La directora de la Guardia Civil declara ante el juez del ‘caso Cloacas’ que no ejerció presión sobre la UCO y se considera una víctima de Cerdán

Mercedes González declara como investigada ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, llega de nuevo a la Audiencia Nacional, para declarar como imputada en el caso Leire

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha negado este viernes ante el juez que haya presionado a los miembros de la UCO como parte del plan de la fontanera Leire Díez para paralizar las investigaciones que afectaban al PSOE y al Gobierno.

«Soy una víctima de Cerdán», aseguró González refiriéndose al ex secretario de Organización del PSOE. Según las pesquisas del caso Cloacas, fue Santos Cerdán quien puso la estructura del PSOE a disposición de Leire Díez.

Ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la investigada declaró que, si hubiera sabido que Díez actuaba como emisaria de Cerdán, no se habría reunido con ella. Esos encuentros no los calificó como formales, sino como conversaciones informales, ya que se produjeron fuera de la dirección de la Guardia Civil y sin constar en la agenda oficial.

González continúa negando la existencia de un tercer encuentro con la fontanera mencionado en los informes de la Guardia Civil, los cuales se apoyan en una multa que Díez recibió cerca de la sede central del Instituto Armado en las navidades de 2024. Declaró que, después de revisar su agenda, no recuerda dicha reunión.

Sí habló de los dos encuentros que reconoce con la fontanera, coincidentes con lo declarado en el Senado. Tras mantener contactos telefónicos cuando Díez trabajaba en Correos y González era delegada del Gobierno en Madrid, tuvieron un primer encuentro presencial en octubre de 2024. En esa ocasión, intercambiaron impresiones sobre sus respectivas labores.

En abril del año siguiente, volvieron a verse en una cafetería cercana al despacho de González. En ese momento, la fontanera le exploró la posibilidad de rehabilitar al guardia civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y que Díez pretendía utilizar para sus actuaciones dentro de la UCO. González declaró que, además de negarse, solicitó la cuenta y puso fin a la reunión.

También explicó que la llamada de 13 segundos a Díez detectada probablemente se debió a un error involuntario. Respecto a la eliminación de los mensajes con la fontanera, afirmó que posee aproximadamente 80 contactos cuyos mensajes en Whatsapp se borran automáticamente a las 24 horas, y que esta medida responde a ello y no a una acción deliberada para eliminar pruebas.

González accedió a responder las preguntas de las fiscales de Anticorrupción y de la acusación popular, además de su defensa. Se le consultó sobre la orden del director adjunto operativo (DAO) -quien declaró ayer- dirigida a la UCO para que adoptara una postura pasiva en investigaciones como la del hermano del presidente del Gobierno. «No conozco esa orden», respondió.

El interrogatorio de las fiscales abordó las tres investigaciones reservadas abiertas a la UCO por supuestas filtraciones. Los investigadores consideran que estas servían como herramienta para presionar a los agentes y disuadirlos de investigar con intensidad.

Sobre la primera de ellas, recordó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intentó contactarla telefónicamente, pero ella se encontraba en el AVE y no pudieron comunicarse. Finalmente, el ministro habló con el DAO y se inició la investigación. González valoró la medida como justificada, ya que a las partes les llegó un tutorial sobre manejo de archivos de correo dirigido a la juez del caso hermanísimo, permitiendo descubrir el correo de Begoña Gómez y de otro familiar de Pedro Sánchez, así como el de una sobrina menor de edad.

También ratificó que, cuando salieron a la luz las maniobras de la fontanera, informó a la UCO sobre sus contactos con ella. Esta declaración fue negada ante el juez por los mandos de la unidad.

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