Las claves
La UDEF ha seguido en Reino Unido y Sudáfrica el rastro del dinero relacionado con el cohecho en contratos de material sanitario adjudicados por el Gobierno de Canarias durante la crisis pandémica.
Las firmas Damco Trading Services y Tanoja Services, gestionadas por Noel Jammal, obtuvieron contratos de emergencia por un total de 23,9 millones de euros entre 2020 y 2021.
La investigación examina posibles delitos de malversación, blanqueo de capitales y corrupción, además del empleo de fondos europeos en los contratos otorgados.
Se indaga sobre políticos y empresarios, incluyendo al expresidente regional Ángel Víctor Torres y altos cargos del Servicio Canario de Salud, por su posible implicación en la adjudicación y distribución de recursos.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han localizado en Reino Unido y Sudáfrica el recorrido del dinero procedente del cohecho en contratos para material sanitario del Gobierno de Canarias durante la pandemia.
El caso se enfoca en las empresas Damco Trading Services y Tanoja Services, ambas bajo la administración del empresario hispano-libanés Noel Jammal Fernández, que recibieron contratos urgentes para el suministro de mascarillas, guantes, batas, test rápidos, hisopos y jeringas.
La instrucción se encuentra en una fase avanzada próximo a concluir, aunque se ha extendido debido a una solicitud de extradición a Emiratos Árabes Unidos de uno de los imputados.
De acuerdo con información obtenida por EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, el seguimiento de las transferencias bancarias ha permitido reconstruir parte del movimiento internacional de los fondos utilizados para abonar comisiones a miembros del Gobierno de Canarias, durante el mandato de Ángel Víctor Torres.
Entre los investigados aparece Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS), quien también realizó las compras de material sanitario a las empresas asociadas por Víctor de Aldama.
Además de Conrado Domínguez, en el caso son investigados políticos y altos cargos del Gobierno de Canarias durante la presidencia de Ángel Víctor Torres.
Entre ellos figuran Lucas Bravos de Laguna, presidente de Unidos por Gran Canaria, y Christian Cerpa, empresario y miembro de dicho partido.
Cerpa habría actuado como intermediario en la contratación de las empresas con el Servicio Canario de Salud. Las pesquisas le señalan como uno de los beneficiarios finales de los fondos.
Por otro lado, Noel Jammal es un empresario hispano-libanés y ex piloto de Fórmula 3 entre 2009 y 2012.
El total de expedientes acumula trece adjudicaciones (diez para Damco y tres para Tanoja) por un importe global de 23.927.610 euros entre 2020 y 2021.
La investigación persigue aclarar qué parte correspondió al suministro real, qué montos remuneraron servicios efectivamente prestados y cuáles podrían encubrir sobreprecios, comisiones o desviaciones de dinero público.
El origen del caso
El proceso se originó tras una inspección de la Agencia Tributaria sobre la forma en que varias empresas declaraban las ganancias derivadas de las ventas.
La Dependencia Regional de Inspección de Canarias envió sus conclusiones al Ministerio Público.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas inició diligencias y finalmente presentó una querella contra Noel Jammal, Miguel Ángel Ramírez — empresario y principal accionista de la UD Las Palmas —, Lucas Bravo de Laguna — presidente de Unidos por Gran Canaria (UxGC) — y Christian Cerpa, empresario y vocal de esa formación política.
El Juzgado de Instrucción número cinco de Las Palmas admitió la denuncia y comenzó a investigar posibles delitos contra la Hacienda Pública.
El escrito fiscal planteó la posibilidad de que los hechos también encajasen en delitos de malversación, blanqueo de capitales o corrupción.
Según la Fiscalía, una cuantía significativa de los pagos, estimada inicialmente entre nueve y diez millones de euros, carecía de justificación adecuada con el material entregado.
La presencia de financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional amplió el alcance del caso. Parte de los contratos se cofinanciaron con fondos de la UE destinados a afrontar la crisis causada por la Covid.
Este hecho activó la competencia de la Fiscalía Europea, encargada de perseguir delitos que afecten los intereses financieros de la Unión Europea.
La Audiencia Nacional ratificó la continuidad de la investigación. Los magistrados concluyeron que había indicios suficientes para indagar en los contratos financiados con fondos Feder y rechazaron la solicitud de archivo presentada por los implicados.
Búsqueda internacional
La pesquisa patrimonial ha sido especialmente compleja. Los agentes han tenido que rastrear transferencias entre compañías, analizar cuentas bancarias y solicitar información a entidades financieras ubicadas fuera de España.
Según fuentes de la investigación consultadas por EL ESPAÑOL, parte de ese seguimiento ha conducido hasta cuentas situadas en Reino Unido y Sudáfrica, entre otros países.
Actualmente, los investigadores tratan de determinar a los titulares reales de dichas cuentas, descubrir quién dio la orden de las operaciones y cuál fue la justificación utilizada para realizarlas.
