Las claves
Los diplomáticos españoles critican la escala de opacidad y la gestión deficiente en la tramitación de la ‘ley de nietos’, advirtiendo sobre sus repercusiones para los sistemas consular y electoral.
Acusan al Ministerio de Exteriores de delegar funciones consulares en terceros, aspecto que consideran riesgoso y potencialmente perjudicial para la confiabilidad del sistema.
El aumento en las peticiones de nacionalidad ha provocado la contratación de firmas externas y un refuerzo del personal consular, que, según los diplomáticos, sigue siendo insuficiente.
Tanto PP como Vox reclaman explicaciones sobre la gestión y el uso de empresas externas para acelerar los trámites de nacionalidad, ante el colapso en consulados como el de Buenos Aires.
Los diplomáticos españoles están en alerta máxima, y la ley de nietos podría ser la causa que desborde la paciencia. Los representantes españoles han emitido una dura advertencia al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, debido al deterioro de la red consular y a la gestión de cientos de miles de expedientes de nacionalidad tramitados bajo la Ley de Memoria Democrática.
En un comunicado al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el colectivo advierte que «externalizar» funciones propias de los consulados «puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas».
Los diplomáticos además critican el «oscurantismo y la falta de aclaraciones«, especialmente en los procesos de nacionalización basados en la Ley de Memoria Democrática o en los trámites para la regularización de inmigrantes que debe gestionar el servicio consular.
Este «oscurantismo», que caracteriza la gestión ministerial en un proceso con impacto directo en el censo electoral y que el PP ha calificado como «ingeniería electoral», genera, en opinión de los diplomáticos, «graves consecuencias».
Los funcionarios incluso advierten sobre una «sombra de duda» respecto a la Administración y la «fiabilidad del propio sistema electoral».
Esta denuncia emerge en medio de la controversia por el aumento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). De hecho, este jueves, la Junta Electoral Central solicitó mayor vigilancia a la Oficina del Censo Electoral sobre las inscripciones relacionadas con la ley de nietos.
El organismo de garantías demandó un informe detallado acerca de cómo se incorporan estos nuevos votantes al censo exterior.
Además, cuatro de sus miembros emitieron un voto particular en contra de la resolución del organismo, que se declaró «no competente» para impedir el incremento del censo provocado por la aplicación de la ley de nietos.
En cualquier caso, la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) acusa al Ejecutivo de mantener una «prolongada desatención» hacia el Servicio Exterior del Estado.
A estas deficiencias acumuladas durante años suma la «gestión deficiente del actual equipo de responsables políticos» del departamento liderado por Albares.
Refuerzos insuficientes
Los diplomáticos reprochan al ministro que no haya alcanzado los refuerzos indispensables para hacer frente al notable aumento de tareas en embajadas y consulados.
Entre las causas señaladas se encuentran el incremento de españoles en el extranjero, las solicitudes de nacionalidad, la gestión de visados y los trámites vinculados al proceso extraordinario de regularización de inmigrantes.
Como informó EL ESPAÑOL el pasado 1 de julio, Exteriores ha duplicado el número de contrataciones de personal para fortalecer la red consular destinada a tramitar la ley de nietos. Pasaron de 320 empleados en 2022 a 657 en 2025, un aumento del 105%. Albares ha anunciado que este año se mantendrán cifras similares.
No obstante, la denuncia de los diplomáticos indica que esta cifra es claramente insuficiente.
El mismo Balance de Actividad Consular reconoce que «la mayor parte de los contratos se enfocaron en funciones consulares», con un énfasis particular en las oficinas más afectadas por la Ley de Memoria Democrática. Exteriores también ha transformado en plazas permanentes las posiciones temporales de cónsul adjunto creadas en Buenos Aires, La Habana y Ciudad de México.
De acuerdo con los últimos datos del Gobierno, 2.622.450 personas han comenzado los trámites para obtener la nacionalidad a través de esta vía, y, al 30 de abril, 557.709 ya la habían conseguido.
La avalancha de solicitudes ha obligado igualmente a recurrir a empresas externas para intentar acelerar el proceso.
Justicia adjudicó a Neoris España un contrato por 1,7 millones de euros para reforzar los sistemas informáticos de nacionalidad.
Exteriores contrató por 1,13 millones al Grupo Empresarial Palco, una empresa vinculada al Gobierno cubano, para proporcionar «fuerza de trabajo» al Consulado de España en La Habana. También el PSOE propuso incorporar personal de la empresa pública Ineco para labores de apoyo.
Los diplomáticos advierten sobre los problemas que pueden generar estas externalizaciones. «La externalización de tareas asignadas a la red consular no es una solución adecuada», declara la ADE.
Según su opinión, este método «puede implicar riesgos y consecuencias no deseadas», sobre todo si se realiza sin transparencia y sin proporcionar suficiente información a responsables consulares, instituciones o actores políticos que solicitan explicaciones.
El Gobierno deberá informar
Tanto PP como Vox mantienen suspicacias ante lo que el PSOE considera una «medida de reparación histórica».
De hecho, el partido liderado por Santiago Abascal presentó el pasado junio una pregunta parlamentaria para que Exteriores aclare si está utilizando empresas externas para desbloquear los expedientes de nacionalidad relacionados con la conocida ley de nietos.
En sus 13 preguntas, Vox solicita detalles sobre qué compañías participan, cuántas personas han sido contratadas, el costo del servicio y cuántas solicitudes permanecen pendientes.
La ofensiva llega en medio del colapso de consulados como el de Buenos Aires, donde existen más de 645.000 expedientes acumulados y, al ritmo actual, se necesitarían más de 100 años para resolverlos, según cálculos del cónsul general, José María Ridao.