Las claves
Zapatero afirmó que las joyas encontradas en su despacho fueron un obsequio de cortesía personal y que esclarecerá su origen ante el juez.
El expresidente instauró en 2005 un código ético que impedía aceptar regalos de alto valor, aunque ahora menciona que «es interpretable» y que habría actuado diferente.
La investigación judicial examina si las joyas, valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros, ingresaron legalmente a España y si debían tributar.
Zapatero niega haber cometido delito y asegura que no existió intención de defraudar ni hubo uso patrimonial de las joyas.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ofreció este jueves su primera entrevista a medios tras ser imputado por presunta influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Las joyas halladas durante los registros que la UDEF realizó en su despacho de Ferraz, valoradas inicialmente en 1,3 millones de euros, fueron protagonistas en la entrevista del programa Mañaneros, de TVE.
Zapatero evitó dar detalles sobre su procedencia, limitándose a decir que fueron «un regalo de cortesía personal de hace muchos años» y que aclarará «todas las circunstancias» ante el juez Calama.
«No tenían uso ni finalidad, ni existía afán patrimonial. No habíamos hablado de ellas. Estaban junto a otros regalos familiares y fue una situación bastante negativa», reiteró el expresidente.
Javier Ruiz, conductor del programa, le recordó que, tras acceder al Palacio de la Moncloa, impulsó y aprobó en febrero de 2005 un código ético que prohíbe a todos los miembros del Gobierno y altos cargos aceptar regalos de gran valor que excedan los «usos de cortesía».
«Bueno, será interpretable, como todo, ¿no? Ese código es interpretable, como todo», respondió Zapatero. «Obviamente, como con muchas cosas en la vida, al repasar los hechos, seguramente habría tomado otra decisión en ese momento», añadió.
La norma, aprobada el 3 de marzo de 2005 por el Consejo de Ministros y denominada Código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración del Estado, deja escaso margen a interpretaciones.
Como señaló EL ESPAÑOL cuando surgió el escándalo, el primer artículo establece que la conducta de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración General debe basarse en los «principios éticos» de «integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad, austeridad y honestidad».
En concreto, su artículo 3.6 indica que «se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que exceda los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos y otras prestaciones económicas que puedan influir en el desempeño de sus funciones».
Además, el mismo artículo señala que para los obsequios institucionales de mayor valor, se incorporarán al Patrimonio del Estado, según lo estipulado por la Ley 33/2003.
El código ético aprobado por el expresidente no supone un problema legal para Zapatero, sino más bien político, debido a la aceptación de un regalo que, de confirmarse su alto valor, difícilmente se ajustaría a los «usos habituales, sociales y de cortesía» que define la norma.
No obstante, la investigación judicial toma otro rumbo. El juez José Luis Calama le imputa provisionalmente un posible delito de contrabando y otro contra la Hacienda Pública, dada la falta de pruebas sobre el origen de las joyas, su forma de ingreso en España y si su compra generó obligaciones fiscales.
Zapatero negó ambas imputaciones. «En absoluto existió intención de defraudar», afirmó, insistiendo en que las piezas no tuvieron «uso» ni respondieron a ningún «afán patrimonial».
Estos aspectos serán cruciales para determinar si las joyas se introdujeron en España sin declarar y si debían tributar. Asimismo, lo será su valoración real, tras la tasación inicial que las situó por encima de 1,3 millones de euros.
La fecha exacta en que recibió estos objetos también será fundamental. Cuando se conoció su existencia, fuentes cercanas al expresidente indicaron que el regalo fue en 2007, mientras aún ocupaba el Palacio de la Moncloa.
Si se confirma esta versión, se deberá resolver si las posibles responsabilidades fiscales o penales han prescrito.
Al declarar como investigado el pasado 17 de junio ante el magistrado, Zapatero se abstuvo de responder preguntas sobre las joyas.
El expresidente solicitó posponer el interrogatorio relativo a las joyas hasta una nueva declaración, argumentando necesitar reunir documentos que avalen su procedencia.
Sin embargo, el juez Calama rechazó ese aplazamiento y, ya en la sala, el exsecretario general del PSOE decidió acogerse a su derecho a no contestar sobre este asunto.
Durante la entrevista, el expresidente volvió a reiterar que dará las explicaciones pertinentes ante el juez.