Fuente de la imagen, Cortesía de Lázaro Romero León
Información del artículo
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- Autor, Leire Ventas
- Título del autor, Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles
- Fecha de publicación 15 julio 2026
- Tiempo de lectura: 11 min
Para que Lázaro Romero León pudiera volver a Estados Unidos, tras ser deportado a México a pesar de una orden federal que se lo impedía, hicieron falta casi tres meses y varios intentos fallidos.
Cubano de 59 años, fue arrestado en Puerto Rico, territorio no incorporado de EE.UU., donde residía después de salir de Cuba en los 90, y de haber vivido en Miami, Tennessee y Los Ángeles.
Desde 2002 pesaba sobre él una orden de expulsión no ejecutada. Debido a la ausencia de un acuerdo de deportación entre EE.UU. y Cuba, a Romero León y a decenas de miles de inmigrantes cubanos se les permitió permanecer en el país.
Así, vivió bajo una orden de supervisión que le requería presentarse periódicamente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«Firmaba cada cita durante 28 años, sin faltar a ninguna», relata a BBC Mundo. «Pero el 20 de mayo de 2025, seis agentes me arrestaron fuera de mi casa en Aguadilla (Puerto Rico) y me llevaron sin dar explicaciones», afirma, detalle confirmado también por ICE.
Primero fue enviado al centro de detención de ICE en Adelanto (California) y posteriormente al de Florence (Arizona).
Según ICE, en junio de 2025 la agencia pidió a las autoridades cubanas documentos para permitir su viaje a Cuba, solicitud que permanece pendiente. En septiembre de ese mismo año, notificaron a Cuba que Romero León sería expulsado a un tercer país, aviso que también entregaron al propio Romero León, quien se negó a firmar el documento, según ICE.
No sirvió que en diciembre el hombre presentara un habeas corpus ante un tribunal federal para revisar la legalidad de su detención, alegando que México probablemente no lo aceptaría. Tampoco que el juez federal Hernán Diego Vera del Distrito Central de California ordenara al gobierno estadounidense no deportarlo mientras se resolvía el caso.
«Para ser muy claro, esta orden prohíbe (…) trasladar al peticionario fuera de Estados Unidos a México (…) hasta que el tribunal haya resuelto completamente esta solicitud», indica la orden judicial a la que tuvo acceso BBC Mundo.
Sin embargo, debido a un «aparente error de comunicación», como reconoció después el gobierno y consta en la orden del juez, el 16 de febrero de este año Romero León fue llevado a la frontera, de donde fue enviado al sur de México.
A partir de entonces, atravesó casi tres meses de «pura agonía», según sus palabras.
Durante ese periodo, perdió la noción de los días mientras su abogada luchaba por su retorno a EE.UU. en los tribunales, y ICE buscaba sin éxito ejecutar la orden judicial que ordenaba regresarlo.
Fuente de la imagen, Cortesía de Lázaro Romero León
Durante esas semanas, mientras se encontraba indocumentado en el sur mexicano, agentes migratorios lo detuvieron de nuevo y fue ingresado a otro centro de detención para ser finalmente dejado en la frontera con Guatemala. Relata que vivió en la calle en Tapachula, con la ropa que tenía el día de la deportación y sobreviviendo con comida donada.
«Vi a muchos en mi situación. Allí hay numerosos cubanos mayores, incluidos abuelos, algunos enfermos, sin recursos ni documentos, destinados a la indigencia», narra.
«Parece que quieren enviarnos a morir allá», enfatiza desde su regreso a EE.UU., en Palmdale, California.
Más adelante se abordará cómo finalmente logró regresar.
Consultado sobre el caso por BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) subraya que se trata de un «inmigrante ilegal con antecedentes penales extensos» y con una orden de expulsión vigente desde 2002.
Romero León cumplió condenas por varios delitos: en 1997 por agresión física contra su esposa, en 2000 por intentar transportar marihuana para su venta, y en 2001 por falsificación de licencia de conducir y por presentar información falsa.
«Lázaro Romero León recibió un proceso legal completo, incluido un fallo final de deportación por parte de un juez. Este gobierno no va a ignorar el estado de derecho. ICE acata las órdenes judiciales», declaró un portavoz del DHS.
