Las claves
El PP manifiesta su respeto por la resolución del TJUE sobre la Ley de Amnistía, aunque señala que esto no representa el cierre del camino para el retorno de Puigdemont sin consecuencias legales.
El partido liderado por Feijóo acusa al Ejecutivo de Sánchez de haber acordado la amnistía con Puigdemont a cambio de su investidura, calificando dicha acción como moralmente inaceptable.
El Tribunal de Justicia de la UE determina que la Ley de Amnistía no infringe el Derecho de la Unión ni contradice el principio de igualdad ante la ley, pese a que el PP sigue sosteniendo una quiebra moral.
El PP se compromete a continuar defendiendo la separación de poderes y la igualdad legal, rechazando cualquier negociación de privilegios penales a cambio de apoyo parlamentario.
El PP ha mostrado su «respeto absoluto» hacia el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se pronunció sobre la Ley de Amnistía, advirtiendo que esto «no implica el final del proceso» respecto al regreso a España sin sanciones de Carles Puigdemont.
La dirección de Alberto Núñez Feijóo destaca que «los demócratas respetan invariablemente las sentencias» y demanda que el Gobierno actúe con igual respeto «en todas las causas que le afectan directamente».
Los populares insisten en que el TJUE se pronunció sobre «un aspecto muy específico» de la ley, no sobre su constitucionalidad ni sobre su conveniencia política.
La resolución «responde a consultas de tribunales españoles» relativas a ciertos artículos del Derecho de la Unión. El PP recuerda que ahora serán los tribunales españoles quienes deberán aplicar dicha resolución según este criterio.
Para el PP, la sentencia representa sólo «un avance más en un prolongado proceso judicial», aunque espera que el Gobierno de Pedro Sánchez intente presentar la resolución como un respaldo político y como la conclusión definitiva del debate.
«Moralmente inaceptable»
Sin embargo, desde el equipo de Feijóo replican que «la controversia trasciende ampliamente el ámbito jurídico». Como manifestó este miércoles en Madrid el presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, «los ataques a la separación de poderes» en España son «muy parecidos a los que se observaban antes en Hungría con Viktor Orbán».
El PP insiste en que «el verdadero debate se centra en si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría en el Parlamento«. La respuesta de la dirección nacional es contundente: «Ningún presidente debe intercambiar poder por impunidad«.
En este contexto, el PP señala directamente a Sánchez y lo acusa de haber acordado la Ley de Amnistía con Puigdemont para conseguir su investidura en noviembre de 2023.
Remarcan que se hizo «en contra de la palabra dada y en contra de la voluntad mayoritaria de los españoles«, calificándolo como un acto «moralmente inaceptable».
Génova enfatiza que ninguna resolución judicial puede borrar la “gran irresponsabilidad” del separatismo ni su responsabilidad política por el ‘procés’. Recuerdan que, diez años después, Cataluña aún intenta superar ese “proceso tóxico” que dañó la convivencia y la estabilidad institucional.
Los populares extienden su advertencia más allá de Sánchez y subrayan que «ningún presidente, sin importar su orientación política», puede emplear la ley como instrumento para asegurar su poder.
El PP presenta la amnistía como parte de una negociación de votos a cambio de impunidad que, a su juicio, viola el principio de igualdad ante la ley. Por ello mantiene que, pese a que Luxemburgo haya aclarado aspectos técnicos, la fractura moral sigue intacta.
Feijóo defiende que la alternativa planteada por el PP implica fortalecer el Estado de derecho y garantizar que ninguna persona esté por encima de las normas comunes.
Qué ha dicho el TJUE
Este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE respaldó el núcleo fundamental de la Ley de Amnistía acordada por Sánchez y Puigdemont y dictaminó que «el Derecho de la Unión no se opone» a esta ley.
Considera que la amnistía no afecta negativamente a los intereses financieros de la UE ni infringe la directiva antiterrorista.
Esta decisión facilita el retorno de Puigdemont, aunque no elimina completamente la posibilidad de sanciones penales para el expresident, líder del golpe secesionista de 2017 que permanece fugado en Bélgica desde entonces.
Las cuestiones prejudiciales abordadas se refieren al procedimiento contable en el Tribunal de Cuentas y al caso de los CDR por terrorismo, valorado con un perjuicio estimado en cinco millones de euros.
Luxemburgo rechaza que la amnistía rompa la igualdad ante la ley y la seguridad jurídica dentro del marco comunitario. El abogado general, Dean Spielmann, ya había avalado en 2025 la compatibilidad de la norma con el Derecho de la Unión y descartado que se trate de una «autoamnistía».
Estas sentencias cierran una fase de dos años marcada por el enfrentamiento entre la Comisión de Ursula von der Leyen, que se mostró crítica con la amnistía, y el Gobierno español, que la defendió como una herramienta para la «normalización institucional y la reconciliación».
La interpretación del TJUE ahora obliga a todos los jueces españoles que deben aplicar la ley.
Tras el fallo, el PP sostiene que el Gobierno «se equivoca» si intenta presentar esta sentencia como el cierre del debate sobre la amnistía. Reafirma que «ninguna resolución judicial exime al separatismo de su responsabilidad ni justifica negociar privilegios penales a cambio de apoyo parlamentario».
La dirección popular reafirma la línea marcada en su Congreso en Cataluña y propone «abrir una nueva etapa» centrada en más vivienda, más médicos, menos impuestos y mayor seguridad.
Al tiempo, promete continuar defendiendo en España y en Europa que la separación de poderes y la igualdad ante la ley no deben subordinarse a la supervivencia política de ningún presidente.