Altos funcionarios de Extranjería advierten que las reagrupaciones familiares podrían provocar el colapso del sistema
España recibirá a tres millones de inmigrantes en situación regular junto a sus familiares en un plazo de un año por medio del proceso extraordinario de regularización promovido por el Gobierno. Así lo calculan altos cargos de Extranjería, quienes fundamentan sus cifras en el volumen de reagrupaciones familiares que se estima solicitarán los 1.200.000 peticionarios. Este panorama genera una gran inquietud entre los especialistas del sector. «Por cada individuo cuya situación se regularice, se suman al menos otras tres personas en caso de que soliciten y accedan a una reagrupación».
Por otro lado, los responsables de este ámbito critican con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez por, según denuncian, excluir a la Policía Nacional «de manera intencionada» del control de los procedimientos —que les corresponde— para entregarlo al Ministerio de Migraciones. Esta medida, en su opinión, debilita los sistemas de verificación documental respecto a las personas en proceso y abre una puerta, alertan, a errores en la comprobación, por ejemplo, de los antecedentes penales. La incertidumbre sobre quién gestionará los expedientes ha sido constante durante todo el procedimiento. La participación de las brigadas de Extranjería queda limitada, según las mismas fuentes, a labores meramente administrativas. «La Policía se restringirá a emitir documentación para las tarjetas aprobadas por Migración».
El descontento es evidente al considerar que el personal del ministerio dirigido por Elma Saiz «no posee la capacitación adecuada» para tramitar estas solicitudes por falta de «formación». «La intención del Gobierno es que acceda todo el mundo», concluyen los altos mandos de la Policía Nacional. Desde el Ministerio del Interior, en cambio, se remite al Real Decreto. «Se exigirá un informe policial conforme a lo establecido en el Real Decreto», sin aportar más detalles. Este procedimiento, que según la cúpula policial concluirá con un volumen de regularizaciones que supera todas las previsiones gubernamentales, «va a colapsar el sistema». El número de solicitudes recibidas superó al Ejecutivo Central, dándole la razón a la Policía Nacional, que desde el inicio estimó cifras entre 1,2 y 1,3 millones, más del doble de las casi 500.000 previstas por el Gobierno al aprobar la medida.
«Este proceso es algo que nadie con criterio comenzaría. España es una excepción, eso es claro», argumentan los altos mandos consultados. Temen que las redes criminales aprovechen las reagrupaciones familiares, que, repiten, desbordarán nuevamente las proyecciones. «Se pueden presentar casos en los que personas extranjeras paguen a quienes ya están en situación legal para hacerse pasar como familiares, por ejemplo, como hijos o padres. Es decir, abonar por papeles y certificados. Ya se detectan incidentes así, incluso con testigos, pero se identifican rápidamente porque el número de solicitantes no es tan elevado».
La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional alertó desde un primer momento sobre el escenario impuesto por el Ejecutivo central. Expresó su desacuerdo por no haber recibido instrucciones específicas para abordar esta reforma estructural, calificada por el Gobierno como una «urgencia social», y elaboró un informe contundente donde manifestaba su total desconfianza en el proceso y, con datos, cuestionaba la «urgencia» invocada por Pedro Sánchez.
Dicho informe fue firmado por el comisario jefe central de Operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Alfredo García Miravete. «Considerando que el proyecto actual parte como antecedente directo de la iniciativa legislativa popular admitida por el Congreso el 9 de abril de 2024, una necesidad identificada hace casi dos años, no parece tratarse de una situación imprevista ni justificarse suficientemente la tramitación urgente», argumenta un dossier cuyas conclusiones ponen en duda el proceso. En él se alertaba de que una regularización de tal magnitud podría generar «efectos negativos importantes». Entre ellos, mencionaba un probable «efecto llamada» que atraería nuevos flujos irregulares, además de generar tensiones sociales, problemas de seguridad ciudadana y orden público. Incluso señalaba la «desconfianza social» que surge, apuntaba, «en la gestión de las fronteras». Insistía también en el riesgo de saturación de los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales, pronosticando la falta de capacidad para atender el aumento de demanda en un corto plazo. «Existe temor en amplios sectores de la población por una entrada masiva y rápida de inmigrantes que podría incrementar la presión sobre los sistemas sanitario, educativo y social, los cuales podrían no disponer de la capacidad de absorción necesaria. La cantidad de extranjeros y los plazos breves para completar la regularización resultan inversamente proporcionales a la capacidad de absorción del Estado español», recogía el informe.
Asimismo, preveía que, si el solicitante declara haber pedido el certificado de antecedentes en su país y comunica no haberlo recibido, el procedimiento podría continuar mientras la Administración intenta conseguir esa documentación. En este período, los agentes han identificado «numerosos» casos de personas que intentaron acceder al proceso de forma fraudulenta. Extranjería incluso emitió una alerta interna a través de un oficio.