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«El despliegue de activos militares estadounidenses en la región caribeña para eliminar a los carteles terroristas vinculados al narcotráfico cuenta con el respaldo absoluto del gobierno de Trinidad y Tobago».
«Solo deberían preocuparse por la actividad militar de EE.UU. quienes estén inmersos en o faciliten actividades ilegales. Los ciudadanos que respetan la ley no tienen motivo alguno para temer».
Con estas palabras, difundidas en un comunicado el 23 de agosto, la primera ministra de Trinidad y Tobago (TT), Kamla Persad-Bissessar, dejó manifiesto el alineamiento total de su administración con el despliegue masivo de fuerzas militares ordenado por el presidente estadounidense Donald Trump en las aguas caribeñas como parte de una operación contra el narcotráfico.
En ese momento, las tropas estadounidenses estaban parcialmente movilizadas y no se conocía con claridad ni el procedimiento de la operación ni la escala del despliegue militar.
La primera incógnita se aclaró el 2 de septiembre, cuando Trump anunció que EE.UU. había atacado una embarcación presuntamente perteneciente a la banda criminal Tren de Aragua, la cual al parecer habría salido de Venezuela transportando drogas hacia Estados Unidos.
Según el gobierno estadounidense, en ese ataque murieron «11 terroristas». Desde entonces, se han llevado a cabo 15 ataques en total, incluyendo cuatro en el océano Pacífico, en los que han fallecido más de 64 personas. De acuerdo con la cadena estadounidense CBS, socia de la BBC en EE.UU., la policía de Trinidad investiga si dos de sus ciudadanos murieron en esas acciones.
La segunda incógnita se está despejando: esta es la mayor movilización de fuerzas estadounidenses en el Caribe desde la invasión de Panamá en 1989 para derrocar al líder Manuel Antonio Noriega, a quien Washington también acusaba de narcotráfico.
La misión incluye una decena de barcos militares estadounidenses, entre ellos destructores lanzamisiles, buques de asalto anfibio, un submarino, aviones de reconocimiento, cazabombarderos F35 de última generación, bombarderos B52, helicópteros para transporte de fuerzas especiales y, próximamente, el portaaviones USS Gerald R Ford, el navío de guerra más grande del mundo, capaz de cargar 90 aviones.
La dimensión de este despliegue, en combinación con las severas críticas del gobierno de Trump hacia el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien EE.UU. señala como líder de un presunto grupo terrorista denominado «cartel de los soles», ha originado numerosas especulaciones acerca de si el objetivo último de esta operación es obtener un cambio de gobierno en Venezuela.
De cualquier modo, el gobierno de Trinidad y Tobago no solo ha confirmado su apoyo absoluto a la operación estadounidense, sino que esta semana acogió la visita de uno de los buques de guerra de esa flota: el USS Gravely, un destructor lanzamisiles con capacidad para combate aéreo, submarino y de superficie, además de transporte de helicópteros.
La presencia de esta nave en Trinidad y Tobago, la nación caribeña más cercana geográficamente a Venezuela —con apenas unos 11 kilómetros entre sus puntos más próximos— ha incrementado las tensiones entre Puerto España y Caracas en este contexto.
Pero, ¿qué motiva a Trinidad y Tobago a alinearse tan firmemente con Estados Unidos?
Impotentes ante los carteles
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Al justificar la operación estadounidense, la primera ministra de TT resaltó el aumento de homicidios, la violencia, el accionar de bandas delictivas y los delitos financieros que han sufrido los países caribeños en los últimos años debido al fortalecimiento de las redes de tráfico de drogas, armas y personas.
«La mayoría de los países del Caribe, especialmente Trinidad y Tobago, enfrentan un crimen descontrolado durante las últimas dos décadas. Los pequeños estados insulares, como el nuestro, carecen de los recursos económicos y militares necesarios para enfrentar a los carteles de droga», afirmó.
Añadió que los carteles han penetrado en las capas superiores de la sociedad en esos países, ganando influencia en sectores desde la política y las finanzas hasta la seguridad y los medios de comunicación, debilitando la capacidad gubernamental para implementar medidas efectivas contra ellos.
