Cerca de 40 miembros del Parlamento Europeo, pertenecientes a cuatro grupos políticos, instan a detener la financiación hacia todas las fuerzas de seguridad libias, ante el notable aumento de la violencia en el mar en los últimos años.
Treinta y ocho parlamentarios europeos de cuatro grupos políticos enviaron una carta a la Comisión Europea solicitando la suspensión de fondos a todas las fuerzas de seguridad libias.
Los eurodiputados exigieron a la Comisión que condene lo que denominan como actos violentos de la Guardia Costera Libia contra embarcaciones humanitarias en el Mediterráneo, y que se “paren de inmediato todo tipo de apoyo — financiero, técnico u operativo — a la LCG, a la Dirección para la Lucha contra la Migración Ilegal (DCIM) y a cualquier otra entidad libia”.
Tras la caída del dictador Muamar Gaddafi y el fin de la guerra civil en 2020, Libia sigue políticamente fragmentada, con dos estructuras que gobiernan diferentes zonas del país.
El Gobierno de Unidad Nacional (GNU), reconocido internacionalmente, tiene su sede en Trípoli y está liderado por el primer ministro Abdul Hamid Dbeibah. El GNU controla la parte occidental del territorio.
En tanto, en el este y sur predominan las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF), dirigidas militarmente por el general Jalifa Haftar, junto con una administración rival, la Cámara de Representantes.
Un portavoz de la Comisión Europea describió el diálogo de la semana pasada entre la UE y ambas partes en Libia como “abierto y constructivo”.
Tanto representantes del GNU como los de Haftar abordaron los recientes incidentes y coincidieron en que “el respeto a los derechos humanos debe prevalecer en toda cooperación”, afirmó el portavoz.
No obstante, el aumento de episodios violentos en el mar refleja una escalada en los enfrentamientos con las distintas facciones en el poder en Libia, según el grupo de eurodiputados autores de la carta.
En años recientes, varias unidades armadas libias han protagonizado múltiples ataques documentados contra embarcaciones de migrantes, buques de rescate y pesqueros en aguas internacionales.
En agosto, la tripulación de la ONG Ocean Viking habría sufrido un intenso fuego durante varios minutos por parte de una embarcación de la Guardia Costera Libia financiada por la UE, bajo control del gobierno en Trípoli.
Un informe reciente de la ONG Sea-Watch documenta 60 incidentes marítimos violentos provocados por la Guardia Costera Libia y otros actores libios.
Esto generó inquietudes entre miembros del Parlamento acerca del papel de la UE en la financiación de las fuerzas libias, responsables de combatir el tráfico humano y respetar los derechos de los migrantes.
“Esta colaboración persistente constituye un uso inadecuado de fondos de la UE, contraviene el acervo europeo y, además, pone en riesgo el frágil proceso de paz en Libia, incrementa la inestabilidad en la frontera marítima de la UE y menoscaba la credibilidad de la UE como actor en política exterior”, expresaron en la carta los eurodiputados de Socialistas y Demócratas (S&D), Renew Europe, Greens/EFA y El Grupo de la Izquierda, a la que tuvo acceso Euronews.
Desde 2017, la Comisión ha brindado apoyo material, técnico y formación a las autoridades libias por medio de diversos programas europeos. El principal es el Fondo Fiduciario de Emergencia para África (EUTF for Africa), que destinó un total de 465 millones de euros hasta 2021.
La ayuda al país siguió bajo otro programa, el instrumento NDICI–Global Europe, durante 2021-2027, con un presupuesto total de 65 millones de euros enfocados en protección y gestión fronteriza. Sin embargo, no está claro qué parte de estos fondos llega directamente a la Guardia Costera Libia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una suma adicional de 675 millones de euros para países del norte de África en una carta enviada a los jefes de Estado de la UE antes de la cumbre europea del jueves.
Problemas con los fondos
Gran parte de estos recursos han sido calificados como polémicos tanto por organizaciones de la sociedad civil como por algunas instituciones de la UE.
En septiembre de 2024, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe sobre la gestión de los fondos EUTF, siendo la primera vez que una institución de la UE señala que el bloque de 27 miembros no está abordando adecuadamente los riesgos en materia de derechos humanos.
Los demás fondos bajo el reglamento NDICI excluyen específicamente la financiación de actividades que “puedan resultar en violaciones de derechos humanos en países socios”. No obstante, el flujo de dinero continúa a pesar de las evidencias de abusos contra migrantes.
Una Misión Independiente de Investigación de la ONU en Libia, en marzo de 2023, identificó que algunas autoridades libias apoyadas por la UE estuvieron involucradas en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo trata de personas, trabajo forzado, hambre, violencia sexual y tortura.
Además, el Defensor del Pueblo Europeo determinó que la Comisión incurrió en mala administración al negarse a publicar evaluaciones sobre sus proyectos en Libia.
Entre otras demandas incluidas en la carta de los eurodiputados figuran la creación de una misión de búsqueda y rescate coordinada por la UE en el Mediterráneo central, la presión sobre el gobierno italiano para suspender el Memorando de Entendimiento de 2017 con Libia, y la petición a la Comisión de no involucrarse con entidades no reconocidas como las fuerzas bajo control de Haftar, situación que ha ocurrido en los últimos meses.
Una solicitud similar de la sociedad civil europea para dejar de financiar a la Guardia Costera Libia fue rechazada recientemente por la Comisión.
Euronews contactó a la Comisión Europea para confirmar la recepción de esta carta y obtuvo respuesta, aunque sin confirmación al momento de la publicación.
En su propia carta dirigida a los 27 estados miembros, von der Leyen reiteró el compromiso de la UE de colaborar con Libia y otros países del norte de África para prevenir salidas desde las costas sur del Mediterráneo.