Las claves
Tras siete años de pesquisa, el juicio por la ‘operación Kitchen’ ha quedado ahora a la espera de sentencia en la Audiencia Nacional.
Villarejo ha restado importancia a sus agendas y grabaciones, argumentando que se trataba de apuntes sin fecha concreta y audios vinculados a su labor como agente de inteligencia.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta 19 años de cárcel para Villarejo y 15 años para altos cargos del Ministerio del Interior por planear una operación parapolicial contra Luis Bárcenas.
La acusación sostiene que la red pretendía espiar y sustraer documentos comprometedores para el PP y sus líderes, robando información que debía ser entregada a la Justicia.
Esta mañana, la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional ha declarado finalizado el juicio por la ‘operación Kitchen’, cuya investigación judicial comenzó el 7 de noviembre de 2018, un año después de la detención del excomisario José Manuel Villarejo.
La detención y las evidencias recogidas en los registros de su vivienda y oficinas originaron una causa enorme que sacudió a banqueros, compañías del Ibex, además de altos cargos del PP como Mariano Rajoy, ministros socialistas como Dolores Delgado y se extendió incluso a conversaciones sobre el negocio de saunas del padre de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Pasados siete años y nueve meses, Villarejo ha ejercido su derecho a la última palabra para minimizar el peso de sus agendas y de las numerosas grabaciones clandestinas realizadas durante décadas a quienes conversaban con él.
“Mis apuntes eran atemporales, [eran] para uso como recordatorio en su momento, debido a la cantidad de asuntos… Pero hoy no podría explicar ciertas cosas”, declaró en esta última sesión.
En cuanto a los audios, indicó que “formaban parte de mis funciones como agente de inteligencia”.
“No existía ninguna intención maliciosa, prueba de ello es que se conservaron. Lamento sinceramente cualquier daño ocasionado a quienes se vieron implicados. Sin embargo, son comentarios en ambientes informales”, afirmó.
“Sigo confiando en que la verdad emergerá y me siento tranquilo ante la decisión que tome el tribunal”, concluyó.
Sólo otros dos procesados, Andrés Gómez Gordo y Sergio Ríos, se dirigieron al tribunal para recalcar su convicción de haber participado en una operación policial legítima y para solicitar que los magistrados consideren los cinco años que llevan suspendidos de sus funciones como policías.
La Fiscalía Anticorrupción reclama la condena para la cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Rajoy, al considerar que en 2013 tramaron una operación ilegal parapolicial, financiada con fondos reservados y otros recursos públicos, con el fin de espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y sustraerle “documentación que pudiera comprometer al partido y a sus líderes”.
Además, se acusa de sustraer esa información a la Justicia, que entonces avanzaba en la investigación del caso Gürtel.
Anticorrupción pide 15 años de prisión para Jorge Fernández Díaz, ministro de Interior en ese momento, a quien señala como cabeza de la trama.
La misma pena se solicita para el exsecretario de Estado Francisco Martínez y para Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía.
Para Villarejo se reclaman cuatro años adicionales, sumando un total de 19 años de cárcel.