¿Tiene fundamento la postura de la mandataria?
«Algunos podrían sentirse inclinados a coincidir o incluso apoyar la posición de Kamla Persad-Bissessar, debido al aumento de la violencia armada que ha sacudido la región en años recientes. Es un hecho que el tráfico ilegal de armas pequeñas y ligeras constituye un problema serio en nuestra área, pues muchas de esas armas terminan en manos de narcotraficantes responsables de crímenes atroces que conmueven la conciencia humana», comenta Emanuel Quashie, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) en Mona, Jamaica, para BBC Mundo.
«Sin embargo, volar embarcaciones en nuestras aguas caribeñas no solucionará el problema, ya que su origen está en el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos», añade.
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Quashie plantea una hipótesis alternativa para entender el respaldo de Trinidad y Tobago a la operación estadounidense.
«En el sistema internacional, los estados más vulnerables, que carecen de capacidades militares para defenderse eficazmente y que solo ejercen influencias limitadas como aliados valiosos o potenciales de una superpotencia, a menudo deben realizar un equilibrio frente a asuntos urgentes de índole regional e internacional», explica.
«Por eso, no sorprende que algunos miembros del Caricom —aunque no apruebo su postura— parezcan haberse alineado con Estados Unidos en temas regionales de alta prioridad», añade.
Según este razonamiento, hay analistas que consideran que Trinidad tiene motivos legítimos para apoyar a EE.UU. debido a que depende de ese país para impulsar su producción de gas natural.
Otros subrayan que, aunque TT no tiene un papel central en el tránsito de drogas por el Caribe, sí se utiliza como punto para almacenar, empaquetar y distribuir narcóticos antes de enviarlos a Europa o Estados Unidos.
Así lo declaró Garvin Heerah, experto en seguridad caribeño, al The New York Times: «Trinidad funciona como una base operativa dentro de una cadena de tráfico más extensa y estructurada».
Diplomacia en aguas revueltas
El respaldo inicial de Persad-Bissessar al despliegue militar en el Caribe generó críticas dentro y fuera de Trinidad y Tobago. Estas aumentaron a medida que EE.UU. pasó de movilizar tropas a acciones militares directas, destruyendo embarcaciones tripuladas sin antes intentar detenerlas para someter a procesos judiciales con garantías, como solía hacerse.
No obstante, la primera ministra trinitense mantiene firme su decisión: «Prefiero ver destruidos a traficantes de drogas y armas que seguir observando cientos de nuestros ciudadanos asesinados anualmente por la violencia de bandas alimentada por las drogas», ha declarado.
Varios expertos han calificado estas operaciones como «ejecuciones extrajudiciales».
«Las acciones militares de Trump en nuestras aguas caribeñas constituyen, en realidad, un crimen de guerra», afirma Emanuel Quashie.
El gobierno de Trinidad también ha sufrido duras críticas desde el Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), principal partido opositor, que calificó la decisión de respaldar la operación estadounidense como «desafortunada, imprudente y siniestra».
La postura de Persad-Bissessar contrasta con la de los otros 14 miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), que criticaron la intervención estadounidense, aunque con diplomacia.
El 18 de octubre, los países del Caricom, salvo TT, emitieron un comunicado expresando su «apoyo inequívoco a la soberanía e integridad territorial de los países de la región», así como al principio de mantener el Caribe como «zona de paz», comprometidos con la solución pacífica de conflictos.
El texto no mencionaba a EE.UU., pero respondía al despliegue militar estadounidense, así como a los temores de que el gobierno de Trump usase la situación para atacar a Maduro en Venezuela.
Días después, un grupo de 10 exmandatarios del Caricom lanzó un comunicado instando a los países a evitar «recibir recursos militares que podrían atraer a la región a conflictos no provocados por nosotros».
Este mensaje contrasta frontalmente con lo que hace el gobierno de Trinidad al recibir esta semana al destructor estadounidense USS Gravely.
En cualquier caso, las críticas más fuertes hacia Trinidad y Tobago provienen del gobierno de Maduro, con quien las relaciones se han deteriorado rápidamente en las últimas semanas.
