La incapacidad temporal aumenta más de un 60% en nueve años y genera discrepancias entre partidos políticos, empresarios y sindicatos sobre su origen y las soluciones adecuadas para frenarla
Las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al tildar el absentismo laboral de “cáncer” y señalar que su coste anual sobrepasa los 30.000 millones de euros, han desatado una nueva controversia que enfrenta, por un lado, al Gobierno con la oposición y, por otro, a la patronal con los sindicatos. El debate se caracteriza por interpretaciones opuestas y cifras cambiantes que no distinguen entre las bajas por incapacidad temporal otorgadas por facultativos y el absentismo injustificado. Son dos realidades distintas cuya confusión complica medir con exactitud la verdadera magnitud del problema.
Donde todos coinciden es en el notable incremento de las bajas laborales durante los últimos años. Así lo confirma la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un informe presentado este año, donde indica que entre 2017 y 2024 estas bajas han aumentado un 60%. Este aumento elevó el gasto público en incapacidad temporal hasta los 18.400 millones de euros en 2025.
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Esta cifra oficial difiere de la aportada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien estima que el absentismo laboral tiene un coste anual cercano a los 33.000 millones de euros, de los cuales 17.000 millones corresponden a las empresas y 16.000 millones al Estado.
Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.
Un problema en constante aumento
Diversos organismos han alertado sobre la tendencia ascendente de las bajas laborales, entre ellos el Banco de España. Según declaraciones de su gobernador, José Luis Escrivá, el aumento del absentismo laboral ha sido “muy significativo”, situando a España “entre los países con las tasas más altas de Europa”, presentando un reto para la competitividad empresarial.
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Por otro lado, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha reconocido esta subida, atribuyéndola a la favorable situación económica del país, con un incremento en el empleo y salarios más altos. Según las últimas cifras del Ministerio de Trabajo, España registra niveles récord de empleo, con más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.
La incidencia de las bajas laborales también ha crecido en los últimos años, pasando, según AIReF, de 21,4 casos por cada 1.000 afiliados en 2017 a un 33,9% en 2024 y a un 53,7% en 2025. Asimismo, la duración media de las bajas subió de 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024, con un peso destacado de las enfermedades musculoesqueléticas y respiratorias, aunque el mayor incremento corresponde a enfermedades infecciosas y trastornos mentales. Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las bajas relacionadas con salud mental, ansiedad, estrés o depresión han aumentado un 66% desde 2018.
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Otro aspecto relevante es que el 25% de las personas acumulan el 55% de los episodios, fenómeno que la AIReF denomina como «fenómeno de la reiteración«.
¿Qué explica el aumento de las bajas?
Las causas detrás del incremento de las bajas laborales en los últimos años son variadas. De acuerdo con AIReF, la transición de contratos temporales a indefinidos consolidada en la reforma laboral ha incrementado en un 30% la probabilidad de solicitar una baja médica.
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Otra razón clave son las largas listas de espera en la sanidad pública, con más de 850.000 pacientes en espera solo para intervenciones quirúrgicas. En esta línea, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, señala que tanto el aumento en número como en duración de las bajas está vinculado al “deterioro de la sanidad pública, que ha provocado retrasos en citas médicas y pruebas diagnósticas, alargando así los procesos de recuperación y, por ende, los períodos de baja laboral.”
Sumado a esto, la edad media de los trabajadores asalariados ha crecido en los últimos años, influenciada por el retraso en la edad de jubilación y las jubilaciones postergadas, lo que incrementa la probabilidad de enfermar.
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Quién asume el pago y qué cantidad durante una baja por contingencia común
En España, los primeros tres días de una baja por enfermedad común o accidente no laboral no reciben remuneración. Desde el cuarto al vigésimo día, la prestación es del 60% de la base de cotización a la Seguridad Social, y a partir del día 21 sube al 75%. Por lo tanto, en los primeros tres días no se cobra prestación, la cual corre a cargo de la empresa hasta el día 15, mientras que desde el día 16 la abona la Seguridad Social o las mutuas colaboradoras.
No obstante, las empresas pueden complementar esta prestación desde el primer día a través de mejoras salariales pactadas en los convenios colectivos. Estos complementos representan incrementos significativos sobre la normativa básica y desde el día 21 equiparan prácticamente la retribución al salario habitual.
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Medidas para combatir el absentismo
La AIReF considera que una forma efectiva de reducir las bajas laborales sería una intervención temprana del INSS, lo que evitaría la prolongación innecesaria de ciertos procesos, permitiría un ahorro en el gasto y mejoraría la productividad.
Los analistas sostienen que, aunque el INSS actúa generalmente después de un año de baja, tiene la capacidad de intervenir en cualquier momento. Por ello, proponen crear una unidad especializada de seguimiento dentro del instituto para “monitoreo, control y apoyo técnico desde las fases iniciales”. También sugieren implementar un sistema de alertas automáticas cuando un episodio de baja exceda el “tiempo óptimo”.
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Asimismo, plantean un control más riguroso para los trabajadores que acumulen varios episodios de incapacidad temporal en un mismo año y un sistema que priorice la actuación del INSS en casos específicos.
Además de estas propuestas, la AIReF solicita una mayor coordinación entre todos los agentes involucrados —empresas, médicos y Seguridad Social— mediante un sistema de información “integrado e interoperable”, que incluya datos como las características del puesto de trabajo, posibilidades de teletrabajo o adaptación, y patrones de reincidencia a nivel individual, empresarial y sectorial.
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Por su parte, fuentes del sindicato CSIF consideran que la solución pasaría por “reducir las listas de espera y fortalecer la protección de la salud mental”. En una línea similar se ha expresado el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad: “Se requiere una sanidad pública con más recursos, menos listas de espera y mayor eficiencia para que las personas enfermas puedan recuperarse antes e incorporarse nuevamente a sus empleos.”