Bruselas impuso a Google una multa de 890 millones de euros bajo su normativa para Big Tech por favorecer sus propios servicios en los resultados de búsqueda y limitar a los desarrolladores de aplicaciones, mientras Washington prepara un nuevo paquete de aranceles comerciales debido a la expiración de los actuales.
La Comisión Europea anunció el jueves una sanción de 890 millones de euros a Google por presuntas prácticas de auto-preferencia y trato desigual hacia los desarrolladores de aplicaciones, justo cuando la administración Trump se prepara para aplicar una nueva ronda de aranceles comerciales.
ADVERTISEMENT 
ADVERTISEMENT
La multa culmina una investigación iniciada por la Comisión en marzo de 2024 bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA), que establece una serie de obligaciones y prohibiciones para grandes empresas tecnológicas que dominan sectores digitales clave.
El punto central del caso, que conlleva una sanción de 460 millones de euros, se refiere al supuesto favoritismo sistemático que Google otorga a sus propios servicios — Google Shopping, Google Hotels, Google Flights — mientras desciende en los resultados a los competidores.
La auto-preferencia fue una teoría legal clave en el emblemático caso antimonopolio de Google Shopping, ratificado por el Tribunal de Justicia de la UE en 2024, más de diez años después de iniciada la investigación en 2010.
Posteriormente, el DMA incorporó esta noción con el propósito explícito de acelerar la aplicación de medidas y eliminar muchas de las barreras probatorias exigidas por el derecho antimonopolio tradicional.
La segunda parte del caso, que representa los restantes 430 millones de euros, se basa en las acusaciones de los desarrolladores de aplicaciones que señalan que Google les impide informar a los usuarios cómo salir de su ecosistema, por ejemplo, promocionando ofertas más económicas fuera de su tienda de apps o destacando sistemas de pago alternativos.
Implicaciones de la decisión
Más allá de la sanción económica — y posiblemente con mayor impacto para Google — la Comisión ha ordenado a la empresa poner fin a su incumplimiento: debe tratar los servicios de terceros sin discriminación y permitir que los desarrolladores de aplicaciones se comuniquen libremente con los usuarios.
Google tiene un plazo de 60 días para acatar la decisión de la Comisión, bajo riesgo de enfrentar multas periódicas de hasta el 5% de su facturación global.
Por su parte, Google sostiene que sus servicios están diseñados para optimizar la experiencia del usuario y que modificar sus resultados de búsqueda o políticas de la tienda de aplicaciones perjudicaría el ecosistema digital europeo.
«Esto no es competencia justa; es un deterioro del producto impulsado por un pequeño grupo de reclamantes interesados, mientras que las empresas y consumidores europeos son los afectados. La regulación debería mejorar los productos, no degradarlos», afirmó Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google.
Google ya ha comenzado a probar cambios en su servicio de búsqueda y tienda de aplicaciones. La Comisión indica que seguirá supervisando su implementación y considera que algunos avances son importantes para el cumplimiento.
Google no ha confirmado si planea apelar la resolución.
La conclusión de la investigación es, en esencia, el resultado de un análisis burocrático para determinar si el gigante tecnológico violó las normas estrictas de la UE para mercados digitales justos y competitivos. Sin embargo, podría convertirse en otro foco de tensión en las relaciones transatlánticas.
Tensiones comerciales con EE. UU.
Una multa significativa contra una empresa estadounidense promete ser otro motivo de conflicto con Washington. La administración Trump ha expresado en repetidas ocasiones que considera las normativas digitales de la UE como un «estorbo» comercial, llegando en ocasiones a equiparar tales multas con aranceles comerciales.
Hace un año, Bruselas y Washington pactaron un acuerdo comercial conocido como el acuerdo de Turnberry para resolver su disputa, en el que la UE aceptó eliminar aranceles sobre la mayoría de los productos industriales estadounidenses y establecer un arancel del 15% a sus propias exportaciones.
Tras un fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. que declaró ilegales los aranceles impuestos en 2025, la administración Trump se vio obligada a aplicar nuevos aranceles bajo una base legal diferente.
Dicho régimen está a punto de expirar esta semana, y la Casa Blanca está evaluando nuevos gravámenes que probablemente se centren en trabajo forzoso y sobrecapacidad, tras una investigación de la Sección 301 relacionada con los precios farmacéuticos alemanes.
Las tensiones comerciales entre la UE y EE.UU. ya influyeron en la forma en que Bruselas decidió sancionar a las grandes tecnológicas estadounidenses anteriormente. En septiembre pasado, la multa contra Google por su negocio de publicidad digital fue pospuesta ante la presión interna en la Comisión y del gobierno estadounidense.
El Comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, fue el principal opositor interno a la imposición de sanciones delicadas antes de que se concretara un acuerdo con Washington. Tras hacerse pública esta división, la Comisión procedió con la multa, pero el episodio evidenció la vulnerabilidad de las investigaciones europeas frente a presiones políticas externas.