordará en la fase de testimonios y podría tener implicaciones políticas. La intensa actividad la noche del 13 de marzo persistió durante la mañana del 14. A las 8:29 horas, Pilar Sánchez Acera —mano derecha de Óscar López cuando este era jefe de Gabinete del presidente del Gobierno— envió a Juan Lobato, entonces líder del PSOE madrileño, una imagen del correo de la confesión, en un momento en que ningún medio había publicado esa imagen. Lobato dudó en mostrarla a Ayuso en el pleno de la Asamblea esa misma mañana, precisamente por contener información confidencial. Finalmente la exhibió, aunque su preocupación fue tal que llevó los mensajes ante un notario, acción que finalmente provocó su destitución.
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
El jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso es un actor clave para quienes defienden —más en el plano mediático que en el jurídico— la actuación del fiscal general. El 13 de marzo, informó a los medios de la existencia de un correo del fiscal ofreciendo una negociación que, finalmente, fue bloqueada por orden superior. Esa misma noche, EL MUNDO publicó el correo íntegro y sin posibilidad de réplica, dejando sin fundamento la versión de órdenes de arriba, que no pudo ser demostrada. La reacción del fiscal general al leer aquella noticia desencadenó la cadena de eventos que han conducido a su juicio.