Leticia de la Hoz invocó su derecho al secreto profesional para no revelar quién la contrató para defender al exasesor de Ábalos.
Leticia de la Hoz, abogada del exasesor ministerial Koldo García, negó ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez haber recibido pagos por parte del PSOE, al tiempo que calificó de represalia la acusación de la empresaria Carmen Pano, quien afirmó que la letrada intentó sobornarla para modificar su testimonio respecto a la entrega de 90.000 euros en efectivo a la sede nacional del partido.
Así lo informaron este martes fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración de De la Hoz como investigada ante el juez Santiago Pedraz, encargado de la investigación de una presunta red destinada a obstaculizar procesos judiciales que implican al Gobierno y al PSOE, supuestamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.
Según las mismas fuentes, la letrada negó haber recibido dinero del PSOE por la defensa de Koldo o por cualquier otra tarea, así como cualquier tipo de relación con el partido, aunque no precisó quién hizo el pago, amparándose en su derecho al secreto profesional.
En lo que respecta a Pano, las fuentes indicaron que De la Hoz reconoció haber mantenido encuentros con ella, pero negó en todo momento la existencia de un posible soborno para que cambiara su declaración sobre la cantidad de dinero entregada en la sede socialista en la calle Ferraz, Madrid.
La empresaria declaró el 27 de abril ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que De la Hoz y un socio de su despacho comentaron durante una reunión tanto a ella como a su chófer que «había personas interesadas en hablar» con ellos «sobre las entregas de dinero en Ferraz».
La abogada sugirió que se trata de una supuesta venganza por parte de la empresaria, tras desacuerdos surgidos en una operación relacionada con la venta de una operadora de hidrocarburos, añadieron las fuentes.
Además, Pano afirmó ante la UCO que en una de las reuniones con De la Hoz, esta salió de la sala de juntas y regresó «a los cinco o diez minutos con un teléfono en manos libres, mientras conversaba con un hombre y les hacía un gesto para que guardaran silencio».
Sobre este punto, las fuentes señalaron que De la Hoz explicó que se trataba del director del despacho donde trabaja, quien ordenó que no se cobrara por un servicio para evitar tributación ante Hacienda.
Imputación
La abogada de Koldo, quien respondió a todas las partes, solicitó al juez Pedraz su personación como «investigada» en el caso para «acceder al conocimiento de las actuaciones», pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera al magistrado citarla como investigada.
Concretamente, se le atribuye la presunta conducta de «inducir» a Pano y a su chófer, Álvaro Gallego, «a cambio de una cantidad de dinero, a cometer el delito de falso testimonio modificando sus declaraciones» en sede judicial.
Pano declaró el 29 de junio ante el juez que De la Hoz ofreció a ella y su chófer alrededor de 250.000 euros para negar en sus testimonios en distintos procedimientos judiciales la entrega de 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, confirmando así su testimonio ante la UCO.
Frente a esta supuesta oferta, Pano mostró «sorpresa», preguntó si la abogada era «gente del partido» y De la Hoz habría respondido afirmativamente, indicando que se trataba de «personas del PSOE» y que «era para proteger a Ábalos y Koldo», según la empresaria declaró a la UCO.
Pano indicó que dos semanas antes de su comparecencia judicial, desde el despacho de De la Hoz contactaron con Gallego para concertar una reunión en la que «les harían una propuesta».
Según su relato, en un encuentro posterior la abogada preguntó qué querían a cambio del «favor», y la empresaria explicó que necesitaba cubrir gastos relacionados con su vivienda y la boda de su hija Leonor González debido a la falta de ingresos.
Pano afirmó que De la Hoz preguntó por el monto necesario, a lo que ella respondió que requería 25.000 euros para la boda y entre 2.500 y 2.800 euros mensuales para el alquiler del domicilio, mientras que Gallego solicitó 15.000 euros para la compra de un automóvil.
Finalmente, la empresaria aseguró ante los agentes que no aceptaron la propuesta y que «sus declaraciones judiciales se ajustaron en todo momento a la verdad de los hechos».