El juez autoriza a la UCO a realizar el volcado y la revisión del contenido del móvil de Juan Manuel Serrano, una acción que cuenta también con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.
El juez Santiago Pedraz decidió este viernes imputar en el caso cloacas a Juanma Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y ex presidente de Correos. Esta resolución se basa en un informe de la UCO que vincula al cercano colaborador del presidente del Gobierno con actos ilícitos dentro de la compañía pública y maniobras orientadas a desestabilizar procesos judiciales que afectaban al PSOE y al Ejecutivo.
En un principio, el juez había postergado la decisión de imputarlo o considerarlo testigo, a la espera de nuevas pruebas. Con la documentación proporcionada por la UCO, optó finalmente por imputarlo y autorizó a los investigadores a examinar el contenido del teléfono incautado el 27 de mayo, medida respaldada por Anticorrupción.
Según Pedraz, «su implicación en los hechos era inicialmente imprecisa; sin embargo, tras las últimas diligencias se constata una serie de indicios que lo relacionan con miembros de la organización criminal (principalmente Leire Díez y Vicente Fernández)».
No obstante, el juez deniega la solicitud de la UCO para analizar el teléfono de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco. Mantiene su imputación, pero apunta que las pruebas indican que su papel fue colaborativo en el delito, sin ser la “responsable principal”. Coincidiendo con la Fiscalía, considera que esta participación auxiliar no justifica el análisis de su dispositivo.
En la misma resolución, el juez retira la imputación a dos empleadas del área administrativa del partido, citándolas para declarar el 28 como testigos. Estas trabajadoras realizaron pagos y tareas logísticas relacionadas con la red investigada, sin conocimiento de que formaban parte de actividades ilícitas, según afirma Pedraz.
Sus teléfonos son devueltos, aunque se les solicita entregar todos los mensajes intercambiados desde abril de 2024 hasta junio de 2025, por cualquier medio, con Serrano, Pacheco, la fontanera y Santos Cerdán.
«Establecer su responsabilidad»
En cuanto a Serrano, el juez señala que su gestión en Correos muestra indicios de delito, empezando por «la contratación irregular de Leire Díez» como Directora Gerente de Filatelia y Relaciones Institucionales, bajo su supervisión directa.
Desde esa posición, la fontanera puso en marcha «varios procesos de contratación» que también se describen como ilícitos. «Todo apunta a que contaba con la aprobación de Juan Manuel Serrano».
En relación con su implicación en la operación de cloacas para frenar causas penales, el juez considera esencial «determinar su grado de responsabilidad en las decisiones tomadas tras la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024», tras la pausa que Pedro Sánchez decidió tomarse para reflexionar.
Serrano asistió a dicha reunión, en la que participaban, entre otros, la fontanera y Santos Cerdán, entonces secretario de Organización. Pedraz señala que Díez «informaba sobre los avances en sus gestiones, concretamente respecto a la documentación de Villarejo que podrían emplear para alcanzar sus objetivos».
Para Pedraz, resulta «clave» que Serrano fuera el primer contacto que Díez convocó en Ferraz, pidiéndole urgentemente que se comunicara con ella porque estaba relacionada con «la decisión del jefe de ayer». «Dime si mañana puedes estar a las 9:30 en Ferraz», le escribió ella, y su respuesta fue afirmativa.
La frecuencia de las comunicaciones entre Serrano y otros investigados en el caso Leire —que abarca tanto sobornos en la Sepi como la operación de cloacas— queda reflejada en los mensajes intercambiados, que el juez cuantifica. Con la fontanera intercambiaron, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024, un total de 9.355 mensajes. Además, coincidiendo con los hechos investigados, comenzaron a usar la aplicación de mensajería Signal, sumando 1.487 mensajes en un año y medio.