La mayoría del Congreso bloquea el primer paso para aprobar las cuentas públicas de 2027 y deja al Ejecutivo ante un nuevo revés parlamentario
El Gobierno se ha topado nuevamente con la distribución de fuerzas en el Parlamento. PP, Vox y Junts manifestaron este martes su oposición a la senda de estabilidad presupuestaria y a los objetivos de déficit para el ciclo 2027-2029, un requisito indispensable para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La suma de votos de estos tres grupos alcanza la mayoría absoluta en el Congreso, lo que convierte esta votación en un nuevo obstáculo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que vuelve a evidenciar las dificultades para consolidar una mayoría estable.
El debate, desarrollado en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, tuvo un claro tono político. Aunque la aprobación de la senda de déficit no supone por sí sola la aprobación de los Presupuestos, representa el inicio formal para su tramitación. La negativa sitúa al Gobierno en una posición complicada justo cuando pretendía presentar las nuevas cuentas públicas tras el verano.
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La propuesta del Ejecutivo contemplaba una reducción del déficit agregado de las administraciones públicas hasta el 1,8% del PIB en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. La mayor parte del esfuerzo recaería sobre la Administración General del Estado, mientras que las comunidades autónomas dispondrían de un margen de déficit del 0,1%, equivalente a cerca de 5.849 millones de euros en capacidad fiscal adicional.
Un llamamiento sin efecto
El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió desde la tribuna del Congreso que la senda propuesta beneficia tanto a las autonomías como a los municipios y fortalece la sostenibilidad de las finanzas públicas. Además, advirtió que, en caso de que el Congreso la rechazara, los futuros Presupuestos tendrían que elaborarse bajo un marco fiscal más restrictivo para las comunidades autónomas, según informó Europa Press.
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Arcadi España apeló a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para evitar, en sus palabras, “debates estériles” y solicitó respaldo para unas cuentas que, afirmó, resultan beneficiosas para todo el país. Sin embargo, su llamado tuvo resonancia solo entre los socios habituales del Ejecutivo.
El Partido Popular fue el primero en anunciar una oposición tajante. El diputado José Vicente Marí Bosó calificó la propuesta de “trile” y argumentó que el margen adicional que se concede a las autonomías es, en la práctica, irrealizable debido a las restricciones impuestas por la regla de gasto. Sostuvo que el Gobierno plantea una flexibilidad presupuestaria que las comunidades finalmente no podrán aprovechar.
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Además, los populares acusaron al Ejecutivo de haber abandonado la disciplina fiscal durante la legislatura, de gobernar sin nuevos Presupuestos y de haber deteriorado las condiciones económicas de millones de ciudadanos.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el techo de gasto no financiero para los Presupuestos de 2027, que asciende a 226.032 millones de euros, un incremento del 6,6% respecto al año anterior.
Vox y Junts endurecen el bloqueo
Desde Vox, José María Figaredo fue igualmente taxativo. “No cuenten con nosotros”, declaró desde la tribuna. El diputado reprochó que desde que el Gobierno asumió el poder en 2018, únicamente se hayan aprobado tres Presupuestos, y cuestionó la narrativa económica del Ejecutivo.
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El partido de Santiago Abascal sostuvo que, pese al incremento del gasto público, España sigue liderando indicadores como la pobreza infantil y señaló que los salarios reales han perdido poder adquisitivo en los últimos años.
Sin embargo, el voto que vuelve a ser determinante es el de Junts. El diputado Josep Maria Cruset rechazó la propuesta argumentando que perjudica claramente a Cataluña. Según los cálculos de la formación independentista, la distribución del margen de déficit entre las comunidades autónomas deja a Cataluña con una capacidad mucho menor de la que consideran adecuada.
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Cruset fue aún más allá y describió toda la tramitación presupuestaria como “teatro” y “operación de marketing”. En su opinión, el Gobierno conoce de antemano que carece de los apoyos necesarios para aprobar las cuentas públicas y emplea este proceso solo para ganar tiempo y desviar la atención política.
El apoyo de los socios habituales
Frente a este bloque de rechazo, el Gobierno pudo mantener el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, BNG, Coalición Canaria y el PNV. Sin embargo, esos apoyos no alcanzan para superar la mayoría que suman PP, Vox y Junts.
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La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, justificó el voto a favor alegando que la propuesta del Ejecutivo representa “la opción menos perjudicial”. Según ella, una senda más restrictiva recortaría aún más la capacidad financiera de las comunidades autónomas.
No obstante, la diputada vasca lanzó una pregunta que condensa el principal reto político del Ejecutivo: cómo piensa aprobar los Presupuestos si ni siquiera logra reunir la mayoría necesaria para dar luz verde a la fase inicial de su tramitación. Sagastizabal criticó la falta de anticipación política del Gobierno y recordó que gobernar implica construir consensos antes de presentar las propuestas en el Parlamento.
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Desde Podemos también llegaron críticas, aunque desde otra perspectiva. Javier Sánchez Serna cuestionó que el Gobierno siga presentando unos Presupuestos como “sociales” mientras aumenta el gasto militar y aseguró que la iniciativa está condenada al fracaso por la falta de apoyos suficientes.
Las cuentas de 2027, en el aire
El rechazo a la senda de estabilidad no impide legalmente que el Gobierno continúe la tramitación de los Presupuestos, pero obliga a hacerlo bajo un marco fiscal más restrictivo y, sobre todo, revela de nuevo la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo.
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La votación también pone de manifiesto un panorama cada vez más complejo para el Gobierno, que necesita reconstruir una mayoría heterogénea en un Congreso donde cualquier discrepancia resulta crucial. La negativa de Junts, sumada al rechazo de PP y Vox, convierte cada iniciativa económica significativa en una negociación de alto riesgo.
Con el calendario político avanzando hacia la presentación de las cuentas tras el verano, el Ejecutivo se enfrenta ahora a dos desafíos: hallar una fórmula para salvar el proceso presupuestario y persuadir a socios que, por el momento, parecen más inclinados a marcar distancias que a facilitar la aprobación de unas cuentas que deberían ser las primeras completas de 2027. El resultado de este primer enfrentamiento transmite una conclusión clara: la batalla por los Presupuestos acaba de iniciar y el Gobierno, una vez más, parte con una mayoría insuficiente.