El presidente de la aerolínea admite ahora que el «control efectivo» lo poseía el venezolano Rodolfo Reyes, mientras que la Sepi ratificó el rescate bajo el supuesto de que el mando estaba en manos españolas
En marzo de 2021, el Gobierno autorizó el rescate a Plus Ultra basándose en una estructura accionarial y de control falsa y distorsionada. Esto se desprende de la contradicción que surge al comparar la declaración más reciente ante el juez del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, con la documentación entregada para el rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
En el escrito presentado al juez, Martínez Sola explica que en ese momento el control de Plus Ultra lo ejercía Rodolfo Reyes, venezolano, con un 64%. Dice: «Rodolfo Reyes, como representante del accionista mayoritario (64%), con control en el Consejo y director general (2017-2021), tenía el poder en la compañía». Martínez Sola, quien entonces era vicepresidente, atribuye a Reyes la responsabilidad de los supuestos delitos vinculados con Zapatero, pero revela un dato que podría cuestionar la legalidad del rescate estatal otorgado hace cinco años.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) solo reconoce como españolas y concede licencia de explotación a las aerolíneas que cumplen la condición de que «más del 50% de la propiedad de la compañía, así como su control efectivo, esté en manos de los Estados miembros o de sus nacionales». Esto significa que si el «control efectivo» lo ejerce un ciudadano venezolano, la aerolínea no puede ser considerada como titular de una licencia de explotación válida en España y, por ende, no habría cumplido con los requisitos para obtener un rescate estatal de 53 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
De acuerdo con el escrito de Martínez Sola, «Rodolfo Reyes mantuvo el control efectivo de la compañía hasta su salida del accionariado en octubre de 2025». La documentación enviada a la SEPI en 2021 indicaba que la nacionalidad de Reyes era «venezolana», con un número de identificación fiscal de extranjero.
La entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió la ayuda estatal argumentando que la aerolínea era estratégica para España al contar con «licencia tipo A» otorgada por AESA. Sin embargo, fuentes oficiales de Plus Ultra restan importancia al nuevo dato sobre Rodolfo Reyes, ya que afirman que él solo era «representante» de una sociedad española llamada Snip Aviation, en la que «la socia mayoritaria y propietaria era Aurora López, esposa de Rodolfo y de nacionalidad española».
No obstante, del escrito judicial de Martínez Sola surge no solo la mencionada contradicción acerca de que Reyes tuviera el control de la empresa. También aparece otra discrepancia: el porcentaje que Snip Aviation poseía en la aerolínea, según informó la propia empresa a la SEPI y a la AESA -véase la imagen adjunta- en 2021, no era del 64%, sino del 45,33%.
Respecto a esta cifra, fuentes oficiales de Plus Ultra explican a este medio que debe sumarse el 11,47% de FlySpain. No obstante, esta última sociedad se presentó ante la SEPI como una entidad distinta y no vinculada con Snip Aviation. De hecho, Plus Ultra declaró que FlySpain estaba representada no por Reyes, sino por Fernando González Enfedaque, fundador de Plus Ultra antes de la llegada del grupo venezolano.
En su informe jurídico crucial, el asesor de la SEPI, Deloitte, también definió a Snip Aviation y FlySpain como socios distintos y no evidenció haber tenido conocimiento de la venta de FlySpain a Rodolfo Reyes, como sostiene Martínez Sola que ocurrió. «Actualmente no existen pactos de accionistas vigentes relacionados con la sociedad», aconsejó Deloitte a la SEPI. Si era claro que Reyes poseía ambas, queda sin resolver la razón por la cual no se reflejó en el informe legal.
De forma similar, la SEPI asumía que Snip Aviation no ostentaba la mayoría, debido a que estableció una cláusula que obligaba a Plus Ultra a devolver anticipadamente todo el rescate en caso de producirse alguna de estas dos condiciones, según publicó este diario el 19 de abril: «Una modificación en la composición accionarial que supere el 50% del capital social; o la transferencia total o parcial del capital social de la financiada en manos de Snip Aviation». Esta última salió del accionariado el año pasado, conforme a lo declarado por Martínez Sola, pero la SEPI no exigió la devolución de los fondos.
Actualmente no existen dudas sobre la presencia de accionistas españoles en Plus Ultra, aunque ¿existían en el momento del rescate? De acuerdo con la guía de AESA para aerolíneas que desean mantener la licencia en España, deben comunicar cualquier cambio de control a favor de extranjeros.
«Según la interpretación de AESA, el Reglamento (CE) 1008/2008 del Consejo busca evitar que el control efectivo sea ejercido colectivamente por grupos de accionistas no europeos. En todos los casos donde los nacionales no europeos tengan una influencia significativa, debe asegurarse que la última decisión resida en manos de inversores europeos«, señala AESA, organismo dependiente del Ministerio de Transportes.