El fiscal general Álvaro García Ortiz está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos, lo que podría derivar en la pérdida de su puesto, además de sanciones penales y económicas.
La acusación sostiene que García Ortiz habría divulgado información tributaria confidencial del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el fin de perjudicar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El proceso judicial se extenderá durante dos semanas en el Tribunal Supremo, con 38 testigos citados y la defensa de García Ortiz a cargo de Consuelo Castro e Ignacio Ocio.
El fiscal general se enfrenta a cargos por supuestamente filtrar un correo electrónico delicado a la prensa, aunque su defensa argumenta que los periodistas ya poseían esta información antes de que él la recibiera.
Álvaro García Ortiz será hoy el primer fiscal general durante la Democracia en ser juzgado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo por un supuesto delito de revelación de secretos, castigado con prisión, multa y la posible pérdida de su cargo.
En su gestión como fiscal general por tres años y tres meses, fueron apenas 13 horas —desde las 21:29 del 13 de marzo de 2024 hasta las 10:22 del día siguiente— las que generaron la apertura de un procedimiento penal que lo ha situado en una posición sin precedentes en el marco constitucional: el máximo responsable de la institución encargada de garantizar la legalidad, acusado de un delito cometido en ejercicio de su cargo, con una solicitud de entre cuatro y seis años de prisión.
Según las acusaciones particulares y populares, destacando el Colegio de la Abogacía de Madrid, García Ortiz habría filtrado datos tributarios confidenciales relacionados con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esta acción se habría efectuado «para forjar un relato institucional» que sirviera para dañar políticamente a Isabel Díaz Ayuso. A raíz de esa filtración, su pareja fue calificado como ‘defraudador confeso’ por miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE.
«Si González Amador hubiera tenido una relación con cualquier otra persona o ninguna, esas conductas delictivas nunca se habrían producido», señala el escrito de acusación presentado por Gabriel Rodríguez Ramos, abogado del empresario.
Por otro lado, la defensa sostiene que fue el «aparato institucional de la Comunidad de Madrid», y en particular el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, quien ejecutó una «operación cuidadosamente organizada» para «fabricar un relato alternativo» que mitigara el daño a Ayuso frente a la comprometida situación legal de González Amador.
El empresario está imputado por un fraude tributario valorado en 350.951 euros, que se habría cometido parcialmente durante su relación con Ayuso.
Según la Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, aquel «relato alternativo» buscaba «presentar a González Amador como víctima de una maniobra política» tanto del Gobierno como de la Fiscalía.
Reunión en el Supremo
Estas implicaciones hacen que el juicio exceda el ámbito personal de García Ortiz o su cargo, ya que tanto una condena como una absolución serán sin duda utilizadas políticamente por distintos sectores.
Consciente de la especial trascendencia de este caso, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, sostuvo el pasado viernes una reunión con las partes involucradas.
Acompañado por la magistrada ponente, Susana Polo, el encuentro —una práctica común en otros tribunales para asuntos complejos pero insólita en el Tribunal Supremo— se llevó a cabo para resolver temas logísticos: asignación de los limitados asientos en el estrado, distribución del tiempo para las intervenciones y la duración prevista de las cuestiones preliminares.
Sin embargo, Martínez Arrieta perseguía un objetivo adicional: solicitar a las partes que hicieran un esfuerzo por evitar confrontaciones y juicios de valor que no correspondan al ámbito jurídico.
Con ello, buscaba que el juicio no se viera «contaminado» por la «polarización» que predomina fuera del Palacio de Justicia.
Estas son las claves principales del proceso:
1) Desarrollo del juicio
El juicio se desarrollará durante un periodo de dos semanas, con seis sesiones distribuidas de lunes a miércoles, en turnos de mañana y tarde.
