Alcanzar un Acuerdo de Paz es, sin duda, necesidad fundamental de los colombianos. Pero un Acuerdo de tal naturaleza, no es posible si definitivamente no se asume que son las normas jurídicas las que se deben someter a la necesidad de esa paz y no al contrario.
Esta verdad implica asumir políticas de máximo interes social y no de coyuntura, sobre todo si estamos próximos a adentrarnos en el escabroso camino que significan los procesos electorales en Colombia.
Toda Colombia necesita de la paz, entonces, para qué atravesarle ruindades a un proceso como el de la Habana. Los problemas que tienen inconforme al pueblo más humilde, y reclamando justicia en las calles, no pueden ser enfrentados con medidas de represión militarista, que ya han causado 17 de muertos, cerca de 850 heridos, y más de medio millar de personas judicializadas en desarrollo de la criminalización de la protesta ciudadana, en un momento en que precisamente se debate en la Mesa de Diálogos, sobre el asunto de las garantías de oposición política que deben tener los partidos y movimientos políticos, como también los movimientos sociales a los que tradicionalmente se les desconoce estos y otros derechos fundamentales.
A la insurgencia se le pide confiar en el gobierno, y proceder a cambiar las armas por las urnas electorales. Se nos pide confianza en las instituciones mientras se dispara contra el pueblo inerme utilizando al escuadrón asesino del ESMAD. No se puede esperar más el desmantelamiento de esta máquina de muerte.