Guerra de palabras
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Cuando Persad-Bissessar manifestó su respaldo al despliegue estadounidense en el Caribe, agregó, posiblemente anticipando críticas, que Washington no había solicitado que sus tropas usaran Trinidad y Tobago como base para atacar Venezuela.
Sin embargo, advirtió que concedería plena autorización a EE.UU. para actuar en su territorio si Venezuela intentara invadir Guyana. En respuesta, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, afirmó que en tal situación atacarían Trinidad en «legítima defensa».
Más tarde, cuando EE.UU. ya realizaba ataques en el Caribe, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, criticó a Persad-Bissessar acusándola de apoyar acciones en las que también «humildes» ciudadanos trinitenses fallecían en «ejecuciones extrajudiciales».
Sin embargo, las tensiones escalaron con fuerza la última semana.
El 23 de octubre, el gobierno de Maduro comunicó que sus fuerzas armadas realizarían ejercicios militares de 72 horas en las costas venezolanas. Posteriormente, el 26 de octubre, emitió un comunicado denunciando una «provocación militar de Trinidad y Tobago coordinada con la CIA para desatar una guerra en el Caribe».
El anuncio coincidió con la visita del USS Gravely a Trinidad, que Caracas consideró como «la peligrosa realización de ejercicios militares coordinados, financiados y controlados por el Comando Sur de EE.UU., una provocación hostil hacia Venezuela y una grave amenaza a la paz caribeña».
En respuesta, Trinidad afirmó que la visita del navío estadounidense busca fortalecer la lucha contra el crimen transnacional y «fomentar la resiliencia mediante entrenamiento, actividades humanitarias y cooperación en seguridad».
A partir de ese momento, las palabras dieron paso a los hechos.
El lunes 27, Maduro anunció la suspensión de un acuerdo energético bilateral debido a la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en «el portaaviones imperialista estadounidense contra Venezuela».
Esta medida afecta varios proyectos conjuntos para la explotación de yacimientos de gas compartidos en sus fronteras marítimas, entre ellos el Campo Dragón, en cuyo desarrollo participa la petrolera Shell, previsto para extraer gas venezolano que se procesaría en Trinidad y Tobago para su exportación como gas natural licuado.
En 2023, ambas naciones firmaron proyectos conjuntos para la explotación del gas en sus fronteras marítimas, incluyendo el Campo Dragón que contempla la exportación a través de Trinidad y Tobago.
Debido a una disminución de su producción local, Trinidad posee una considerable capacidad ociosa para procesar gas, por lo que le resulta conveniente aprovechar el gas venezolano.
Más allá de la interrupción del acuerdo energético, Venezuela ha adoptado represalias políticas: la Asamblea Nacional declaró el martes persona non grata a Persad-Bissessar.
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Ese día, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, expresó con dureza su rechazo hacia la mandataria trinitense: «Venezuela ama al pueblo de Trinidad y Tobago, pero es un gobierno basura», afirmó.
En respuesta, la primera ministra calificó la declaración como «inútil» y sin efecto, retando a las autoridades venezolanas a aplicar la misma medida al presidente estadounidense.
«Esto forma parte de su patrón de intentar intimidar a sus vecinos más pequeños (…) ¿Por qué Maduro y el gobierno venezolano no mencionan a Donald Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?», cuestionó.
Casualmente, posiblemente no, ese mismo día la primera ministra ordenó trasladar a cerca de 200 inmigrantes venezolanos a un centro de detención para deportación, una medida prevista desde meses atrás, pero que no se había implementado antes.
«Ningún gobierno, ya sea el de Venezuela, el PNM, Caricom o cualquier otra entidad, presionará ni chantajeará a mi administración para que abandone la lucha contra los carteles de la droga», escribió la mandataria el martes en un mensaje publicado en X.
«Estoy cansada de ver a nuestros ciudadanos asesinados y atemorizados por la violencia pandillera alimentada por el tráfico ilegal de armas y drogas. La seguridad y bienestar de los habitantes de Trinidad y Tobago es mi prioridad», agregó.
En definitiva, lo que queda claro es que Persad-Bissessar no muestra indicios de estar dispuesta a disminuir su apoyo a la operación militar de EE.UU.