«Los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos. Aplicamos la ley tal cual está escrita. Si un juez decide que un inmigrante ilegal no puede permanecer en el país, será deportado».
Un tercer país para los cubanos
Durante mucho tiempo, los cubanos no fueron un foco principal en las políticas de deportación de EE.UU., en parte por la ausencia de acuerdos y porque Cuba se negaba a aceptar de vuelta a ciertos individuos, como aquellos con condenas previas.
Por eso, muchos recibieron órdenes de expulsión sin que se ejecutaran, y permanecieron en EE.UU. durante décadas, trabajando y formando familias, frecuentemente con parejas naturalizadas e hijos nacidos con ciudadanía estadounidense.
Esta dinámica cambió radicalmente durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.
Desde su asunción en enero de 2025, su administración implementó masivas operaciones antiinmigración para deportar indocumentados y amplió tanto las vías de expulsión como los acuerdos con países dispuestos a recibir deportados de otras nacionalidades.
Los cubanos, cuya nación enfrenta una crisis profunda y una campaña de máxima presión desde Washington, también se han visto afectados.
Según un informe de abril del Instituto Cato, centro de estudios conservador y no partidista en Washington, las detenciones del ICE a nacidos en la isla aumentaron de menos de 200 al mes a finales de 2024 a más de 1,000 mensuales un año después.
Mientras litigios en tribunales federales continúan, la lista de países dispuestos a fungir como «terceros países» receptores se ha ampliado paulatinamente.
Costa Rica fue el último en sumarse a Camerún, Ecuador, El Salvador, Esuatini, Ghana, Honduras y Panamá.
Fuente de la imagen, AFP vía Getty Images
No existe un acuerdo público similar con México —y la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado firmarlo—, aunque ese país ha recibido a miles de ciudadanos de otras nacionalidades deportados desde EE.UU., especialmente cubanos, haitianos y venezolanos, desde el regreso de Trump al poder.
Sin embargo, México ha venido recibiendo deportados en virtud de un compromiso adquirido con la administración anterior, la del demócrata Joe Biden.
Aunque entonces eran migrantes que cruzaban la frontera irregularmente y regresaban de inmediato, algo distinto a las deportaciones que se experimentan hoy en día.
Ninguna de las autoridades ha dado cifras oficiales sobre estas expulsiones recientes, aunque poco a poco han surgido datos.
En diciembre, Sheinbaum afirmó que México había recibido hasta esa fecha a 11,886 extranjeros.
En marzo, el juez federal William G. Young indicó en una resolución que el DHS informó que, bajo un «acuerdo no escrito», EE.UU. habría deportado a 6,000 cubanos a México en el último año.
Un informe de Human Rights Watch publicado en mayo detalla que entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, la administración Trump envió al país vecino a casi 13,000 extranjeros, de los cuales 4,353 eran cubanos, la mayoría.
Sin papeles ni dinero
Para este reporte, HRW entrevistó a más de 50 personas en Tapachula (Chiapas) y Villahermosa (Tabasco), ciudades en el sur mexicano a donde son enviados estos deportados.
Exceptuando a uno, todos los cubanos encuestados declararon que habían tenido residencia permanente en EE.UU., la mayoría perdida tras una condena judicial.
En muchos casos, las condenas fueron por delitos menores, como conducir bajo influencia, falsificación de documentos o asuntos relacionados con drogas, señala HRW basado en la investigación sobre datos disponibles. Algunos enfrentaron sentencias por delitos más graves, como agresión o armas.
«Ya cumplí mi condena», dijo Romero León a BBC Mundo, refiriéndose a los delitos de hace 25 años.
Como él, muchos cubanos quedaron en un país desconocido sin documentación, dinero ni pertenencias.
Fuente de la imagen, Anadolu vía Getty Images
HRW señala que el gobierno mexicano no garantiza servicios básicos a los deportados extranjeros y les obliga a enfrentarse a un sistema complejo para solicitar asilo.
