Las claves
Las comunidades autónomas bajo gobiernos del PP solicitan aplazar la reunión sobre financiación con Hacienda hasta septiembre, tras el pacto alcanzado entre Canarias y el Ejecutivo central.
Los responsables de Hacienda del PP critican que el modelo de financiación planteado se impone sin diálogo ni datos completos para todas las regiones.
Canarias ha logrado un acuerdo con el Gobierno central que le proporcionaría 1.300 millones de euros adicionales cada año, rompiendo la cohesión del bloque autonómico del PP.
El Gobierno central mantiene la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para votar la reforma del sistema de financiación y la condonación parcial de la deuda autonómica.
El viernes, en Génova, ya había sospechas de que Fernando Clavijo tramaba una «traición» hacia su socio de Gobierno. En la sede nacional popular se daba por hecho que el presidente de Canarias aprovecharía el periodo preelectoral para obtener «más beneficios» en la negociación con un Gobierno «urgido» de evitar la soledad política.
Moncloa busca evitar otra imagen de rechazo unánime, excepto el de la «privilegiada» Cataluña, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles.
La respuesta fue inmediata y, organizada desde la sede nacional del Partido Popular, se comenzó a diseñar una respuesta conjunta. Las autonomías del PP de régimen común establecieron un ultimátum: si Hacienda no aplaza la reunión al menos hasta septiembre, planean no asistir.
Varias fuentes de gobiernos autonómicos populares califican la acción del presidente canario como «una traición total». Culpan al PSOE de haber intentado, una vez más, «dividir el Gobierno entre Coalición Canaria y el PP en las islas».
Por ello, todos los consejeros de Hacienda populares, salvo la de Canarias por lealtad al presidente nacionalista, firmaron una carta conjunta dirigida a Arcadi España, accesible para EL ESPAÑOL.
En la carta exigen posponer la reunión «al menos» hasta septiembre, ya que continúan denunciando que este modelo de financiación es «una imposición» de Moncloa tras un acuerdo con «los separatistas».
Borradores y carta
La dirección de Génova, junto con sus autonomías, diseñó una estrategia de respuesta en dos niveles.
Los técnicos de cada consejería se reunirán con el Ministerio para preparar la sesión, aunque los consejeros no se comprometen a participar en una reunión destinada sólo a votar.
Asistirán a la convocatoria y atenderán a los medios de comunicación, pero si el ministro no acepta sus demandas, planean no entrar a la sesión. «Sólo para votar no vamos, queremos negociar lo que corresponde a todos«, resumen fuentes autonómicas del PP.
El mensaje político está claro: todos reconocen que «se requiere» una nueva financiación autonómica, pero rechazan que se apruebe «sin un diálogo auténtico» y «sin datos completos para todas las comunidades».
Durante el fin de semana se intercambiaron borradores de la carta entre las 13 consejerías, hasta concretar el texto enviado este lunes al ministro. En el PP se excluyó deliberadamente a la consejera canaria, Matilde Pastora Asian, debido al acuerdo que Clavijo venía negociando con Hacienda.
La misiva demanda «las condiciones mínimas de información y plazo» para una decisión de «tal trascendencia». Los consejeros critican que el Ejecutivo pretenda aprobar «de forma apresurada» un modelo «resultado de un pacto bilateral con ERC» y «a espaldas» del resto de territorios.
El texto denuncia que Hacienda sólo ha remitido borradores, actas y primeros cálculos, pero no las simulaciones «completas y homogéneas» del impacto del sistema, ni la memoria de cálculo del reparto, en particular del mecanismo de nivelación vertical.
Argumentos políticos
Los gobiernos autonómicos recuerdan que el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) se reunió el 14 de julio. Las autonomías presentaron alegaciones importantes respecto a población ajustada, criterios de nivelación, fondos específicos y gradualidad en la implementación.
«No es cierto que neguemos la negociación», insisten desde las comunidades del PP.
Sin embargo, la documentación completa de dicha reunión no fue enviada hasta el 24 de julio. Quedaban apenas tres días hábiles antes del CPFF, un tiempo que los consejeros consideran insuficiente para analizar el modelo y sugerir modificaciones.
El PP acusa además al Gobierno de «falta de sensibilidad» por mantener la convocatoria en plena emergencia nacional por incendios. Señalan que tres comunidades están afectadas y unas 100.000 personas evacuadas o confinadas, en una crisis «sin precedentes».
Las comunidades populares también enfatizan el contexto presupuestario. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se extienden para 2024, 2025 y 2026, y no existen objetivos de estabilidad aprobados para 2027.
Simultáneamente, Génova presenta otro argumento político de peso.
Recuerda que María Jesús Montero dejó el «sudoku de financiación y deuda» a Arcadi España tras irse «como candidata derrotada» en Andalucía.
Este diario adelantó que la nueva financiación se impondría contrariamente a todas las comunidades, incluyendo las del PSOE, como Asturias y Castilla-La Mancha, que mantienen su rechazo al modelo aunque no apoyan el plantón este miércoles.
Los gobiernos socialistas de Adrián Barbón y Emiliano García-Page también han expresado sus reservas frente a un modelo que «favorece a Cataluña». No comparten la asignación de fondos específicos ni la forma en que el sistema considera la población y los servicios esenciales.
La jugada de Clavijo
En este contexto se enmarca la acción de Clavijo. El presidente canario se reunió este lunes en Las Palmas con Arcadi España y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, su rival del PSOE en las autonómicas de mayo.
De ese encuentro surgió el acuerdo que desintegra el bloque autonómico del PP. Canarias respaldará el nuevo modelo porque considera que reconoce sus particularidades mediante propuestas «razonables» y sin perjuicio para otras regiones.
El Ejecutivo canario estima haber obtenido del Gobierno central una reforma que otorgará 1.300 millones de euros adicionales anuales para servicios esenciales.
También logró un adelanto en partidas vinculadas a la «Agenda Canaria», que es fundamental en el pacto de investidura con Sánchez.
En Génova reconocen la lógica estratégica de Clavijo desde su perspectiva. «El modelo probablemente no se aprobará, porque Junts lo rechazará, pero él desarma al PSOE de Torres y, si finalmente se aprueba, obtiene 1.300 millones como regalo«, resumen fuentes populares.
Mientras tanto, Hacienda mantiene la convocatoria del CPFF para este miércoles. El Gobierno pretende someter a votación la reforma de la financiación y avanzar en la condonación parcial de la deuda: hasta 83.252 millones de euros de las comunidades de régimen común que asumirá el Estado.