Se celebrará en la sala asignada para la jurisdicción penal del Tribunal Supremo, donde se han juzgado otros casos relevantes como el del caso Naseiro, vinculado a la financiación irregular del PP; el de la ‘mesa nacional’ de Herri Batasuna; y recientemente, el del exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
Se descartó el uso del imponente salón de plenos del TS, escenario del juicio del ‘procés’, así como la opción de una transmisión en directo. A diferencia de ese caso, la Sala Penal teme un ‘juicio de ruptura’ y prefiere evitar que el proceso sea presenciado masivamente sin filtros.
La vista comenzará con las cuestiones previas, cuya presentación fue anunciada en la reunión del viernes tanto por la defensa como por el Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal estará representado, como hasta ahora, por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y contará con el refuerzo del fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero. Este último participó desde la fase inicial del procedimiento, cuando el fiscal general aún no era investigado y la instrucción se realizaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La Fiscalía planteará que la Sala Penal modificó el objeto del procedimiento; mientras el TSJM se centró en una nota de prensa sobre González Amador difundida por la Fiscalía el 14 de marzo de 2024, el Supremo no detectó indicios delictivos en aquella nota y el proceso mutó hacia la previa difusión de un correo electrónico en el que la defensa del empresario reconocía que este defraudó.
También solicitarán la nulidad de los registros —también sin precedente— decididos por el instructor del Supremo, Ángel Hurtado, en las oficinas del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Están citados 38 testigos, entre ellos ocho fiscales, 12 periodistas, González Amador y Miguel Ángel Rodríguez.
2) Único imputado
Tras la exoneración de Pilar Rodríguez por la Sala de Apelación y también del teniente fiscal de la Secretaría Técnica del fiscal general, Diego Villafañe, por el propio instructor, García Ortiz queda como único acusado.
No obstante, no se ubicará en el banquillo, como permite la ley para los juristas. García Ortiz solicitó estar en el estrado junto a sus abogados, la exabogada general del Estado Consuelo Castro y Ignacio Ocio. Fuentes de la Fiscalía informan que usará la toga de fiscal general.
Enfrentará a la acusación particular de González Amador y a las acusaciones populares del Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa (con las acusaciones acumuladas de Hazte Oír y Vox), así como a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
El acusador particular reclama cuatro años de prisión, la pena máxima prevista para el delito contemplado en el artículo 417.2 del Código Penal.
Este artículo castiga a la autoridad o funcionario público que revele secretos personales que haya conocido en razón de su cargo o función y que no deban ser divulgados.
Además, se solicita una multa de 108.000 euros, suspensión del empleo por tres años (posterior al cumplimiento de la pena privativa de libertad) y la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.
Con el firme respaldo del Gobierno, incluido el presidente Sánchez, García Ortiz ha atravesado la instrucción sin renunciar y llega a la vista en ejercicio, a pesar de las peticiones de numerosos sectores de la carrera fiscal para que dimitiera.
3) Hechos fundamentales
La acusación se centra principalmente en la divulgación en la Cadena Ser del contenido de un correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por Carlos Neira, abogado de González Amador en el expediente abierto contra él en la Agencia Tributaria, dirigido a la Fiscalía de Delitos Económicos.
En ese correo, Neira proponía un acuerdo de conformidad y afirmaba que «efectivamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».
Esa frase incriminatoria, escrita en nombre de González Amador por su propio abogado, fue difundida por primera vez en el programa informativo de la Ser a las 23:25 horas del 13 de marzo de 2024.
La información aclaraba que la propuesta para alcanzar un acuerdo de conformidad (con reducción de pena a cambio de asumir los hechos y pagar la multa) provenía del defensor del empresario.
Con ello desmentía una noticia publicada por El Mundo a las 21:29 horas del 13 de marzo bajo el titular La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales.
Ese titular era «completamente falso» y el medio difundió una «información tergiversada», señala la defensa del fiscal general.
Frente a esta falsedad, García Ortiz solicitó a Pilar Rodríguez, a las 21:34 horas del 13 de marzo, recabar todos los correos intercambiados entre el fiscal del caso, Julián Salto, y Neira desde el 2 de febrero.