Las comisiones rogatorias, solicitudes de información bancaria y requerimientos de cooperación judicial han prolongado la instrucción.
También se han examinado medidas vinculadas a personas investigadas que mantienen lazos o intereses en el extranjero.
La causa empezó a tomar forma en 2022, pero la revisión de documentos y comunicaciones ha retrasado su cierre. La UDEF ha estudiado correos electrónicos, contratos privados, facturas, albaranes y comprobantes de pago.
Los investigadores intentan completar una trazabilidad que parte del presupuesto del Servicio Canario de Salud.
El recorrido continuaría por Damco y Tanoja, pasaría por sociedades intermediarias y concluiría en otras cuentas nacionales e internacionales para el pago de comisiones a políticos y altos cargos en Canarias.
El contrato clave
Una pieza fundamental en la investigación es el acuerdo firmado por Damco y Tanoja con Tabaiba Capital, empresa vinculada a Miguel Ángel Ramírez, empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.
El contrato asignaba a Tabaiba la función de identificar posibles clientes en Canarias y facilitar la venta de productos higiénicos y sanitarios.
Como contraprestación, la empresa recibiría «el 100% del sobreprecio que lograse de los compradores potenciales en cada lote de productos».
La investigación busca esclarecer qué servicios justificaban ese margen y también evalúa si Tabaiba participó efectivamente en la captación del SCS como cliente, dado que este era un organismo público que tramitaba contratos de emergencia para cubrir necesidades sanitarias durante la pandemia.
La Fiscalía sostiene que las empresas de Noel Jammal efectuaron transferencias millonarias a la sociedad de Ramírez. La documentación manejada estima un total cercano a 9,1 millones de euros.
La querella le atribuyó a Tabaiba beneficios netos de 3,29 millones en 2020 y 3,47 millones en 2021, alcanzando un beneficio conjunto de 6,76 millones.
Tabaiba subcontrató parte de las gestiones con B&M Sport Marketing, administrada por Lucas Bravo de Laguna. El político ha ocupado cargos en el Parlamento autonómico, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Santa Brígida.
El contrato asignaba a B&M funciones relacionadas con la recepción, distribución y control de la mercancía.
La Fiscalía analiza si esos servicios se prestaron realmente y si las empresas disponían de medios humanos y materiales adecuados.
La acusación inicial consideró que algunas de las sociedades interpuestas no disponían de una estructura acorde con los ingresos que recibían.
Por lo tanto, la cadena societaria investigada seguía un esquema determinado: el SCS pagaba a Damco y Tanoja, quienes transferían fondos a Tabaiba Capital, y luego la mercantil de Ramírez abonaba una parte a B&M Sport Marketing.
Trece adjudicaciones
Los contratos fueron otorgados por medio de procedimientos de emergencia o negociados sin publicidad. Este método permitió agilizar las compras durante los momentos más críticos de la pandemia, cuando los hospitales enfrentaban escasez de equipos de protección.
Damco recibió pedidos para suministrar test rápidos, mascarillas, guantes, batas, escobillones, hisopos y jeringas. Tanoja obtuvo contratos para entregar mascarillas quirúrgicas y millones de guantes de nitrilo.
Entre los expedientes resalta una adjudicación por 6,99 millones para 200.000 batas, seis millones de guantes, 600.000 escobillones y 700.000 mascarillas KN95. Otra operación alcanzó los 4.071.610 euros por test rápidos, guantes y un millón de mascarillas FFP2.
La UDEF detectó irregularidades documentales en parte de los procesos. Los informes señalan firmas o sellos ausentes, errores en facturas, listados de embalaje sin numeración y plazos de pago que no siempre coincidían con las condiciones establecidas en los expedientes.
En algunos suministros, ciertos documentos parecían copias del mismo original con fechas distintas. También hubo recepciones donde la cantidad y el estado del producto figuraban pendientes de verificación.
Además, se analizan dos contratos de 900.000 euros cada uno para adquirir tres millones de guantes de nitrilo. Ambos fueron adjudicados con menos de una hora de diferencia y describían un objeto prácticamente idéntico.
Otros expedientes fueron modificados meses después para añadir la referencia a los fondos europeos.
Responsabilidad pública
Los investigadores también examinan la conducta de los responsables del Servicio Canario de Salud que gestionaron y autorizaron las adquisiciones.
Entre ellos se encuentra Conrado Domínguez, entonces director del organismo y coordinador del dispositivo sanitario durante la mayor parte de la pandemia.
Las pesquisas intentan esclarecer quién propuso a las empresas, qué controles se implementaron y por qué se aceptaron ciertas condiciones económicas.
También buscan determinar si se realizó algún pago destinado a influir en las decisiones administrativas.
La instrucción permanece abierta. El rastreo del capital fuera de España abre ahora una nueva etapa en la investigación.
Tras reconstruir la cadena empresarial utilizada en Canarias, los investigadores deberán establecer quién controlaba las cuentas en el extranjero y cuál fue el destino final de las ganancias obtenidas por las compras sanitarias.