Las claves
El CGPJ ha solicitado con urgencia una reunión con el Ministerio de Justicia tras la negativa de financiar refuerzos para órganos judiciales saturados.
Esta resolución impacta especialmente en procesos masivos contra bancos por cláusulas abusivas, deteniendo al menos 12.470 casos durante el segundo semestre del año.
Las regiones más afectadas por la suspensión de estos refuerzos son la Comunidad Valenciana, Madrid y Barcelona, acumulando miles de asuntos sin resolver.
El CGPJ junto con asociaciones judiciales advierten que la supresión de refuerzos profundiza el colapso y perjudica de manera especial a ciudadanos con menores recursos.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad solicitar al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una reunión urgente de la comisión mixta para tratar la decisión del departamento de Félix Bolaños que rechaza el pago de medidas de apoyo en órganos judiciales colapsados.
El 29 de junio, el Ministerio informó al CGPJ que no renovará el presupuesto asignado a 62 comisiones a jueces que reforzaban Juzgados y Audiencias encargados de litigios masivos de particulares contra entidades bancarias por cláusulas abusivas.
Esta resolución desencadenó una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente el 1 de julio, en la que se decidió solicitar al Ministerio la revisión de su decisión, comunicada justo el día anterior a la fecha límite para aprobar o prorrogar las medidas de refuerzo.
El CGPJ ya había comunicado a Justicia que la negativa a estos refuerzos «forzará a paralizar y suspender procedimientos jurisdiccionales imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial».
La Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente emitieron un comunicado donde afirmaron que los órganos que atienden litigios por cláusulas abusivas soportan una carga de casos simplemente insoportable.
Además, alertaron que esta decisión ministerial, opuesta a la visión idealizada que el Gobierno ha intentado presentar sobre la instauración de tribunales de instancia, tendrá «consecuencias negativas» para los justiciables.
Diferentes juntas de jueces han instado al Ministerio a corregir su postura.
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha advertido que esta resolución «podría agravar seriamente la situación de miles de ciudadanos afectados por pleitos hipotecarios y bancarios«.
El ICAM señaló que las secciones civiles y mercantiles de la Audiencia Provincial de Madrid acumulan 41.061 recursos pendientes, una parte significativa relacionada con litigios sobre cláusulas de contratación general.
«Considerando una capacidad media para resolver aproximadamente 1.500 recursos al año, la resolución en segunda instancia podría prolongarse cerca de 30 años», agregó la Abogacía.
Los juzgados especializados en cláusulas abusivas en Madrid están aceptando demandas ahora presentadas en 2020, lo que implica que muchos ciudadanos esperan varios años solo para iniciar formalmente su reclamo judicial, añadió el ICAM.
Por encima de lo asignado
El Ministerio de Justicia no ha modificado su postura hasta el momento.
De acuerdo con fuentes internas, el convenio vigente entre el Ministerio y el CGPJ para autorizar refuerzos judiciales asciende a 7,2 millones de euros y aún está pendiente desde marzo la firma de un nuevo acuerdo por valor de ocho millones.
Durante el primer semestre del año, Justicia ha aprobado 232 medidas de refuerzo por cerca de 7,9 millones, es decir, superando lo previsto en el convenio actual, y ha rechazado 64 solicitudes.
Según esos mismos interlocutores, el total solicitado por el órgano de gobierno de jueces suma 12 millones de euros, casi cinco millones más que la cifra asignada por el Ministerio.
Desde el CGPJ critican la falta de previsión ministerial preguntando «¿no dice el Gobierno que la economía española va como un cohete?».
Informe del impacto
«Bolaños otorga una moratoria a la banca y deja a 12.500 ciudadanos en lista de espera para juicio, que se extiende de 2 a 4 años», destacan desde el CGPJ, basándose en un informe del Servicio de Inspección que ha evaluado el impacto de la decisión del Ministerio.
La denegación total o parcial a renovar las comisiones de servicio en secciones civiles de Audiencias Provinciales y en plazas de las Secciones Civiles de Tribunales de Instancia especializados en cláusulas abusivas supondrá la suspensión y no resolución de, al menos, 12.470 asuntos durante el segundo semestre del año en curso.
La Comunidad Valenciana será la más afectada, con entre 5.420 y 5.520 asuntos suspendidos o sin resolver, según estimaciones de la Inspección de tribunales.
Le siguen la Comunidad de Madrid con 4.650 casos, y Cataluña con 2.400 asuntos solamente en la provincia de Barcelona.
«La decisión ministerial es errónea y podría acarrear graves consecuencias», indican fuentes consultadas del CGPJ.
«Desde hace años, la Justicia española enfrenta un déficit estructural de plantilla y recursos humanos, reflejado en la carga excesiva de numerosos órganos y en miles de asuntos pendientes», explican.
«La misma decisión gubernamental de crear 500 nuevas plazas judiciales confirma esta carencia. Si son necesarias, es porque el sistema actualmente carece de recursos suficientes», añaden.
Por ello, consideran «inadmisible» justificar la supresión de medidas actuales con la futura creación de dichas plazas. «Mientras no estén operativas, los refuerzos resultan imprescindibles».
«Hay que tener en cuenta que muchas de las medidas afectadas se concentran en litigios masivos, y la demora perjudica especialmente a quienes menos capacidad tienen para afrontar años de espera. Eliminar estos refuerzos agrava el problema», destacan.
«Disfunción institucional»
A su juicio, la justificación presupuestaria «tampoco se ajusta a la realidad».
«El protocolo de intenciones entre el Consejo y el Ministerio no constituye un convenio y, por tanto, carece de efectos jurídicos que limiten la dotación destinada a refuerzos judiciales. No puede usarse su falta de renovación como excusa para denegar la financiación aprobada por la Comisión Permanente del CGPJ», sostienen.
Prueba de ello es que, entre 2019 y 2023, se superaron los 8 millones de euros destinados a refuerzos.
«En 2024 y 2025 el Ministerio ha reducido considerablemente los fondos asignados para refuerzos, denegando algunas solicitudes sin atender al criterio y valoración exclusivos de la Comisión Permanente del CGPJ», apuntan.
«Mantener un marco presupuestario insuficiente y después alegarlo para rechazar medidas indispensables, equivale a transformar la insuficiencia financiera en una excusa habitual», critican.
El problema también revela una «disfunción institucional», expresan. «Medidas justificadas técnicamente por los órganos de gobierno del Poder Judicial pueden ser anuladas por decisiones ejecutivas condicionadas por la disponibilidad presupuestaria».
Por ello, proponen «iniciar una reforma profunda para que el CGPJ tenga capacidad efectiva, con recursos suficientes, estables y transparentes, para aprobar y ejecutar los refuerzos necesarios».