El órgano consultivo de la fiscal general del Estado inicia su composición con una mayoría marcada por representantes conservadores.
Los miembros del renovado Consejo Fiscal, que actúa como principal órgano asesor del fiscal general del Estado, asumirán sus cargos hoy a las 11 de la mañana en la sede de Fortuny. Allí efectuarán el juramento o promesa del cargo y, a continuación, celebrarán una primera sesión institucional presidida por la fiscal general Teresa Peramato. Su periodo de mandato abarcará los próximos cuatro años.
La más reciente elección del Consejo Fiscal en mayo pasado volvió a reflejar la penalización dentro de la carrera hacia la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación asociada a la actual fiscal general y a su predecesor, el condenado por revelación de secretos Álvaro García Ortiz, mientras otorgaba un fuerte respaldo a la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), que alcanzó seis vocales.
La AF, crítica con la línea seguida por la Fiscalía General dirigida por Dolores Delgado, García Ortiz y Peramato, mantiene una cómoda mayoría en el órgano representativo de la Carrera Fiscal. Por su parte, la UPF dispone solamente de dos vocalías, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha logrado nuevamente representación con un vocal, hecho inusual dado que esta asociación minoritaria tradicionalmente no obtenía ninguno de los 9 puestos para vocales electos del Consejo Fiscal.
Los nuevos consejeros elegidos por la AF son Ana López Riera (1.349 votos), Esther Moreno Amaya (1.250), José Francisco Ortiz Navarro (1.246), Macarena Ortiz Tejonero (1.234), Javier Ródenas Molina (1.134) y Alberto Rodríguez Fernández (1.085).
En cuanto a la APIF, la vocal María Teresa Gálvez logró 516 votos, mientras que los representantes de la UPF, Víctor Castells y María Teresa Vicente, obtuvieron 428 y 412 votos, respectivamente.
Además de estos vocales, forman parte del órgano por su condición de consejeros natos la fiscal general Peramato, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la recientemente nombrada jefa de la Inspección Fiscal, María José Osuna.
Una de las atribuciones del Consejo Fiscal es emitir informes sobre las propuestas para el nombramiento y los ascensos de distintos cargos. Sin duda, las designaciones discrecionales de fiscales de la máxima categoría han generado una considerable tensión dentro del cuerpo durante los últimos años.
En este escenario, los nuevos vocales deberán afrontar próximamente la designación de varios cargos de fiscales jefe, entre ellos el de la Fiscalía Provincial de Madrid, una unidad que se vio implicada en la filtración de datos relativos al novio de Isabel Díaz Ayuso, incidente que derivó en la condena de García Ortiz.
La ex fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, llegó a estar investigada en el Tribunal Supremo en el mismo proceso que el ex fiscal general, por haber remitido a García Ortiz el hilo de correos electrónicos intercambiados entre el abogado de Alberto González Amador —pareja de Ayuso— y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto.
A Rodríguez se le recuerda por los mensajes de whatsapp —incautados por la UCO de la Guardia Civil en su despacho— donde manifestaba al ex fiscal general que “dan ganas de añadir un poco de cianuro” a la nota de prensa que difundió los datos confidenciales de González Amador.
Tras la condena del ex fiscal general, y al igual que el resto del equipo Fortuny, Rodríguez fue promovida por Peramato para integrar la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La Fiscalía Provincial de Madrid constituye un departamento crucial dentro del Ministerio Público, tanto por el volumen de fiscales que la componen como por la cantidad de asuntos gestionados. Su funcionamiento, de acuerdo con fuentes internas, se ha visto afectado por el escándalo relacionado con la filtración de datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO señalan que la imputación de Rodríguez —aunque la Sala Penal finalmente archivó la causa en su contra— tuvo un impacto negativo en la Fiscalía Provincial de Madrid, al punto que algunos fiscales fueron sondeados desde Fortuny para asumir la jefatura, pero declinaron presentarse.
El pasado 22 de junio, el BOE publicó la convocatoria para las jefaturas de las Fiscalías Provinciales de Madrid, Málaga, Tarragona y Lugo. Además, se ha puesto a disposición una plaza de fiscal en el Tribunal Constitucional, otra en la Fiscalía Antidroga, y finalmente, una plaza en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado.