El empresario Julio Martínez Martínez ha comenzado a colaborar con la Justicia ofreciendo una extensa declaración judicial.
El empresario alicantino Julio Martínez Martínez testificó este martes en la Audiencia Nacional que fue el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero quien le adelantó que el Ejecutivo aprobaría el rescate a la aerolínea Plus Ultra.
De igual forma, negó haber intervenido con la SEPI para conseguir la ayuda pública de 53 millones de euros, según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO. El juez José Luis Calama emitió entonces un razonamiento por inferencia, señalando que, al negar su participación, ya se conocía quién había realizado esas gestiones, haciendo una alusión implícita al ex presidente Zapatero.
Martínez Martínez respondió a las preguntas formuladas por el instructor del caso Plus Ultra, la fiscal Anticorrupción Elena Lorente y su abogada María Dolores Márquez de Prado. Su declaración extendió cerca de tres horas y media, según fuentes relacionadas con el caso. Calama llegó a tildarlo de «correveidile» de José Luis Rodríguez Zapatero.
El empresario, que está imputado por presuntamente actuar como testaferro del ex presidente y ex secretario general del PSOE, admitió por escrito que fue Zapatero quien, el 26 de febrero de 2021, le informó que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) iba a aprobar el crédito solicitado por Plus Ultra. La aprobación del crédito tuvo lugar días más tarde en el Consejo de Ministros, concretamente el 9 de marzo de 2021.
Al ser interpelado sobre qué personas habría influido el expresidente del Gobierno en favor de la aerolínea, el imputado afirmó no conocerlo. Sin embargo, confirmó que se cobró una comisión del 1 por ciento por haber conseguido la millonaria ayuda estatal y que fue Zapatero quien determinó que los pagos de la mordida se canalizaran a través de la empresa Análisis Relevante.
La hipótesis de los investigadores —reconfirmada ahora por Martínez Martínez mediante su colaboración judicial— es que esa sociedad fue creada para que el ex presidente pudiera percibir de manera oculta las comisiones recibidas tanto en España como en el extranjero. El juez acusa al ex secretario general del PSOE de liderar una estructura criminal dedicada al tráfico de influencias dentro y fuera del país, vinculada a relaciones en Venezuela, China y Emiratos Árabes.
Desglose de la ‘mordida’
Durante el interrogatorio, Julito —nombre con el que se conoce a este empresario en los círculos de poder madrileños— corroboró que su influencia en la Administración pública era nula, actuando únicamente como intermediario entre Zapatero y los clientes que la ex autoridad captaba para Análisis Relevante.
Además, explicó que los pagos de la mordida se repartieron entre varias sociedades debido a la presión mediática generada por el rescate, tras la publicación de las primeras informaciones que cuestionaron la concesión de la ayuda a Plus Ultra.
En concreto, se abonaron 249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a la empresa Voli Analítica SL y 110.799,47 euros a IOT Domotic Europe SL. Esta diversificación de pagos entre distintas sociedades pantalla ha sido ratificada en declaraciones similares por los directivos de Plus Ultra, el propietario Julio Martínez Sola, y el CEO Roberto Roselli, quienes también decidieron colaborar con la Justicia.
Por otro lado, el imputado aseguró que fue Zapatero quien le presentó en Venezuela a Delcy Rodríguez, en aquel entonces vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro y actualmente presidenta interina del país caribeño. Julito pasó a tratar directamente con «la dama» —así la denominó— todos los temas vinculados con dicho país. Ella indicaba a quién debía llamar para cada trámite.
El juez apunta a Whathefav
En otro segmento del interrogatorio, el juez Calama señaló que se investigará a fondo el papel de Whathefav, la empresa propiedad de las hijas de Zapatero que recibía de Análisis Relevante un pago fijo mensual de 5.000 euros como parte del acuerdo con el ex presidente. Según fuentes familiarizadas con la declaración, el instructor dejó claro que no consideraba que las tareas de maquetación de informes justificaran esa cuantía.
A preguntas de su defensa, Julio Martínez explicó que en 2022 Whathefav desempeñó inicialmente las labores de maquetación, pero posteriormente cesó en esos trabajos, aunque él tuvo que seguir abonando la cuota mensual. La razón: se trataba de las hijas de Zapatero.
Asimismo, el investigado reconoció algo que Zapatero no admitió: que el ex presidente asistió a una comida en el restaurante Portonovo de Madrid, evento al que los investigadores otorgan gran relevancia. Esto se debe a que al día siguiente comenzaron las gestiones para crear una empresa en Dubái, que supuestamente se utilizó para canalizar comisiones ilegales.
Cuando Zapatero compareció el pasado 17 de junio en la Audiencia Nacional, manifestó no recordar esa comida y que revisaría su agenda. En cuanto a Julito, aunque confirmó la reunión, la desvinculó de la operación de Dubái, atribuyéndola a otros asuntos.
El empresario separó al expresidente del Gobierno de la intención de fundar dicha sociedad offshore y afirmó que él quiso crearla para canalizar ciertos pagos, pero que finalmente no se logró poner en marcha.
Por otra parte, el empresario ofreció explicaciones vagas respecto al origen de los 286.000 euros en efectivo que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) encontró distribuidos en su domicilio. Atribuyó esa suma a operaciones inmobiliarias no especificadas. No obstante, reconoció que se trataba de dinero negro, según indican fuentes vinculadas a la declaración. Parte de los fondos estaban dentro de sobres con caracteres chinos, aunque él afirmó desconocer su contenido.