Todos los entrevistados reportaron que antes de ser liberados, las autoridades mexicanas les dieron un permiso limitado para permanecer, generalmente por 10 días, y les indicaron iniciar un trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Así se lo recomendaron también a Romero León, confirma su abogada, la defensora pública Margaret Farrand.
Según la legislación mexicana, quienes inician ese trámite deben permanecer en el estado donde se presentó la solicitud mientras esta se procesa.
BBC Mundo intentó contactar a la Comar sin éxito y preguntó al Instituto Nacional de Migración (INM) cuántos deportados desde EE.UU. solicitaron refugio y cuántos se les concedió desde que Trump regresó al poder.
El INM respondió que la Unidad de Política Migratoria maneja esa información y que, al tratarse de «procesos administrativos migratorios personales en curso», no puede facilitar esos datos.
Ante la pregunta sobre la existencia de un acuerdo o coordinación con autoridades migratorias estadounidenses para deportaciones de otras nacionalidades, contestaron: «No tenemos información al respecto».
«Si alguien ingresa ilegalmente a nuestro país, podría terminar en el CECOT [Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad en El Salvador] o en cualquier otro tercer país», respondió un portavoz del DHS a esa misma consulta.
«Estamos aplicando la ley según está escrita. Si un juez determina que un extranjero ilegal no tiene derecho a estar en este país, lo deportaremos, punto», señaló por correo electrónico.
«Estos acuerdos con terceros países, que garantizan debido proceso conforme a la Constitución de EE.UU., son vitales para la seguridad de nuestra nación y ciudadanos».
A la cuarta, la vencida
Cuando BBC Mundo contactó a Romero León por primera vez, llevaba dos meses en Tapachula, ciudad del estado más pobre de México, cercana a la frontera con Guatemala y acostumbrada a recibir caravanas migrantes.
«Estoy aquí, enfrentando muchas dificultades. Un joven me vio en la calle y me acogió, me dio comida… pero sigo con la misma ropa, desde el año anterior», contó en una llamada telefónica el 5 de mayo.
Había contactado a Arody Tomé, un compatriota que conoció en detención previo a la deportación y a quien cuidó durante su neumonía. Liberado pero monitoreado con tobillera GPS, Tomé prometió ayudarlo y se hizo enlace con la abogada Margaret Farrand.
Con los recursos de la abogada y la presión judicial en California, ICE intentó primero que Romero León viajara en avión a Tijuana.
Esto fue inviable con la única identificación que tenía, copia del carnet de Puerto Rico y copia del certificado de nacimiento cubano que logró la abogada.
Luego intentaron llevarlo en autobús a la frontera con EE.UU. La abogada pagó un boleto para el 11 de abril.
«Pero al poco tiempo, antes de llegar a Tuxtla Gutiérrez, había un retén, me bajaron y me llevaron a la estación migratoria de Tapachula», relata.
«Después de unos días detenido, me dejaron en la frontera con Guatemala».
BBC Mundo preguntó al INM sobre este hecho, pero no obtuvo respuesta antes de la publicación de este artículo.
Fuente de la imagen, Cortesía de Lázaro Romero León
Aunque mostraba reluctancia a intentarlo sin que un funcionario estadounidense acompañara a los agentes mexicanos para asegurarles que él iba a EE.UU. a pedido de su gobierno, la situación se repitió.
Volvió a subir al autobús y nuevamente lo hicieron bajar en el retén, acabando otra vez detenido y luego en la calle.
«¿Cómo puede existir un mecanismo para deportar a alguien a un país que no es el suyo y no haber ninguno para traerlo de vuelta?», reflexionó la defensora cuando BBC Mundo contrastó su versión con la de su cliente.
La pesadilla comenzó a terminar el 8 de mayo, cuando con un salvoconducto y gracias a la coordinación entre autoridades de los dos países pudo volar a Tijuana.
Desde esa ciudad fronteriza, cruzó por San Ysidro a EE.UU., donde tras pasar otra vez por un centro de detención, salió bajo supervisión.
Actualmente firma en una oficina de ICE en el centro de Los Ángeles. Lo hace como un deportado que tuvo que ser repatriado.