Las claves
Félix Bolaños celebra el fallo del TJUE, que valida la constitucionalidad de la ley de amnistía, y considera que ello facilita su implementación, incluida la posible reincorporación de Puigdemont.
Desde el Gobierno resaltan que la amnistía ha recibido el aval desde perspectivas constitucional, europea y por la Comisión de Venecia, lo que fortalece su legitimidad.
La resolución final sobre la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont corresponde ahora al Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse tras la negativa del Supremo.
Bolaños sostiene que la amnistía resulta una herramienta para superar la crisis política y social en España, pese a la resistencia interna y social que ha generado esta medida.
El Gobierno se muestra plenamente satisfecho con la sentencia del TJUE. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, analizó el veredicto y celebró que «es constitucional y conforme al derecho europeo».
En el Ejecutivo consideran que la norma ha sido ya ratificada desde tres perspectivas distintas (Constitucional, Comisión de Venecia y ahora el TJUE bajo la óptica comunitaria). Por ello afirma que «tras esta sentencia el camino queda despejado para su completa puesta en práctica».
El ministro de Justicia enfatiza que la normalización y «reconciliación» no se alcanzarán completamente hasta que se aplique a «los líderes políticos», haciendo referencia a Carles Puigdemont, quien sigue en Bélgica.
«Sería positivo que se recurriese cuanto antes», declaró, lanzando así una clara advertencia a los tribunales encargados de implementar la norma.
Ahora la última decisión corresponde al Constitucional, que debe revisar el rechazo del Supremo a aplicar la amnistía en el delito de malversación, bloqueando el retorno del líder de Junts. Se espera una resolución para septiembre u octubre, y el Gobierno ya ha manifestado su preferencia sobre el sentido del fallo.
El pronunciamiento del Tribunal de Garantías llegará en un momento clave, mientras el Gobierno busca apoyos para sacar adelante los Presupuestos y encauzar el tramo final de la legislatura, en un contexto donde Junts ya anunció que no respaldará dichas cuentas.
Antes de esta decisión, tanto el Gobierno como Junts y el propio Tribunal Constitucional confiaban en que el TJUE respaldaría la amnistía y abriría la puerta al regreso de Puigdemont, una expectativa que ahora el Ejecutivo da por confirmada.
Bolaños quiso ir más allá del análisis jurídico del fallo, presentándolo como un avance relevante en los ámbitos político y social. «Ha valido la pena», resaltó.
El ministro defendió que la amnistía es una herramienta adecuada para mitigar conflictos políticos o sociales, aliviar tensiones institucionales y promover un ambiente de reconciliación, recordando que esta ha sido la posición constante del Ejecutivo.
No obstante, lamentó que el debate social y político en torno a la norma «no fue jurídico sino muy visceral» y que «no contó con el respaldo unánime de los partidos».
Esto ocurrió pese a que la ley también enfrentó críticas dentro del propio PSOE, destacándose el rechazo de la federación del PSOE de Castilla-La Mancha, dirigida por Emiliano García-Page, que la impugnó ante el Tribunal Constitucional.
El ministro lamentó que «una parte» de la sociedad española mirara la ley «con desconfianza», aunque insistió en que «hoy ni sus críticos más firmes quisieran renunciar a sus beneficios».
Reivindicación de la ley
De acuerdo con la versión oficial, el actual Gobierno heredó una de las crisis más profundas recientes en la democracia española: una fractura política, social, institucional y constitucional que afectó tanto al marco legal como a las relaciones bilaterales entre entidades y a la confianza de los actores económicos y sociales.
Moncloa considera que esta crisis ya está superada gracias a la «convivencia y normalización» alcanzadas en Cataluña, basadas en acuerdos multipartidistas, estabilidad institucional y la recuperación de las inversiones.
Bolaños concluyó que el respaldo de la justicia europea a la vía de la amnistía envía un mensaje contundente en tiempos de polarización. Desde su visión, ningún país está condenado a mantener sus conflictos territoriales o sociales, dado que la democracia dispone de herramientas eficaces para restaurar la convivencia.
“El Gobierno de España siempre estará abierto a buscar y transitar ese camino de entendimiento entre diferentes”, finalizó, defendiendo la vía política como el ámbito ideal para resolver disputas de naturaleza política.
Con este discurso, el Ejecutivo pretende blindar y al mismo tiempo fortalecer su posición respecto a la ley de amnistía, exponiéndola como uno de los logros principales de la actual legislatura.
Este es un éxito que, según enfatiza Bolaños, «debe ser un logro colectivo», pese al cambio político de Pedro Sánchez, quien se opuso con vigor a esta medida hasta que Junts la estableció como condición imprescindible para apoyar su investidura como presidente del Gobierno.