El objetivo era elaborar una nota de prensa aclaratoria sobre la actuación de la Fiscalía de Madrid, que, según García Ortiz, había sido cuestionada al insinuarse que actuó con intenciones políticas (que la pareja de Ayuso admitiera los delitos) en lugar de profesionales. La nota fue difundida finalmente el 14 de marzo a las 10:22 horas.
Está confirmado que el fiscal general recibió el último correo entre Salto y Neira a las 23:36 horas del 13 de marzo. Sin embargo, el primer correo —»efectivamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública»— llegó a su poder a las 21:59 horas.
4) Las evidencias
No existen pruebas directas que impliquen a García Ortiz en la filtración del correo de 2 de febrero a la Cadena Ser.
Una posible condena debería basarse en indicios recogidos en la instrucción realizada por Hurtado, que la Sala de Apelación respaldó.
Los escritos de acusación resaltan la secuencia temporal de los hechos: un correo que permaneció sin filtrarse durante seis semanas, revelado justo cuando llegó al fiscal general.
Asimismo, a diferencia del expediente tributario, los correos entre Neira y Salto fueron conocidos por un número limitado de personas.
Se destaca también que García Ortiz pidió a la fiscal jefe de Madrid que reenviara los correos a su cuenta personal de Gmail, en lugar de la oficial, lo que, según la acusación, «le permitió luego eliminar el registro de operaciones».
Las acusaciones acusan además tres hechos adicionales.
Primero, los mensajes de Whatsapp de Pilar Rodríguez en los que ella «supone» que «se ha difundido la información por la FGE», haciendo referencia al expediente de la Agencia Tributaria y a la denuncia contra González Amador, difundidos desde la mañana del 13 de marzo por eldiario.es.
En segundo lugar, el testimonio de cargo de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró ante el instructor haber recriminado a García Ortiz por la filtración de los correos.
Por último, el hecho de que el fiscal general borrara su teléfono móvil y cambiara de dispositivo.
Según la defensa, ninguno de estos elementos permite atribuir a García Ortiz la filtración del correo del 2 de febrero.
La sincronía cronológica era razonable: tanto Fiscalía General como medios intentaban verificar la veracidad de la información publicada por El Mundo.
La Abogacía del Estado sostiene además que la eliminación de la cuenta personal de García Ortiz ocurrió solo tras la difusión de un informe de la UCO con numerosos datos personales, cuando su seguridad fue puesta en riesgo.
Respecto al borrado del móvil, la defensa explica que se trata de una «práctica habitual» del fiscal general, dada la sensibilidad y relevancia de la información que maneja.
El escrito también señala que fue el propio abogado de González Amador quien vulneró la confidencialidad de sus comunicaciones con el fiscal Salto: está comprobado que envió el correo del 2 de febrero a un abogado del Estado ajeno al caso, así como remitió a su cliente —y este a Miguel Ángel Rodríguez— un correo enviado por Salto a Neira que fue difundido por El Mundo. Rodríguez ha reconocido haber facilitado información a ese medio y a otros, incluyendo el mencionado correo del fiscal al letrado.
Sin embargo, la defensa se apoya principalmente en periodistas de varios medios que aseguran haber conocido el contenido del correo del 2 de febrero antes de que el fiscal general lo recibiera. Este punto es crucial, pues haría caer la acusación contra García Ortiz.
5) La Sala
El tribunal que juzga a García Ortiz está encabezado por Martínez Arrieta e integrado por Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Ana Ferrer y Susana Polo, quien será la ponente de la sentencia.
En cuanto a la sensibilidad ideológica, la Sala estaría compuesta mayoritariamente por cuatro magistrados conservadores, mientras que tres (Arrieta, Ferrer y Polo) son considerados progresistas.
Aunque la clasificación ideológica dentro del Tribunal Supremo es delicada, en este caso ya se ha evidenciado una fractura de este tipo: la Sala de Apelación aprobó enviar a juicio al fiscal general con los votos de dos magistrados conservadores (Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres), en oposición al voto discrepante del progresista Andrés Palomo.