La Comisión Europea ha rechazado una Iniciativa Ciudadana Europea que buscaba detener el asilo y la reunificación familiar, además de devolver a los migrantes no europeos «no integrados» a sus países de origen. Los promotores planean presentar un recurso judicial.
Los activistas detrás de la campaña de extrema derecha «Save Europe Act» han decidido llevar a la Comisión Europea a los tribunales tras la negativa de esta a registrar una petición que exige la suspensión de canales legales de migración y la «remigración» de nacionales de terceros países, legalmente residentes pero considerados «no integrados», con el objetivo de evitar lo que describen como «reemplazo demográfico».
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La Comisión denegó la iniciativa el jueves, argumentando que discriminaba por motivos de raza y origen étnico, por lo que consideró que era «manifiestamente contraria» a los valores de la UE, lo que llevó a los organizadores a anunciar acciones legales.
«Creemos que la Comisión actuó en contra del derecho europeo al impedir que los ciudadanos soliciten medidas específicas», declaró a Euronews Martin Sellner, activista austríaco y líder del movimiento, además de defensor destacado de la remigración. Explicó que el equipo legal del grupo está listo para presentar una demanda tan pronto como el lunes.
La petición propone una suspensión temporal de los «canales migratorios no occidentales», incluyendo visas de estudio y reunificación familiar.
También pide el retorno a sus países de origen no solo de migrantes irregulares, sino también de nacionales no europeos con residencia legal que sean considerados «no integrados» o un «grave peso cultural o económico» para los estados miembros.
El concepto de «remigración» ha ido ganando apoyo entre ciertas formaciones de extrema derecha en Europa.
Según la página de la campaña, cuenta con el respaldo de figuras nacionalistas como Viktor Orbán en Hungría, Santiago Abascal en España, George Simion en Rumania y Roberto Vannacci en Italia.
Una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que cumple con los requisitos debe ser considerada por las instituciones de la UE si logra reunir un millón de firmas procedentes de un mínimo de siete países miembros.
Posteriormente, la Comisión debe indicar qué medidas, si alguna, piensa adoptar, mientras que el Parlamento Europeo está obligado a organizar una audiencia con los organizadores y puede votar una resolución al respecto.
La campaña afirma haber recopilado ya de forma informal cerca de 600,000 firmas y la semana pasada celebró una manifestación con aproximadamente 200 seguidores frente al Parlamento Europeo en Bruselas, solicitando el registro de la iniciativa.
La Comisión señaló que la propuesta de suspensión de canales migratorios se basa en el origen étnico, cultural o civilizatorio de las personas involucradas, en lugar de realizar evaluaciones individuales conforme a la legislación de la UE.
«La decisión [de rechazar el registro] es un acto justo», afirmó Cristina Guarda, eurodiputada de los Verdes/ALE, calificando la petición como «propaganda de odio promovida por la extrema derecha».
Guarda y otros parlamentarios organizaron una contra-manifestación frente al Parlamento Europeo la semana pasada, coincidiendo con la protesta de los activistas.