La ley asturiana que asigna funciones sanitarias a profesores continúa pese a la oposición de sindicatos y enfermeras

La Consejería de Salud trabaja en una nueva ley de salud escolar que ya ha sido presentada a las organizaciones sindicales, que muestran su rechazo

Foto: Una enfermera administra la vacuna intranasal contra la gripe a un niño en un colegio de Sevilla. (Europa Press/Esther Lobato)

La Consejería de Salud del Principado de Asturias se encuentra desarrollando una nueva ley de salud escolar que ha generado diversas críticas. El anteproyecto fue presentado a los sindicatos del ámbito sanitario y educativo, casi todos los cuales han expresado su rechazo. Además, las enfermeras escolares califican el proyecto como “una vergüenza”.

Todas estas organizaciones censuran que en el borrador de la ley se atribuyen funciones sanitarias a los docentes. “Nuestra postura es firme: oposición total a que se asignen labores sanitarias a los profesores. Consideramos que ello representa un riesgo y no debe aprobarse bajo ninguna circunstancia”, declara a El Confidencial Jorge Caro, representante de Educación de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Asturias.

“Seré tajante al decir que esto es una vergüenza: los profesores ya tienen suficiente con impartir sus clases y atender tutorías, como para asumir competencias en el cuidado de la salud que no les corresponden”, critica Natividad López, presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE). También recuerda que en Asturias no cuentan con enfermeras escolares “ni siquiera en los colegios de educación especial”, donde los alumnos suelen presentar numerosos problemas de salud.

Desde la Consejería afirman que la propuesta no pretende «en ningún caso» transferir competencias sanitarias al profesorado, sino facilitar su colaboración en casos específicos. «El objetivo es mejorar la respuesta ante emergencias y promover entornos saludables. Se plantea que, con formación y asesoramiento, puedan apoyar al equipo sanitario de referencia en circunstancias puntuales», explican en declaraciones a este medio.

Uno de los puntos más controvertidos es el que establece los deberes del personal docente y no docente. En este artículo del documento, al que este diario ha tenido acceso, se indica que deben conocer y aplicar el protocolo para la atención a escolares con enfermedades que requieren actuaciones específicas. López insiste en que esto es una “competencia exclusiva y específica” de las enfermeras. Añade que la protección de datos es crucial: “Los profesores deben saber, por ejemplo, si un alumno tiene diabetes, pero no tienen por qué conocer si los padres son primos o si ese alumno presenta múltiples patologías”.

Otro de los compromisos para el personal de los centros educativos, independientemente de su gestión, será formarse para el “adecuado desarrollo de las intervenciones de salud escolar en las que participen o colaboren”. «Se contempla un plan formativo específico para el profesorado, adaptado a las necesidades de cada centro y coordinado con los servicios de salud», añaden desde la Consejería. En este sentido, la experta subraya que es fundamental capacitarse, especialmente en primeros auxilios, algo que considera “esencial”. Así sabrían qué hacer y, sobre todo, qué no hacer.

Además, deberán cooperar y participar en actividades de salud escolar y formar parte de la Comisión de Salud Escolar del centro. En esta comisión habrá un coordinador de “bienestar y protección del alumnado”, quien recibirá “formación específica obligatoria” al inicio de cada curso académico. De igual forma, todo el personal, tanto docente como no docente, deberá colaborar en las acciones de salud escolar.

“Desde CSIF consideramos que esta ley representa un ataque directo hacia los docentes y alumnos asturianos porque obliga a los trabajadores a asumir funciones y responsabilidades sanitarias para las que legalmente no están capacitados; ni cuentan con la titulación ni pueden ser obligados a ello. La legislación educativa no contempla ninguna responsabilidad sanitaria para los profesores; al contrario, la ley de profesiones sanitarias define claramente quiénes están autorizados para ejercer esas funciones”, recuerda Caro.

Los peligros de esta medida

López y Caro coinciden en señalar que puede provocar riesgos para los estudiantes. “Actuar sin conocimientos y asumir tareas que se creen necesarias… para mí representa un peligro enorme el desconocimiento relacionado con el cuidado enfermero”, recalca la enfermera.

Obligar a los docentes a administrar medicaciones cuando no forman parte del personal sanitario y carecen de la formación y el conocimiento necesarios implica aceptar que habrá errores y problemas, que podrían derivar en algún incidente grave con un menor. En esos casos, la responsabilidad recaería exclusivamente sobre el presidente del Principado y las consejeras de educación y salud”, añade el representante de CSIF.

No obstante, desde la Consejería insisten en que los docentes no tendrán «en ningún caso competencias sanitarias», ya que para ello existen los profesionales del Servicio de Salud. Remarcan que estos expertos no administrarán medicamentos, ni sobrepasarán sus funciones educativas.

Por otra parte, el sindicato advierte que esta normativa también implica riesgos para los propios trabajadores, que podrían ser acusados en caso de error al cumplir estas tareas.

¿En qué punto está el anteproyecto de ley?

Caro explica que la Consejería de Salud fue la encargada de redactar esta normativa y la remitió a las demás consejerías. Se presentó en la mesa de negociación sin que los sindicatos tuvieran acceso previo al borrador, informándoles que sería un primer encuentro para iniciar el trabajo. Esa propuesta fue rechazada en la primera reunión, por lo que se indicó que se tomarían en cuenta las observaciones para continuar negociando. Posteriormente, se programó una segunda cita para continuar la discusión en la mesa general de negociación.

“La sorpresa llegó cuando la Administración entendió que el sector social, excepto Comisiones Obreras, no apoyaba, pero continuaron con el trámite por su cuenta y riesgo. Así, a partir de ese momento, la ley puede aprobarse en cualquier momento mediante lectura única, sin periodo de consulta ni evaluación por expertos. Eso es lo que enfrentamos”, comenta.

Desde la Consejería destacan que el texto del anteproyecto de la Ley de Salud Escolar ha sido publicado en el portal de transparencia del Principado de Asturias. Se encuentra disponible para consulta pública y ha incorporado algunas modificaciones tras el proceso participativo. El documento indica que la ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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