Leopoldo Puente afirma que el exministro, junto a Koldo García y Víctor de Aldama, concertaron obtener ganancias económicas mediante adjudicaciones públicas y favores personales mientras el país enfrentaba la crisis sanitaria
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha solicitado este lunes la apertura de juicio oral contra el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos por presuntas irregularidades durante la pandemia de COVID-19 en la adjudicación de contratos para material sanitario. El magistrado estima que existen indicios suficientes para considerar que el exministro, junto a su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, integraron una red de cobro de comisiones y favores a cambio de mediar en contratos públicos.
En el auto, Puente insta a las partes personadas a presentar sus escritos de acusación o, si procede, las solicitudes de sobreseimiento. A los tres investigados se les atribuyen presuntos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en la pieza principal del denominado ‘caso mascarillas’. Paralelamente, sigue en instrucción una pieza separada relacionada con una supuesta red de comisiones vinculadas a adjudicaciones de obras públicas.
Un “acuerdo de voluntades” para conseguir beneficios ilícitos
El auto señala que el magistrado considera probado, de forma indiciaria, que se estableció un “acuerdo de voluntades” entre Ábalos, García y Aldama “para cometer sucesivos hechos delictivos”. El vínculo entre ellos habría comenzado “poco después” de que Ábalos asumiera la cartera de Transportes, cuando Aldama fue presentado a Koldo García mediante un hermano del empresario que actuaba como escolta del ministro. Desde ese momento, la relación se afianzó mediante diversas gestiones, incluyendo un viaje a México realizado por ambos.
El juez señala que los tres “identificaron la oportunidad de obtener un beneficio económico” a partir de esa conexión. Según el relato judicial, acordaron facilitar la contratación pública de empresas representadas por Aldama, especialmente durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia, periodo en el que se adjudicaron de manera urgente contratos millonarios para mascarillas mediante organismos dependientes del Ministerio de Transportes, como Puertos del Estado o Adif.
El magistrado apunta que Ábalos pudo haber decidido la adquisición de material sanitario “a cambio de recibir una compensación económica indebida” del empresario. Entre los indicios mencionados se incluye un contrato de arrendamiento con opción a compra firmado en 2019 para un piso en el Paseo de la Castellana, propiedad de Aldama, por un importe de 750.000 euros, “muy inferior al valor real de mercado”, y que el entonces ministro “ni pagó ni ocupó”.
Favores particulares y contrataciones en empresas públicas
Puente dedica un apartado específico a los favores personales y laborales recibidos por el entorno del exministro. El auto indica que Aldama asumió los costes del alquiler de un piso en la Plaza de España para Jésica Rodríguez, pareja de Ábalos en aquella época, con un total superior a 82.000 euros. Cuando el empresario cesó en los pagos, estos habrían sido cubiertos por García “mediante cuentas bancarias de personas próximas a su círculo familiar”.
Además, el juez explica que Ábalos habría impulsado la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, “sin proceso selectivo” y “sin que ella asistiera al puesto de trabajo ni un solo día”, aunque recibió salario. También se menciona la “contratación arbitraria” de otra mujer, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail, donde sí habría desempeñado sus funciones regularmente.
El auto amplía la investigación hacia otras posibles irregularidades, como las gestiones que Ábalos y su entorno realizaron en beneficio de Air Europa, Villafuel y otras compañías. En el caso de la aerolínea, el juez destaca que el exministro, “a petición de Aldama”, pudo haber ordenado la publicación de una nota de prensa en agosto de 2020 para mostrar el respaldo del Ministerio al rescate público de la empresa, mientras Aldama actuaba como asesor. A cambio, Ábalos habría disfrutado sin coste de un chalet vacacional en Marbella junto a su familia.
Pagos en efectivo y transferencias internacionales
El magistrado también resalta la supuesta existencia de una dinámica de pagos periódicos de Aldama a Koldo García, iniciados en octubre de 2019 con una cantidad mensual de 10.000 euros. Según Puente, estos abonos continuaron hasta 2021 y, en ocasiones, se realizaron “en presencia de Ábalos”, procediendo luego a la distribución del dinero entre ambos.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos se presentó este lunes en el Tribunal Supremo para su declaración ante el instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara “ingresos irregulares” dentro de la investigación sobre el presunto cobro de comisiones relacionadas con obra pública. (Fuente: Europa Press)
Cuando el empresario carecía de liquidez en España, los pagos se efectuaron en la República Dominicana, donde Aldama poseía fondos. En “al menos dos ocasiones”, una tercera persona habría viajado al país caribeño para recoger el dinero en nombre de García.
El juez subraya que las declaraciones del empresario no resultan autoexculpatorias, ya que él admitió “haber entregado el dinero” tanto en pagos periódicos como en gratificaciones vinculadas a contratos específicos, reconociendo su propia implicación y confirmando la existencia de un acuerdo general con Ábalos y García. Puente considera que estas afirmaciones “se apoyan indiciariamente en otros resultados de la investigación”, reforzando la hipótesis de que los tres investigados actuaron coordinadamente para obtener ganancias ilícitas a costa de fondos públicos.