Las claves
El Gobierno ha retirado el decreto de alquileres debido al rechazo de Junts y Podemos, posponiendo su aprobación hasta septiembre.
El decreto contemplaba una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler hasta 2028, límites en los precios y medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda.
La reforma de la ley del suelo junto a otras iniciativas del texto han generado el principal desacuerdo entre los socios parlamentarios.
La ruptura con Junts y la distancia con Podemos muestran las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante nuevas propuestas sociales.
El Gobierno ha optado por no presentar este martes en el Consejo de Ministros el real decreto de vivienda que PSOE y Sumar acordaron para congelar los alquileres hasta 2028. Moncloa admite que el texto carecía de viabilidad al no contar con el respaldo ni de Junts ni de Podemos, ambos esenciales para su convalidación en el Congreso.
La decisión se tomó tras comprobar en las últimas horas que las advertencias de Podemos y el rechazo explícito de Junts, transmitido este mismo lunes por su portavoz Míriam Nogueras, no eran meros gestos de negociación, sino un veto real al paquete tal como estaba formulado.
Frente a la perspectiva de constatar de nuevo su minoría parlamentaria, otro decreto rechazado en la Cámara y una nueva inseguridad jurídica para miles de contratos de alquiler, el Ejecutivo ha preferido frenar la aprobación y aplazarla hasta después del verano.
Fuentes gubernamentales reconocen que el decreto de vivienda se había transformado en un símbolo de la inestabilidad de la legislatura: un texto presentado como un «escudo para los inquilinos» que, sin embargo, evidenciaba la ruptura definitiva con Junts y la distancia creciente con Podemos, ya en modo precampaña.
La decisión de detener la aprobación inmediata busca ganar tiempo. Teóricamente, para reconstruir puentes y restaurar el equilibrio entre socios. Pero, sobre todo, para usarlo como herramienta de precampaña del Gobierno, junto a unos Presupuestos que igualmente carecen de apoyos, dado que Junts confirmó el jueves su rechazo a la senda de déficit.
El Gobierno ha decidido postergar la aprobación del decreto de Vivienda «hasta el mes de septiembre», con el objetivo de alcanzar «un acuerdo con las fuerzas parlamentarias», confirman fuentes de Moncloa.
La primera consecuencia de este cambio es que el decreto no será ni siquiera debatido en la mesa del Consejo de Ministros, pese a que su aprobación estaba prevista desde la semana pasada, tras un pacto en el que PSOE asumía medidas altamente intervencionistas, rechazadas por Junts, y Sumar aceptaba la reforma de la ley del suelo, no respaldada por Podemos.
Prórroga hasta 2028
El texto, ahora suspendido, incluía la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler hasta 2028, la integración de las habitaciones y los alquileres de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos, el aumento al 21% del IVA de los pisos turísticos y modificaciones importantes en la ley del suelo.
Justamente esa reforma urbanística, que afecta a recursos contra planes, derechos de reversión y agilización de proyectos, es considerada por Podemos como un «trato preferencial» para grandes empresas.
Todas estas disposiciones, calificadas por Junts como «contra los pequeños propietarios» y «altamente perjudiciales para la oferta de viviendas», representan una amenaza para el mercado y la seguridad jurídica.
«Después de semanas intensas de negociación», señalan fuentes del Gobierno, «el Ministerio de Vivienda sigue creyendo en la posibilidad de un acuerdo amplio y transversal» para impulsar un «paquete ambicioso que otorgue estabilidad a quienes viven de alquiler» y que «potencie la oferta de vivienda asequible».
A pesar del «rechazo rotundo» tanto de Podemos como de Junts al texto, las fuentes gubernamentales reconocen «la responsabilidad y generosidad de todos los grupos».
El Ejecutivo sostiene que «el acuerdo está más próximo que en cualquier otro momento de esta legislatura». Y señalan a «la premura en el calendario» como el principal obstáculo, dadas las complejidades del texto.
Desde septiembre, el Gobierno intentará fragmentar o reformular el paquete, consciente de que la prórroga de alquileres cuenta con respaldo social y sindical.
Meses de tensión
El decreto de vivienda que PSOE y Sumar habían cerrado tras meses de tensiones internas se presentaba como una pieza central de la agenda social del Gobierno, prometiendo congelar los alquileres hasta 2028 y reforzar los topes intervencionistas en áreas tensionadas.
El borrador, que se distribuyó entre los grupos la semana pasada, extendía la prórroga obligatoria de los contratos, asegurando prórrogas forzosas para inquilinos cuyos contratos vencieran antes de junio de 2028 y evitando incrementos de precios durante ese lapso.
Además de la prórroga, el texto abordaba por primera vez los alquileres por habitaciones como un conjunto: la suma de los alquileres por unidad no podía superar el precio total de la vivienda.
Asimismo, se fortalecía la protección jurídica de los inquilinos sobre los propietarios en devoluciones de fianzas y reparaciones, que ahora corresponderían al arrendador cuando las reparaciones son por uso ordinario.
Incentivos y suelo
Otro apartado del decreto estaba orientado a activar la vivienda asequible a través de incentivos fiscales y una línea de avales del ICO de hasta 2.000 millones para financiar vivienda social y construcción industrializada, además de la obligación de publicar el índice de referencia en los anuncios de alquiler.
El elemento más polémico, y finalmente foco del bloqueo, era la reforma de la ley del suelo, con modificaciones en los recursos contra instrumentos de planeamiento y en la cancelación de derechos de reversión sobre terrenos expropiados.
Podemos indicó que no negociaría si antes no se retiraba esa parte del articulado.
Para los morados, esos cambios abren la vía a «legalizar proyectos urbanísticos irregulares con efectos retroactivos» y a «reducir controles sobre desarrollos futuros».
Dimisión y elecciones
Junts, a su vez, mantiene desde noviembre de 2025 una «ruptura definitiva» con Sánchez, y solo apoya normas negociadas directamente con ellos que, según su doctrina, «beneficien a Cataluña» o sean negociadas expresamente con la formación de Carles Puigdemont.
El precedente de febrero —cuando Junts tumbó junto a PP y Vox el llamado «decreto ómnibus» con medidas contra desahucios, escudo social por la guerra y subida de pensiones— influye actualmente en cada movimiento de Moncloa.
En aquel momento, la caída de la norma dejó en el limbo miles de renovaciones forzosas y elevó la litigiosidad, una situación que el Gobierno busca evitar ahora y que ha sido decisiva para no arriesgar un nuevo decreto sin mayoría clara.
Con el decreto de vivienda aplazado hasta después del verano, el Ejecutivo afronta un verano de resistencia con la necesidad de reconstruir relaciones con Junts, que ya ha votado junto a PP, Vox y UPN para exigir la dimisión de Sánchez y elecciones anticipadas.
La vivienda, convertida en campo de batalla entre socios y aliados, será uno de los primeros desafíos a la vuelta del verano, ya sea en la legislatura o en la precampaña.