El magistrado encargado del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha aceptado la solicitud de la UCO, que argumentó que también se beneficiaron de la empresa clave Servinabar.
El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha ampliado la investigación patrimonial vinculada a Santos Cerdán e incluye ahora a su esposa, hija, hermana y cuñado. Ismael Moreno tomó esta medida atendiendo a la petición de la UCO y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.
Ismael Moreno ha ordenado a cinco entidades bancarias que proporcionen a la unidad de la Guardia Civil información sobre alrededor de treinta cuentas bancarias relacionadas con estos familiares, con el objetivo de completar el análisis financiero del ex secretario de Organización del PSOE y su entorno.
El reciente informe patrimonial sobre el ex secretario de Organización del PSOE, elaborado por los investigadores, señala que existen «indicios que sugieren la posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada». Además, se reforzaron las evidencias relativas a las ganancias recibidas por Cerdán «y su entorno» de empresas que habrían canalizado mordidas atribuidas a la constructora Acciona.
«Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el presente escrito ha sido preparado considerando únicamente los productos financieros donde aparece o ha aparecido Santos Cerdán como titular o autorizado, y dado el estrecho vínculo con personas de su círculo familiar como su esposa Francisca Muñoz Cano, su hija Alba Cerdán Muñoz, su hermana María Belén Cerdán León y su cuñado Antonio Muños Cano, quienes también habrían recibido beneficios derivados de fondos procedentes de Servinabar, se hace necesario acceder a la información financiera de estos últimos para completar el estudio económico de SANTOS y su entorno».
La propuesta de la UCO obtuvo el apoyo del fiscal del caso y fue aprobada por el juez Moreno. Esta decisión se toma dentro de la pieza separada del caso Koldo que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas a varias constructoras, entre las que destaca Acciona.
En el informe entregado la semana pasada al juez, la UCO reflejó el control que ejercía Cerdán sobre los ingresos de la constructora Servinabar, de la cual se considera que era copropietario junto al empresario Antxon Alonso. Los agentes concluyen que Cerdán dispuso de «fuentes de ingresos» no declaradas y que a través de esta entidad pagó gastos personales durante casi diez años.
Por ejemplo, negoció la compra de una propiedad valorada en cerca de un millón de euros en el centro de Madrid. Este dato, junto con los bienes efectivamente utilizados, evidencia el pleno acceso de Santos a los fondos de Servinabar.
La Guardia Civil ha confirmado que durante una década la familia Cerdán recibió, al menos, 323.178,41 euros procedentes de Servinabar.