Las claves
El PSOE responsabiliza al Gobierno de Murcia de «penalizar a las mujeres» al derivar los abortos hacia clínicas privadas en lugar de atenderlos en la sanidad pública.
La manifestación surge en medio del debate sobre la renovación de los convenios sanitarios para la interrupción voluntaria del embarazo.
Organizaciones feministas alertan que la mayoría de abortos por malformaciones fetales se continúan realizando en clínicas privadas concertadas.
El Ejecutivo regional defiende que el modelo vigente cumple con la normativa, mientras que la oposición exige que los abortos se efectúen íntegramente en hospitales públicos.
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha acusado al Ejecutivo de la Región de Murcia de «penalizar a las mujeres» y «forzarlas a ejercer su derecho al aborto en clínicas privadas», pese a que la legislación permite que esta atención se preste en la red pública.
La protesta tiene lugar en medio del debate sobre la renovación de los conciertos sanitarios para este tipo de servicios.
La Plataforma de Embarazadas Expulsadas de la Sanidad Pública sostiene que la Administración autonómica mantiene «un sistema que remite a las pacientes a centros privados, aunque la red pública cuenta con recursos para asumir parte de estas intervenciones».
La diputada socialista Carmina Fernández ha intensificado sus críticas hacia el Gobierno regional, afirmando que «el Ejecutivo de López Miras penaliza a las mujeres de la Región de Murcia» y las envía «a ejercerlo en clínicas privadas».
Además, la ha calificado como «una situación deplorable» ya que, según Fernández, existe una ley que protege a las mujeres para recibir atención en la sanidad pública, pero aun así, «las derivan a clínicas privadas».
En sus declaraciones, la representante socialista ha destacado que estas derivaciones reflejan una falta de consideración hacia mujeres que atraviesan un momento “sumamente delicado y complejo”.
Según su opinión, la atención ginecológica y la salud sexual y reproductiva en la Región se encuentran “totalmente descuidada” y las mujeres son tratadas “como ciudadanas de segunda categoría”.
La manifestación, realizada frente a la Consejería de Salud, se desarrolló luego de que el departamento encabezado por la consejera Isabel Ayala defendiera que la Región de Murcia cumple con las normativas vigentes.
La consejera Isabel Ayala señaló que las interrupciones por causas médicas que superan las 22 semanas ya se efectúan en el hospital Virgen de la Arrixaca, mientras que las realizadas por debajo de ese plazo continúan siendo derivadas a centros privados concertados.
La polémica sobre las derivaciones no es novedosa en la Región. La plataforma ya denunció que la mayoría de las interrupciones del embarazo por malformaciones fetales siguen llevándose a cabo en clínicas privadas concertadas.
Mientras tanto, el sistema público se limita a cubrir determinados casos y etapas del proceso. En este marco, las organizaciones críticas con el modelo reclaman que los fondos destinados a estos conciertos se reinviertan en la red pública.
Fernández también enfatizó el aspecto de los derechos: “No podemos estar en otro lugar más adecuado que aquí, respaldando y exigiendo que se finalicen los conciertos con la sanidad privada y que las mujeres sean atendidas en la sanidad pública”, afirmó.
Asimismo, denunció que el Gobierno regional “las abandona” en los momentos en que más requieren apoyo y protección.
La concentración sirvió para hacer visible un descontento que organizaciones feministas y partidos de la oposición vienen expresando desde hace tiempo.
La demanda es clara: que la interrupción voluntaria del embarazo se garantice completamente en los hospitales públicos de la Región de Murcia, sin remitir a clínicas privadas concertadas.
Por ahora, el Ejecutivo regional sostiene que el modelo actual cumple con la legalidad y asegura la continuidad asistencial mientras se lleva a cabo la nueva adjudicación.
Sin embargo, la presión social y política crece, y el debate vuelve a situar en primer plano una cuestión fundamental: dónde y de qué manera debe ofrecerse una atención sanitaria que influye en la autonomía y en los derechos femeninos.